Aena, la empresa semipública que gestiona la red de aeropuertos españoles, ha contratado al despacho de abogados Pérez-Llorca para echarle un pulso legal histórico a la Agencia Tributaria. El movimiento se produce después de que el fisco haya dado el portazo definitivo a la pretensión de la compañía que preside Maurici Lucena de compensar lo que considera un agravio fiscal milmillonario por su salida a bolsa en 2015.
El origen del conflicto se remonta más de una década atrás, a 2011, cuando el ente público Enaire, su antigua matriz, traspasó a Aena la red nacional de aeropuertos por su valor contable con vistas al proceso de privatización. Pero la oferta pública de venta (OPV), por la que el 49% de Aena quedó en manos privadas, demostró que esas infraestructura valían en realidad bastante más de lo que se calculó antes del estreno bursátil. Esto generó una plusvalía milmillonaria para la matriz.
Ahora, Aena defiende que tiene derecho a revisar el valor de esos mismos activos en sus libros para no tributar dos veces por lo mismo (lo que se conoce como doble imposición), ya que Enaire ya pagó los impuestos correspondientes por la citada plusvalía después de la salida a bolsa.
Para sustentar el pulso con el fisco, Aena ha hecho números. Encargó informes a expertos en fiscalidad ajenos a la compañía para calcular el posible impacto fiscal y, en 2025, concluyeron que el agravio ascendía a 1.271 millones de euros. Es decir, Aena quiere que el fisco le permita amortizar esa cantidad «durante los 20 años siguientes a su generación», o lo que es lo mismo recortar la base imponible sobre la que se calcula su aportación al Impuesto de Sociedades, con carácter retroactivo, entre 2015 y 2035. En definitiva, recortar considerablemente su factura fiscal.
El conflicto estalló formalmente el pasado abril. Argumentando un «criterio interpretativo distinto», la Agencia Tributaria tumbó la petición de Aena para rectificar sus autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades entre 2015-2023. El gestor aeroportuario firmó el acta de disconformidad y presentó alegaciones, según consta en sus últimas cuentas semestrales.
Al cierre de junio, con ese procedimiento todavía en curso, la compañía mantuvo en sus cuentas 316,6 millones de euros en activos por impuesto diferido que el grupo ha reconocido hasta la fecha por el citado golpe fiscal. Y defendió ante los inversores contar con «argumentos jurídicos sólidos» que avalaban su criterio. Entre otros, una consulta vinculante de 2022 en la que la Dirección General de Tributos respaldó su postura.
Pero Hacienda ha mantenido su criterio. Aena ha contratado los servicios de Pérez-Llorca, uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Madrid y uno de sus bufetes de mayor confianza, para llevar el enfrentamiento con el fisco hasta sus últimas consecuencias. En detalle, asesorará al gestor aeroportuario durante al menos un año en la «tramitación de recursos en el procedimiento de recuperación de la doble imposición derivada de la OPV». Unos servicios que Aena le ha adjudicado por 50.000 euros, según consta en la plataforma de contratación pública.
