Arranca la batalla judicial de la plantilla de Sareb

Arranca la batalla judicial de la plantilla de Sareb. El conocido como 'banco malo' fue creado en 2012 para absorber los activos tóxicos de las entidades rescatadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y encara su última etapa reconvertido en una pieza clave de la política de vivienda del Gobierno a través del traspaso de miles de inmuebles a la nueva empresa pública Casa47. Con la fecha de caducidad cada vez más cerca, el futuro de sus 274 trabajadores sigue en el aire y ante la falta de concreción por parte de la compañía controlada por el Estado han presentado una demanda de conflicto colectivo en la Audiencia Nacional, con un primer arbitraje programado para el próximo 29 de julio.

La sección sindical de CSIF en Sareb ha registrado una solicitud de mediación en la Fundación Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) de la Comunidad de Madrid en la que reclama el traspaso de la plantilla de Sareb a Casa47 al entender que se trata de una "transmisión de unidad productiva". Dado que la nueva empresa pública de vivienda va a gestionar los activos transferidos del viejo 'banco malo', el sindicato entiende que "debe aplicarse la subrogación de personal prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores". "Resulta lógico y eficiente reconocer esta sucesión de unidad productiva y subrogar a los trabajadores que ya conocen estos inmuebles y su gestión", defiende CSIF.

En la documentación que obra en poder del IRMA, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se constatan varios hechos. Por un lado, que en los contratos de trabajo de los 274 empleados de Sareb se incluye una cláusula sobre su eventual extinción que reza: "El trabajador manifiesta ser consciente de que, a pesar del carácter indefinido de la relación jurídico laboral (...) la sociedad se ha constituido por un periodo determinado, hasta el 28 de noviembre de 2027, de modo que en ningún caso este contrato podrá mantener vigencia más allá de esa fecha".

CSIF considera que esta cláusula es "absolutamente anómala" e "irregular" y que "desvirtúa la naturaleza de la relación laboral". Por ello, pidió explicaciones a la empresa, que en un correo electrónico enviado el pasado 5 de junio aclaró que "los contratos de trabajo en Sareb son indefinidos" y, por tanto, la cláusula en cuestión "no fija una fecha automática de finalización en el momento en que la empresa termine su actividad", sino que la extinción de los contratos "deberá hacerse siguiendo la legislación laboral".

Previamente, el 9 de abril, durante una reunión mantenida entre el comité de empresa y la representación de Sareb se abordó la inquietud de la plantilla con respecto al mantenimiento de su empleo, quedando constancia de que la compañía cierra la puerta al traslado de los empleados de Sareb a Casa47 porque "el marco jurídico de acceso al empleo público no permite esa posibilidad". Una vez agotada la vía de negociación y ante la constatación de que la nueva empresa pública ya ha empezado a difundir vacantes sin contar con la plantilla actual de Sareb, CSIF solicitó la mediación en materia de conflicto colectivo que tendrá lugar la próxima semana.

El presidente del comité de empresa, Felipe Santorio, denuncia que es "una vergüenza" que se "eche a la calle" a 274 familias para contratar a nuevo personal en otra empresa en la que se van a desarrollar exactamente las mismas funciones. Con la vista puesta en noviembre de 2027, advierte de que los trabajadores tienen "proyectos vitales, hijos, hipotecas... y se pueden ver en el paro en un año y pico", lo que supondrá "un derroche de recursos públicos". "Hay un gran nerviosismo en la plantilla", añade.

Ante esta incertidumbre, los trabajadores van a elevar sus demandas directamente al Gobierno. Sareb está controlada por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y desde CSIF avanzan que en septiembre pedirán una reunión con su nueva presidenta, Carla Díaz Álvarez de Toledo. La actual directora general del Tesoro y Política Financiera acaba de ser propuesta por el Consejo de Ministros y será la mujer encargada de pilotar la liquidación del 'banco malo' y el conflicto abierto con los más de 270 trabajadores que temen perder su puesto.

Fuentes de Sareb avanzan que la compañía acudirá a la mediación "con total respeto a los mecanismos de diálogo social y a las instituciones encargadas de facilitar la resolución de conflictos laborales", pero evitan realizar valoraciones con el procedimiento abierto. Con todo, garantizan que la entidad "mantiene su compromiso con sus profesionales y continuará actuando de acuerdo con la normativa aplicable y con los principios de transparencia, responsabilidad y buena fe en las relaciones laborales".

Aunque la liquidación de Sareb está prevista para noviembre de 2027, el volumen de activos comprometidos es de más de 40.000 viviendas y alrededor de 2.400 suelos con capacidad para albergar unas 55.000 viviendas adicionales. El traspaso será gradual y fuentes al tanto del proceso confirman que los trabajos que quedan pendientes prolongarán la vida de la compañía durante algunos años más. De hecho, para continuar con el traspaso y con la desinversión del resto de la cartera Sareb ha cerrado recientemente la contratación con sus servicers (Servihabitat y Anticipa/Aliseda) por otros cuatro años.