Bolaños defiende el derecho al voto de los descendientes de exiliados y presiona al Tribunal Supremo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en el Senado la concesión del derecho al voto a todos los descendientes de exiliados españoles, entendiendo como tales a todos los que salieron de España entre 1936 y 1955 y a los que, de acuerdo con una "instrucción" interpretativa de la Ley de Memoria Histórica, se les presume la condición de represaliados y perseguidos del franquismo.

Bolaños, en su intervención, ha urgido al Tribunal Supremo a desbloquear el reconocimiento del derecho al voto de esas personas que ha quedado paralizado cautelarmente tras considerar el alto tribunal que esta concesión eleva claramente el censo y podría alterar significativamente el resultado electoral. El ministro ha presionado al TS recordándole que muchos nacionalizados que pudieron votar en los comicios de 2023 pueden ver cómo se les arrebata su derecho en las próximas elecciones. "Esas personas son españolas y tienen que tener todos los derechos, incluido el más sagrado que es el voto", ha recalcado.

El ministro se ha manifestado en estos términos en respuesta a una dura interpelación del senador del PP, Alfonso Serrano, quien no sólo ha acusado al PSOE de tratar de hacer "ingeniería electoral" con vistas a los próximos comicios sino que, además, ha llegado a advertir a Bolaños de que con esta maniobra puede acabar "en Estremera, Valdemoro o Soto del Real".

El senador del PP ha insistido en que su partido defiende que los descendientes de exiliados sean nacionalizados y tengan derecho a voto pero ha rechazado que el método para acceder a ello sea una "instrucción administrativa", dictada en 2022 por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que ampliaba discrecionalmente el ámbito de personas que pueden acogerse al derecho. Los populares defienden en que "una instrucción no puede poner en marcha aquello que no contempla la ley, no puede sustituir al legislador ni crear derechos que el Parlamento no ha reconocido". Y, en consecuencia, Serrano ha instado al ministro a derogar la disposición que extiende la condición de exiliado a todos los que salieron de España en las fechas citadas.

El popular ha hecho hincapié en que en Argentina hay un millón de solicitudes de nacionalización y en Cuba, 350.000, pese a que los registros oficiales apenas recogen un total de 500 exiliados republicanos en ese país. "Pasar de 500 a 350.000 parece un exceso", ha recalcado Serrano quien también ha pedido al ministro que explique los criterios para atribuir circunscripción a los nuevos votantes. Según él, "miles de descendientes se han apuntado a municipios que no existían en 1955", y ya hay 160 municipios "con más censo fuera de España que en el propio pueblo".

Bolaños ha hecho un conato de arremeter contra Alfonso Serrano por su condición de número dos de Ayuso en el PP madrileño. El ministro se ha mofado del "nivel" de ambos pese a que son, ha dicho, "la cúspide, el ático" del partido y, después, ha insistido en que los objetivos de la ley de Memoria no son otros que reparar el daño causado a los que tuvieron que salir de España como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

El ministro ha defendido que ya hubo una oleada de 300.000 nacionalizados a los que también se concedió el derecho a voto con la ley de 2007 y gracias a una disposición, ha argumentado, "idéntica" a la que hoy se cuestiona en la ley de 2022. También ha recordado las promesas hechas por Feijóo a los descendientes de españoles en Argentina e incluso ha citado el párrafo en el que proponían esta medida en su programa electoral. Con estos argumentos ha acusado al PP de "hipocresía" y le ha reprochado "dejarse arrastrar por la extrema derecha" y estar convirtiéndose en un partido "antisistema".

Para el ministro, los efectos del auto del Supremo es que "se crean españoles de primera y de segunda: unos con derecho a voto y otros, sin él". En su opinión, ha sido precisamente la decisión del alto tribunal la que ha "alterado el censo" porque personas que votaron en 2023 ahora mismo no podrían hacerlo. "Le pido al Supremo", ha afirmado, "que resuelva esto antes de los procesos electorales de 2027. Se lo pido respetuosamente. Todos los españoles somos iguales y con los mismos derechos, también el más sagrado: el voto".