Villarejo used as source by alleged PSOE 'plumber' in deal to 'cleanse the deep state'
El comisario José Manuel Villarejo llegó hace un mes a la primera sesión del juicio de la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional diciendo que estaba ”entusiasmado” e ironizando ante los medios sobre que siempre se le acababa relacionando “con todo lo divertido”. Las largas jornadas del juicio —uno de la treintena de procedimientos que tiene abiertos— han ido haciendo mella en el ánimo del comisario, que este lunes reconocía, tras proclamarse firme defensor del Estado de derecho, estar “cansado”. La última causa en la que aparece su nombre es la del caso Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, que presuntamente también estuvo interesada en sus contactos y en la cantidad ingente de información que manejaba.
La Unidad Central Operativa (UCO) afirma en uno de los informes conocidos este miércoles que Díez se reunió en varias ocasiones con el comisario —al menos uno de estos viajes habría sido sufragado por el PSOE— y le ofreció recibir “beneficios” en las causas contra él a cambio de aportar información sobre, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y otros miembros del PP como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (juzgado ahora junto a Villarejo por la Operación Kitchen). Además, le solicitó documentos sobre el PSOE y Podemos. Las gestiones de la exmilitante llegaron, según la Guardia Civil, hasta el extremo de ofrecer una reunión entre Antonio García Cabrera, el abogado del policía jubilado, con el por entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El abogado declaró el jueves pasado ante la UCO que dicha reunión nunca se produjo.
En su auto de la semana pasada, el instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señalaba que la trama que buscaba torpedear investigaciones y causas contra el PSOE intentó utilizar “supuesta información que Villarejo tendría sobre otros jueces, fiscales, políticos y mandos policiales desconocida hasta la fecha”. El comisario aparece en este sumario a los dos lados del péndulo. Por un lado, empresarios con los que medió Díez se presentan como víctimas de sus investigaciones parapoliciales. Por otro, la autodenominada periodista de investigación lo usaba como fuente de información en su lucha contra las cloacas. La UCO considera, de hecho, que una de las primeras actuaciones de la trama fue contactar con el comisario jubilado.
La Guardia Civil recoge toda una serie de reuniones e intercambios entre Villarejo, su abogado y Leire Díez. El 17 de abril de 2024, dos días después de que Manos Limpias presentase una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, se produjo el primer encuentro entre el comisario y la exmilitante socialista, según la UCO. Allí, Villarejo le entregó a Díez un documento titulado “LD-Planteamientos”, donde se recogía un acuerdo de intercambio de información “para limpiar el Estado profundo”. En él, se prevén varias “fases” que incluyen un informe de inteligencia sobre “PS”, que los agentes identifican como Pedro Sánchez. A cambio de la entrega, en una primera fase, de una “muestra del contenido del archivo” (presumiblemente, de Villarejo), comenzarían “las muestras de cambio de la situación procesal”. El documento contemplaba hasta “facilidades para la publicación de libros”.
Entre los “objetivos de interés” de este primer acuerdo se encontraban el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, “PSOE (Andalucía)”, “Persecución Pedro Sánchez (Begoña)”, “Jueces”, “Fiscales, sobre todo Grinda” o “Policías (GC-CNI)”. El 16 de julio, Díez presumió ante Juanma Serrano —otro de los imputados— de una primera entrega de documentos, supuestamente por parte de Villarejo, que eran “muy buenos para el jefe”.
El abogado de Villarejo testificó ante la UCO que la supuesta fontanera del PSOE le contactó porque consideraba que la acusación contra el comisario era “injusta”. En sus encuentros, Díez le ofreció “mantener reuniones” con la Fiscalía porque le parecía “injusta” la acusación contra el comisario jubilado. La periodista le ofreció, siempre según su versión, “una multa y pena de cárcel pequeña”, pero no le pidió nada a cambio. Antes y después de los encuentros con el policía jubilado —al que llamaba “el boinas”, “el abogado boinero” o “el txapelas”— Díez se reunía con Santos Cerdán, por entonces secretario de Organización del PSOE y al que el juez Pedraz señala como líder de esta trama.
