Guardia Civil: PSOE plot led by Cerdán aimed to protect party interests in judicial cases
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la presunta trama de cloacas que supuestamente estuvo liderada por Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, para desactivar causas judiciales se activó para "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación" al partido "y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Así consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso 20minutos, y en uno de los informes de la unidad investigadora se explica que la trama se habría conformado en 2024 y que fue Cerdán quien encargó a la exmilitante socialista Leire Díez ponerse al frente de la misma. De lo indagado hasta ahora, los agentes han constatado "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado comprendido entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actividades indiciariamente delictivas cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales".
"Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la trama, el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo, habiéndose sumado otras personas en función de las necesidades del grupo", explica la UCO, que incluye en el ese grupo al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Solset.
Y para llevar a cabo toda la operativa, explica el informe de la UCO, Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura" del PSOE, que "desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística", como viajes o alquiler de vehículos, de algunos de sus miembros.
La investigación policial llevó al juez Santiago Pedraz a ordenar el registro de la sede del PSOE en la calle Ferraz, así como los domicilios de algunos de los investigados como Cerdán y empresas como la dirigida por Zarrías, a la que se habrían canalizado pagos procedentes del partido para abonar a su vez distintas cantidades a miembros de la trama.
Aunque la presunta trama de cloacas no logró hacer caer causas judiciales sobre las que habría puesto el foco —como el caso Koldo, en el que se acaba de juzgar al exministro José Luis Ábalos—, la UCO destaca "la capacidad de cohecho e influencia" que desarrolló la organización. Por un lado, ofrecía presuntamente a determinadas personas investigadas la posibilidad de obtener un trato procesal más favorable, beneficios económicos o puestos de trabajo en el seno de la Administración pública, todo ello a cambio de facilitar información de carácter comprometedor relativa a terceros, especialmente a miembros de la judicatura, Fiscalía y de la Guardia Civil encargados de la instrucción de dichas causas que afectaban al partido".
Por otra parte, también se habrían realizado "ofrecimientos de naturaleza económica a determinadas personas con el propósito de que cambiasen sus declaraciones en sede judicial, de manera favorable a los intereses protegidos, y/o diesen igualmente información comprometedora con respecto a determinadas personas".
