Admisión de enmienda pirata en reforma educativa abre debate sobre nacionalidad de descendientes de exiliados

La admisión a trámite por la Mesa de la Comisión de Educación, dominada por PSOE y Sumar, de la enmienda pirata, introducida en el proyecto de reforma de la Ley de Educación, para abrir la nacionalidad y el derecho a voto a todos los descendientes de españoles que salieron del país entre 1936 y 1955 por cualquier motivo y no solo por razones de persecución política, supone un desafío a la legalidad reiterada por el Tribunal Constitucional desde hace 15 años en múltiples pronunciamientos y tiene como objetivo último, en opinión de la oposición, auspiciar la nacionalización masiva y engordar el censo electoral con votantes virtuales.

La aceptación de la enmienda contradice el informe letrado de la Cámara según el cual, la enmienda, firmada por Sumar, no sólo fue presentada «sin justificación alguna» sino que, de su «simple lectura», se puede afirmar que «no existe el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda».

El texto de la enmienda recoge lo sustantivo de la orden ministerial dictada por la ex directora de Seguridad Jurídica Sofía Puente, ampliando el ámbito de lo establecido en la Ley de Memoria Democrática para, de hecho, abrir un nuevo supuesto, esto es, la posibilidad de solicitar la nacionalización a los descendientes de españoles que salieron del país por cualquier motivo. Es precisamente esta circunstancia -el intento de modificar el contenido de una ley vía orden ministerial- lo que ha provocado la paralización por parte del Tribunal Supremo de la inclusión en el censo de los nuevos nacionalizados. Ahora, tras la admisión a trámite de la enmienda por parte de la Mesa de la Comisión de Educación, el PP agotará todos los recursos parlamentarios posibles, de amparo y reconsideración, ante la Mesa del Congreso para poder acudir finalmente al Tribunal Constitucional.

Los populares dan por hecho que la Mesa del Congreso, dominada también por PSOE y Sumar, tratará de despejar el balón aludiendo a la «autonomía» de la Mesa de la comisión, lo que implicará permitir que la enmienda siga su tramitación y ello a pesar de que la doctrina del Constitucional es clara desde hace 15 años. El tribunal considera que las enmiendas intrusas no son admisibles porque vulneran el derecho de participación política de los diputados recogido en el artículo 23 de la Carta Magna.

La doctrina se asentó en una sentencia de 2011 -considerada histórica porque revisaba la flexibilidad que hasta entonces había tenido el tribunal con este tipo de enmiendas-, que daba respuesta a un recurso presentado por senadores socialistas tras el intento de los populares de introducir una enmienda intrusa en el proyecto de Ley de Arbitraje para tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum. Desde entonces, ha habido numerosos pronunciamientos al respecto anulando enmiendas troyanas.