El Gobierno ha superado el examen jurídico más decisivo y complejo para sacar adelante su plan de control y ordenación sobre las grandes infraestructuras digitales antes de la cita con las urnas. Según recoge el dictamen preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al que han tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, el supremo órgano consultivo ha desestimado las principales pretensiones de fondo promovidas por el sector privado y diversas autonomías, despejando la vía jurídica para que el Ejecutivo pueda aprobar el Real Decreto de centros de datos en Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Los recurrentes denunciaban una presunta invasión de competencias autonómicas, una vulneración del principio de reserva de ley exigiendo que la regulación se tramitase como proyecto de ley y no mediante Real Decreto, y una supuesta falta de justificación en la tramitación urgente. El objetivo último de estos cuestionamientos era obligar a retrotraer las actuaciones o reiniciar trámites —como devolver la norma a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o forzar una notificación comunitaria previa—, lo que en la práctica habría impedido por completo que el texto viera la luz antes de los comicios del 29 de noviembre.
Frente a estas pretensiones, el órgano consultivo presidido por Carmen Calvo aprobó el dictamen por unanimidad en su sesión del 6 de noviembre de 2026, sin que conste ningún voto particular. Pese a ese consenso final, en el seno de la institución se vivió un intenso debate técnico-jurídico que forzó a prolongar las deliberaciones y retrasó la aprobación definitiva hasta el viernes, un día más tarde de lo inicialmente previsto.
La prueba más elocuente de la plena viabilidad del proyecto radica en la fórmula final con la que concluye el dictamen de la institución que preside Carmen Calvo, donde se establece de forma inequívoca “que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales que se concretan en el apartado VIII de este dictamen, y consideradas las restantes, puede elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta”. Se trata de una habilitación expresa que el Consejo de Estado omite sistemáticamente cuando considera que una norma vulnera la legalidad o cuando detecta vicios insubsanables en su planteamiento.
En sus conclusiones de fondo, el órgano consultivo respalda con rotundidad los pilares básicos de la norma. El dictamen zanja que “el Consejo de Estado no pone en duda la competencia del Estado para aprobar la norma” y certifica de manera categórica que “el rango de la norma (real decreto) se ajusta a la exigencia establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, ya transcrito. Nada se objeta, pues, por esta razón”. Del mismo modo, el pronunciamiento desbarata las pretensiones de nulidad procedimental señalando que “el Consejo de Estado no cuestiona la urgencia, en tanto acordada por el Consejo de Ministros”. Asimismo, desactiva las denuncias sobre una presunta retroactividad perjudicial y avala expresamente que los nuevos condicionantes alcancen a los proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos pero que aún no han comenzado a operar de manera efectiva.
El Consejo de Estado se alinea expresamente con los fines que persigue el texto y subraya que “comparte los fines del proyecto en tanto persigue asegurar la soberanía digital, garantizar la eficiencia energética e hídrica, y evitar impactos negativos en el sistema eléctrico, en particular en lo que hace a los objetivos de generación renovable”. El dictamen alerta de que, según datos de la CNMC, se han concedido derechos de acceso a la red que desbordan por completo la previsión de la Estrategia de Inteligencia Artificial. Al tratarse de un consumo eléctrico que la propia resolución define como “plano o continuo y uniforme”, un despliegue sin control tensionaría los precios mayoristas y amenazaría el cumplimiento de los hitos climáticos. Frente a ello, la institución apela de forma directa al artículo 45 de la Constitución y al mandato inexcusable de los poderes públicos de velar por el uso racional de los recursos naturales para justificar que se impongan exigencias rigurosas de ordenación.
Durante el trámite de audiencia personaron sus alegaciones ante el Consejo de Estado la Comunidad de Madrid y un total de 23 entidades, asociaciones y compañías. Entre ellas figuran las mayores eléctricas del país agrupadas en Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP), gigantes tecnológicos mundiales como Microsoft, promotores y operadores de centros de datos a través de SpainDC o grandes grupos constructores e inmobiliarios como ACS y Merlin Properties, conglomerados industriales y renovables como Ignis Energy, la Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, AEE, APPA, CIDE y ACOGEN, e incluso asociaciones representativas de otros ámbitos como Farmaindustria, Ecologistas en Acción y patronales como CEOE y AMETIC.
Pese al espaldarazo general, el dictamen no constituye un cheque en blanco. El Gobierno tendrá que introducir modificaciones concretas en el articulado para incorporar cuatro observaciones esenciales fijadas por el órgano consultivo. Atender estas exigencias resulta vital para que el Ejecutivo se blinde ante la previsible batalla judicial que librarán las empresas en el Tribunal Supremo. La aspiración del Ministerio para la Transición Ecológica es aprobar la norma con la fórmula legal “de acuerdo con el Consejo de Estado”, lo que acreditaría que se han asumido todas sus advertencias sustantivas y reduciría al mínimo las opciones de que los tribunales suspendan cautelarmente el decreto.
En primer lugar, el dictamen exige reforzar sustancialmente la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), justificando de manera exhaustiva por qué se han desestimado alegaciones territoriales y sectoriales de especial relevancia, al tiempo que reclama cuantificar con rigor el impacto económico que las nuevas cargas y exigencias acarrearán a los promotores de centros de datos. En segundo término, el órgano consultivo demanda situar el control y la supervisión en manos estrictamente públicas, rebajando el excesivo papel que el borrador inicial otorgaba a Red Eléctrica y las distribuidoras. La tercera observación esencial obliga a acotar y perfilar con mayor precisión jurídica el régimen sancionador, clarificando las penalizaciones y tipificando con nitidez las causas exactas que pueden desembocar en la pérdida o caducidad de los permisos de acceso y conexión. Por último, la cuarta exigencia pasa por eliminar cualquier atisbo de discrecionalidad administrativa, suprimiendo la habilitación ministerial que permitía modificar los porcentajes de exigencia de correlación renovable fijados en la norma, como el umbral del 80%.
Junto a estas salvedades esenciales, el texto contiene diversas observaciones no esenciales que el departamento ministerial también pretende integrar en la versión definitiva. La más relevante gira en torno al procedimiento europeo TRIS, donde el órgano consultivo constata que otros socios comunitarios como Alemania, Francia, Italia o Países Bajos han seguido criterios dispares al regular el sector, por lo que pide a España reforzar la justificación técnica en la memoria sin que ello deba implicar una paralización del trámite normativo.
Tras recibir este aval, los equipos jurídicos y técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica trabajan ya a contrarreloj para pulir la memoria y el articulado durante los próximos días. El calendario institucional no admite dilaciones: el objetivo es elevar el texto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios para su remisión inmediata al Consejo de Ministros. Descartada la reunión del martes 10 por falta material de tiempo, el Gobierno aspira a aprobar el Real Decreto el próximo 17 de noviembre o, a más tardar, el martes 24 de noviembre, el último cónclave ministerial ordinario antes de las elecciones del 29-N y del consiguiente paso a un Ejecutivo en funciones.