Incumplimientos y reproches
El letrado dijo ante los agentes que no le dio ninguna credibilidad a la exmilitante: lo manifestado por Díez le pareció “muy fantasioso”. Pero la UCO cuenta una historia bien distinta: que el abogado no solo escuchó, sino que medió para que Díez y su cliente se reuniesen de nuevo, le avanzaba su estrategia judicial y presionaba a la exmilitante para que mediase con la Fiscalía, aunque con relativo éxito: “Creo que esto se ha parado completamente”, le reprochaba en un mensaje de septiembre de 2024. La frustración, de hecho, iba por los dos bandos: las gestiones de Villarejo —o su falta— también generaron frustración en Santos Cerdán, mencionado como “S” en los mensajes intervenidos.
La reunión con el fiscal encargado del caso Villarejo, César de Rivas, no se produjo finalmente, afirmó el abogado del comisario ante la UCO. De hecho, él mismo tanteó al miembro del ministerio público: al final de una vista, se dirigió al fiscal y le comentó que pensaba que iban a tener una reunión con él gracias a Díez, quien le insistió en varias ocasiones para que lo llamase. De Rivas le contestó que “no conocía nada y que no le metiera en líos” y que estaba usando un “teléfono escacharrado”. Este extremo fue recogido en un documento denominado “incumplimientos”.
Las desavenencias culminaron, según el relato dibujado por la Guardia Civil, en que Díez concertó (o, por lo menos, dijo haber concertado) una reunión con el fiscal general del Estado: “Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”, le dijo Díez al abogado el 18 de febrero de 2025. En la agenda de la exmilitante consta apuntada una “reunión F.G.E” al día siguiente de ese mensaje.
El “ACUERDO V”
Es en esa reunión agendada —y negada por el letrado— donde la UCO sitúa cronológicamente un documento clave, titulado “ACUERDO V” —“V” de Villarejo— encontrado en los dispositivos de Díez. En el texto, se prevé un encuentro del “cliente”, Leire Díez (“la que manda”) y una persona de la Fiscalía General del Estado: “Debéis estar preparados”, reza el texto. ”La idea“, recoge el documento, “es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado” dentro de los siguientes márgenes: que el cliente acepte una pena de cárcel y la culpabilidad “de las causas”, pero sin que estas conlleven entrar en prisión, y que acepte una multa económica que, “en cualquier caso”, preserve parte del patrimonio para “continuar su vida”.
A cambio, el acuerdo contempla la colaboración con la Fiscalía para “desenmarañar el resto de las causas “creadas a las víctimas”, que serán “la prioridad”, junto a la limpieza de los “procesos del Estado corruptos o contaminados”, así como terminar “inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo”. “El pilar” de este pacto es la entrega de todo tipo de material comprometido de una lista que coincide con aquel documento inicial que supuestamente intercambiaron las partes.
Entre otros, el papel pide informaciones sobre el expresidente Rajoy, Cospedal y su expareja Ignacio López del Hierro “y otros miembros del PP”. Además, el pacto contemplaba la entrega de información sobre “todos los asuntos del Grupo Planeta”, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fue su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exministro de Justicia Rafael Catalá, el juez Manuel Marchena; “todos los asuntos relacionados con PSOE, especialmente Andalucía” y con Podemos.
“Cumplí lo que me pediste...estáte al loro...mañana o pasado...el foco puede ir también hacia mí”, le decía el comisario a Díez en un mensaje de noviembre del año pasado. En otro hilo de mensajes, Villarejo se queja a la exmilitante socialista de que el fiscal “sigue en la misma línea de dar caña y boicotear todo intento de sacar la verdad” sobre su caso. Y Díez lo consuela: “Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabe. Déjame hacer”.
Sin embargo, las gestiones de Díez no tuvieron, al menos de forma aparente, especial efecto sobre la más reciente de sus causas: Villarejo afronta 19 años de prisión —la petición de cárcel más alta del juicio— por haber participado en la Operación Kitchen, la policía patriótica organizada, supuestamente, por la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy y que espió al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En una declaración ante los medios hace un año, la exmilitante socialista afirmó que buscaba arrojar luz sobre “los estragos del falso patriotismo”. “Trasládale a P[aco Villarejo] que puede estar seguro de que le voy a cuidar lo que pueda en tanto en cuanto los dos perseguimos algo que nos une, defender a nuestro país, que el término ”patriótico” nos llene de orgullo y no de vergüenza”, le decía al abogado del comisario jubilado en uno de los mensajes intervenidos por la UCO.
