Hace tan solo unos días saltaba a los medios de comunicación la noticia de la condena a cadena perpetua del fundador del mayor grupo inmobiliario chino, Evergrande, símbolo del desarrollo económico del país en su día y también de la crisis del ladrillo que aún colea tras la suspensión de pagos de la compañía en 2021. El empresario Xu Jiayin ha sido acusado de delitos como fraude en la captación de fondos, apropiación indebida y soborno y le ha sido confiscado su patrimonio tras dirigir una falsificación contable a gran escala que infló los activos y ocultó las deudas del grupo.
Se trata de una condena histórica que llama la atención por su dureza desde la perspectiva española, pero no resulta sorprendente en China ni en Singapur, que tienen legislaciones muy severas sobre todo por corrupción, y probablemente tampoco en Estados Unidos, donde los delitos de carácter económico están muy penados, explica León Vidaller, asociado principal del departamento de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje de Garrigues. “En España no hay cadena perpetua y la prisión permanente revisable no es aplicable a delitos de cuello blanco. El sistema jurídico está basado en la resocialización del individuo”, aclara otro abogado penalista que pide anonimato.
“La condena de Xu Jiayin es parecida a la de Bernard Madoff, que causó un agujero de más de 50.000 millones de dólares en el sistema financiero estadounidense, y que no afectó únicamente a los inversores de la firma que dirigía, sino a la sociedad en su conjunto, igual que ha sucedido con Evergrande, cuya caída ha impactado en la economía china”, aprecia Luis Garvía, director del máster en Riesgos Financieros de Comillas ICADE. “Cuando el fraude no solo pone en riesgo a los accionistas, algunos Estados lo tratan como amenaza sistémica; algo que no ocurre ni en Europa ni en España, donde el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción”, prosigue. Madoff fue el artífice de una de las mayores estafas piramidales o esquemas Ponzi del mundo, por la que se le condenó a 150 años de cárcel en 2009, una de las mayores penas impuestas a un empresario en EE UU.
Pocos años más tarde, en 2012, se sentenció también al financiero Allen Stanford a 110 años de cárcel por otra estafa piramidal de 7.000 millones de dólares. Y más recientemente, en 2023, fue el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, quien tuvo otra pena ejemplarizante por delitos económicos. Fue condenado a 25 años por fraude y conspiración tras apropiarse de unos 8.000 millones de dólares de los inversores y provocar una crisis de liquidez que afectó a todo el sistema cripto y derivó en otras investigaciones judiciales, como la que tuvo lugar en torno a Genesis Global Capital y su consejero delegado Michael Moro, que llegó a un acuerdo con la SEC (Securities and Exchange Commission) para evitar la prisión.
“En Estados Unidos hay una cultura de colaboración con las autoridades muy implantada, algo que en Europa no es tan habitual. Mientras que allí más del 90% de las investigaciones acaba en acuerdos que llevan acarreadas cuantiosas multas, en España el principio de oportunidad está muy limitado; los acuerdos son pocos y los juicios muchos”, aprecia Vidaller. Eso sí, las penas a las que son condenados los empresarios españoles por delitos de cuello blanco nada tienen que ver con las que se dan en China o EE UU. “Salvo que tengan vinculación política [lo cual, es muy habitual], es difícil que las condenas superen los 15 años. En EE UU y China la acumulación de cargos arroja penas más elevadas”, continúa el abogado de Garrigues.
Mario Conde, expresidente de Banesto, con 20 años de prisión por varios delitos de estafa y apropiación indebida, es el empresario con una de las condenas más largas tras la intervención del banco, en 1993. Desde entonces, la pena más alta registrada contra un empresario ha sido la de Francisco Briones: 12 años de prisión por la estafa de Fórum Filatélico en 2018.
