El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha anunciado la intensificación de las movilizaciones de los empleados públicos a lo largo del mes de septiembre ante lo que califica como "malestar laboral y el deterioro de los servicios públicos".
Así lo han calificado hoy desde la sede del sindicato en el afirman que existe un "déficit estructural crónico de personal agravado por las jubilaciones y el envejecimiento de nuestras plantillas", una circunstancia que provoca que cada vez menos empleados asuman una mayor carga de tareas sin mejoras en sus condiciones.
La organización sindical ha defendido que las administraciones se encuentran "tensionadas" y advierte de que "cuando sucede una crisis se nos ven las costuras".
Las declaraciones de CSIF llegan en un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, en el inicio del curso político en el que el Ejecutivo ya enfrenta una serie de flancos que involucran directamente la gestión pública. En los que el mismo sindicato ha mencionado: la gestión sanitaria y escolar, la situación de los funcionarios en la campaña de incendios forestales, el deterioro progresivo que impacta a Correos y la actual crisis migratoria en Ceuta.
Para Borra, la inestbilidad política y una falta de Presupuestos Generales del Estado hace más de cuatro años, dificultan abordar reformas clave como en sanidad, educación, justicia o correos. Ante esto ha sostenido que "la inestabilidad política no puede ser la excusa permanente para mantener unos servicios públicos degradados".
Desde la organización ya comenzaron a fijar un cronograma de manifestaciones para presionar la gestión de Sánchez en los próximos meses y en la previa unas elecciones generales que se acercan para el próximo 23 del mes mayo de 2027.
La campaña de movilizaciones programada para otoño comenzará en educación el 15 de septiembre con una concentración frente al ministerio del ramo. CSIF protesta por una tasa de "interinidad del 30%" y critica un "retraso inasumible en la bajada de ratios" que no llegará hasta el curso escolar 2027-2028. En el ámbito sanitario, reclaman un plan nacional para reducir listas de espera y un refuerzo estructural.
En el caso de Correos, denuncian el incumplimiento de los acuerdos de personal de 2024 y convocan protestas los días 3 y 17 de septiembre, que culminarán con una manifestación en Madrid el día 30. Es más, ayer CSIF ya se concentró en distintos municipios ante esta crisis que padece la empresa estatal.
Finalmente, el sindicato presentará denuncias en Bruselas en la semana del 21 de septiembre por la situación de Ceuta, afirmando que el desbordamiento de los servicios locales "sobrepasa no solamente a la ciudad autónoma, sino que también afecta a toda la Unión Europea".
Presión en compromisos
Uno de los temas que ha tomado más relevancia para el sindicato es la agenda de compromisos del Ejecutivo. Una de ellas es con el Ministerio de Función Pública a cargo de Óscar López para reactivar el Acuerdo Marco firmado en noviembre de 2025.
El portavoz de CSIF ha explicado que vigilarán la ejecución de la subida salarial pactada del 4,5% para 2027, junto al incremento variable del 0,5% vinculado a la inflación y aplicable con carácter retroactivo desde el uno de enero de 2026, asegurando que "los salarios públicos se verán incrementados en el año 27 en un 5%".
A su vez, Borra ha reclamado el cumplimiento de mejoras en el mutualismo administrativo, la compensación por residencia antes de que acabe el ejercicio 2026 y la agilización de unos procesos selectivos de los opositores que, según denuncian, tardan hasta tres años desde la oferta de empleo público hasta la toma de posesión del puesto de trabajo.
La implantación de la jornada laboral de 35 horas se mantiene como uno de los focos de conflicto y movilización para el sindicato. Según han detallado, existen "problemas para adaptar las 35 horas por departamentos" dentro de la Administración General del Estado, señalando las dificultades en áreas como Instituciones Penitenciarias. Asimismo, la organización sindical denuncia el "incumplimiento del acuerdo de 2024" por parte de la dirección de Correos, un pacto que, según sus declaraciones, incluía este límite horario junto al refuerzo de las plantillas y la conversión de contratos parciales a jornadas completas.
Por otro lado, el Sindicato ha anunciado el ingreso de un recurso para la devolución de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 en la época del Gobierno del ex mandatario, José Luis Rodríguez Zapatero.
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha argumentado que aquel recorte salarial extraordinario, aplicado para reducir el déficit público, continúa integrado "de forma permanente" dieciséis años después. Desde el sindicato ha calculado que la medida ha supuesto una retención acumulada de "48.000 millones de euros" para el colectivo, traduciéndose en una merma media anual de 1.000 euros por empleado público.
