La absolución del empresario Yorgen Fenech deja a la familia de Daphne Caruana Galizia sin una respuesta sobre quién ordenó el asesinato de la periodista, nueve años después de su muerte. Un jurado de La Valeta, la capital maltesa, declaró este miércoles al empresario no culpable de los dos cargos de conspiración y complicidad, por ocho votos contra uno. La familia ha declarado que “la justicia significa que ninguna persona debería volver a enfrentarse jamás a los mismos riesgos”. Frente al desconocimiento de quién ordenó el asesinato, lamentan que: “Nuestro país no protegió la vida de Daphne. Tiene la obligación de evitar que se pierdan más vidas”.
Fenech salió del juzgado entre los gritos de los presentes que le calificaron de “asesino”, “basura” y “mafia”. A pocos metros, los tres hijos de Caruana Galizia y su marido abandonaron el edificio en silencio, sin hacer declaraciones. Horas después, la familia difundió un comunicado en el que afirmó que la absolución deja abiertas cuestiones sobre la corrupción y la rendición de cuentas. También sostuvo que, de no haber sido asesinada, la periodista habría investigado los vínculos de corrupción entre Fenech y entonces ministro de Energía, Konrad Mizzi, así como con el jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri.
La familia mantiene además otra batalla en los tribunales desde 2017. Cuando fue asesinada, Caruana Galizia tenía abiertas más de 40 demandas por difamación relacionadas con sus investigaciones. En Malta, estas demandas pueden heredarse, por lo que sus hijos y su marido han tenido que asumir su defensa y continuar los procedimientos en su nombre.
En 2019, el maltés Melvin Theuma, fue detenido por blanqueo de dinero. A cambio de un indulto, este taxistas de profesión confesó ser el intermediario en el plan para asesinar a la periodista y señaló a Fenech como la persona que encargó el crimen. El empresario fue detenido cuando intentaba abandonar Malta en su yate privado. La crisis provocó multitudinarias manifestaciones en la isla y acabó con varias dimisiones en el gobierno, incluida la salida del primer ministro, también laborista, Joseph Muscat en enero de 2020.
La sociedad civil maltesa comparte esa exigencia. Repubblika y Occupy Justice, dos organizaciones que defienden los derechos humanos y la democracia, han reclamado responsabilidades y han señalado que el veredicto deja sin responder las preguntas abiertas sobre la corrupción, la impunidad, la injerencia política y las deficiencias del Estado. Repubblika ha pedido en un comunicado a través de su portavoz una “revisión nacional de la justicia” sobre el caso de corrupción en el que trabajaba la informadora. El Instituto de Periodistas Malteses ha expresado también su decepción y ha reclamado que la policía agote todas las líneas de investigación, incluidas las que puedan afectar a antiguos dirigentes políticos.
La oposición también ha exigido explicaciones. Alex Borg, líder del Partido Nacionalista, ha convocado una manifestación silenciosa frente al Parlamento y ha pedido una sesión urgente para debatir el resultado del juicio. Borg ha sostenido que el caso no puede considerarse cerrado y ha cuestionado la actuación del Estado en la investigación.
El Gobierno maltés, dirigido desde 2020 por el laborista Robert Abela, se ha limitado a señalar que ha tomado nota del veredicto, ha pedido “prudencia” y ha prometido nuevas reformas del Estado de derecho, sin concretarlas.
El asesinato de Caruana Galizia se achaca a sus investigaciones sobre la corrupción dentro del poder maltés. En 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, reveló que el Ministro de Energía y el jefe de gabinete habían creado sociedades secretas en paraísos fiscales. También investigó a las maltesas Electrogas y 17 Black, esta última creada por Fenech en Dubai, recibía 5.000 euros de ingresos diarios. La familia cree que el asesinato buscó impedir las investigaciones sobre la empresa pantalla 17 Black y sus operaciones financieras.
Ese entramado es objeto de una causa judicial distinta al asesinato. Fenech, Mizzi, Schembri y otros están acusados de soborno y corrupción por el proyecto de Electrogas, mientras Fenech afronta además una acusación por sobornar a un policía.
