Un sicario que oculta su rostro con un casco de motocicleta dispara en la cabeza de la abogada Helenn Guilianna Silva Padilla, quien se encontraba comiendo en un restaurante con tres amigos. La letrada pierde la vida de manera inmediata y el asesino se escapa en la moto sin que por el momento haya sido capturado. El crimen sucedió el pasado 15 de agosto en la provincia de Pacasmayo, en la región norte de Perú. Al día siguiente, tres personas son asesinadas a balazos en Nueva Santa Rosa de Colomba, en Guatemala, y los criminales también logran huir. Menos suerte tuvieron dos pandilleros del Barrio 18 que pretendían atentar contra mototaxistas y que murieron el pasado domingo en El Jícaro (Guatemala) tras enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional Civil.
Los crímenes y la inseguridad forman parte del día a día de América Latina y el Caribe, regiones que concentran el 8% de la población mundial, pero representan cerca de un tercio de los homicidios globales, con una tasa de 17,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, según un informe de InSight Crime. El pasado año se registraron 108.838 homicidios, lo que convierte a esta región en la más violenta del mundo, pese a que hubo una reducción del 5% respecto a 2024, cuando la tasa se situó en 19,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El narcotráfico, las guerrillas, el crimen organizado, el sicariato, las pandillas, el tráfico de personas y la minería ilegal campan a sus anchas en una región que ha visto cómo en los últimos años la inseguridad se ha extendido a países que hasta hace poco tenían tasas bajas de homicidios, como Costa Rica, Uruguay o Chile.
Haití, con una tasa de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes, lidera el ranking de países más violentos de la región, seguido de Ecuador, cuya tasa aumentó el pasado año un 31% respecto al año anterior y alcanzó un máximo histórico de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso a pesar de que el presidente, Daniel Noboa, militarizó el país para combatir el crimen organizado, capturando a líderes de las pandillas, entre ellos, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros y uno de los principales grupos narcotraficantes de Ecuador.
La estrategia de militarizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado también la puso en marcha México, que acabó con la vida del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Asimismo, capturó al fundador del Cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos el pasado mes de julio por cargos de narcotráfico. Esas operaciones no han impedido que en México sigan operando con total impunidad el CJNG, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noroeste o La Nueva Familia Michoacana, entre otros.
BUKELE COMO MODELO DE 'MANO DURA'
Hasta hace poco, El Salvador era uno de los países más peligrosos de Latinoamérica por la actividad delictiva de las dos principales pandillas: Mara Salvatrucha y Barrio 18. La política de mano dura impulsada por su presidente, Nayib Bukele, con un estado de excepción prorrogado desde marzo de 2022 y la militarización de las calles, ha logrado que el país registrara únicamente 82 homicidios en 2025, alcanzando la tasa más baja de su historia, con 1,3 por cada 100.000 habitantes. La ofensiva de Bukele, que ha encarcelado a más de 90.000 personas, ha arrinconado a ambas pandillas hasta el punto de que, en lo que va de 2026, la tasa ronda los 0,90 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 191 días sin ningún homicidio, de acuerdo con la Policía.
Sin embargo, el ex analista criminal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Aníbal Argüello, avisa de que el problema de estas estrategias de mano dura y de impulsar megacárceles es que "muchos inocentes quedan en el camino y en El Salvador está documentado que hay personas encarceladas que no hicieron nada y que, además, ni siquiera han tenido audiencias, por lo que no tienen garantías judiciales". Advierte de que la criminalidad de fondo sigue sucediendo, porque continúa habiendo narcotráfico y, además, "no se van a ver afectados los grupos criminales que tienen vinculación con agentes del Estado". No obstante, Argüello reconoce que "vamos hacia ese modelo de países más militarizados en Latinoamérica con el riesgo de pérdida de las libertades".
Este modelo de Bukele trata de ser replicado en países como Colombia, donde el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, inició su mandato anunciando que la Policía "ha dado de baja" a un artificiero de las FARC. No es el único que promete mano dura con el crimen organizado y la construcción de megacárceles, al estilo del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El mismo discurso, basado en emplear la fuerza policial y militar contra la delincuencia y encarcelar al mayor número de delincuentes, lo mantienen la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, o el presidente de Chile, José Antonio Kast.
La socióloga, experta en seguridad y crimen organizado y ex jefa de asesores en el Gobierno del ex presidente chileno Gabriel Boric, Lucía Dammert, constata que los mercados ilegales se han diversificado y, si antes sólo se hablaba del narcotráfico, "hoy día la minería ilegal de oro en Colombia, Perú y Brasil tiene un rol muy importante, al igual que el tráfico de migrantes".
En el caso de Ecuador, Dammert indica que, tras el fin de la guerra en Colombia, los grupos criminales comenzaron a usar los puertos del país vecino, como Guayaquil, para transportar la droga, lo que pone de manifiesto que los mercados del narcotráfico "se han transnacionalizado, siendo Estados Unidos el principal país que demanda cocaína". Considera "muy interesante" que la preocupación por el narcotráfico esté concentrada en América Latina cuando "donde se vende la droga y se ganan los millones es en Estados Unidos y ahí nadie habla del narco".
"Ese dinero sucio está aumentando y en algunos países se ha incrementado la capacidad de corrupción institucional", advierte la autora del libro Anatomía del poder ilegal, en el que sostiene que cada día es más difícil identificar a las pequeñas estructuras del crimen organizado que están vinculadas y son franquicias de las grandes bandas del narcotráfico en Latinoamérica, como el Tren de Aragua, en Venezuela, el Primeiro Comando da Capital, en Brasil, el Clan del Golfo, en Colombia, o Jalisco Nueva Generación, en México.
MILITARES DE EEUU EN LATINOAMÉRICA
Precisamente, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó la semana pasada durante una visita a Panamá que países como Colombia, Guatemala y Honduras habrían permitido que militares estadounidenses lleven a cabo operativos terrestres como los vistos en contra de las denominadas narcolanchas, que causaron la destrucción de 60 barcos y más de 200 muertes. Ecuador ya lanzó en marzo misiones militares con Estados Unidos, después de que el Gobierno de Trump declarase como "organizaciones terroristas" a más de 20 grupos criminales de la región.
Tras Ecuador, uno de los primeros en dar luz verde a esta intervención militar estadounidense contra el narcotráfico es el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien pretende unirse al Escudo de las Américas, la coalición fundada en marzo por Trump, que ya integran 18 países con el objetivo de enfrentarse al crimen organizado. El pasado 4 de agosto, Washington activó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, una nueva estructura militar permanente que coordina a los citados 18 países, entre los que se encuentran Argentina, Ecuador, El Salvador y Chile.
El ex director de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile, Jorge Araya, considera que sería "humillante" que Washington meta militares en Latinoamérica con la excusa de combatir el crimen organizado. "Así se estaría perdiendo soberanía y el país termina siendo controlado por otros", advierte, al tiempo que recuerda que Estados Unidos tiene cifras de delitos y criminalidad altas y, por ello, se pregunta "por qué se va a convertir en adalid de una supuesta seguridad si no tiene autoridad moral".
Respecto al Escudo de las Américas, Araya cree que es una instancia con un perfil "absolutamente ideológico que reedita un poco la guerra fría", dado que, a su juicio, pone de manifiesto un "egoísmo total" de Trump en las relaciones internacionales porque impone condiciones a los países de Latinoamérica para controlar el crimen organizado, pero al final sólo busca "mejorar la situación de Estados Unidos y no del resto de la región".
