El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas de vivienda tras un pacto in extremis entre PSOE y Sumar

Era lo previsible y sucedió. De nuevo, una negociación llevada hasta el último minuto. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el llamado decreto Maricarmen, un paquete de medidas en materia de Vivienda después de que el desahucio de la anciana de 87 años y la movilización social, con acampañadas en distintas ciudades de España, presionara a los partidos para lograr un acuerdo. Sin embargo, las diferencias en la redacción del texto final entre el PSOE y Sumar han provocado que la reunión del gabinete, prevista para las 09.30 horas, retrasara su comienzo una hora, hasta las 10.33 horas.

En un primer momento los ministros de Sumar no se han incorporado a la reunión, según describen desde este sector del Gobierno, y finalmente en torno a las 10.50 horas han acudido tras consumarse un acuerdo entre las dos partes. El bloqueo se ha salvado con la aprobación de dos decretos, la vía decidida para evitar el fiasco de no lograr un pacto entre los propios socios.

Fuentes del Gobierno explican que los partidos que integran la coalición han sellado un acuerdo "para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos".

Ambas formaciones han estado negociando in extremis. Entre los puntos de fricción estaba la duración de la prórroga de los contratos de alquiler, que en la propuesta del PSOE se fija en dos años, mientras que Sumar pretende ahora que sea indefinida, tal y como exige el Sindicato de Inquilinas. Otro de los asuntos a debate ha sido la regulación del alquiler de habitaciones. Sumar denuncia que esta práctica, que quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, constituye hoy "una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler".

La prórroga automática de los alquileres es exigida por el Sindicato de Inquilinas, que plantea que si un inquilino cumple con las cuotas de su contrato, éste se extienda indefinidamente en el tiempo y por el mismo precio sin que el casero le pueda echar a menos que exista una causa justificada y real. Sería la manera -definen sus promotores- de dar garantías y estabilidad a los inquilinos y hacer que las renovaciones no sean una puerta abierta para ser expulsados o sufrir un incremento salvaje del precio.

"Hay que regular los alquileres de temporada, ya que se está escapando de las reglas del juego. Nosotros no vamos a avalar un real decreto que se quede a medias. Estamos creando una falla insuperable. La gente no puede ahorrar, no puede comprar. Y es el momento de dar un paso también de las derechas, que han estado apoyando a los fondos buitre", ha señalado esta mañana en distintas entrevistas Mónica García (Sumar), ministra de Sanidad.

"Nosotros lo que nos planteamos es empujar a este Gobierno para que el apellido progresista no solamente sea un apellido, sino sea una realidad en el principal problema del país, que la vivienda", ha manifestado la ministra de Sumar.

Uno de los asuntos que sí congrega consenso es la propuesta relativa a la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Primero, se establece la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2028. Segundo, se establece que la orden de desahucio se paralizará cuando provenga de un fondo buitre y tenga como afectado una persona vulnerable y no tenga alternativa habitacional. "El tribunal suspenderá por auto el proceso".