A finales de verano el Mediterráneo vuelve a preocupar. Sus elevadas temperaturas coinciden con la temporada de tormentas y recuerdan la devastadora dana que golpeó Valencia en octubre de 2024. Nadie sabe cuándo llegará el próximo episodio extremo; pero cuando llegue, no todas las familias estarán igual de protegidas.
El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de advertir que el clima de la cuenca mediterránea se transforma a un ritmo superior a la tendencia global, señalando que la temperatura del Mediterráneo aumenta alrededor de 0,41 grados por década, frente a los 0,13 grados de media global, y que las olas de calor marinas son cada vez más frecuentes, largas e intensas.
Los últimos días han vuelto a mostrar hasta qué punto estos fenómenos pueden manifestarse de forma súbita. En Elche y otros puntos de Valencia y Alicante, los reventones térmicos han dejado fuertes rachas de viento, con registros que en algunas zonas de la provincia han superado los 100 kilómetros por hora, provocando daños materiales y numerosas incidencias.
También la tierra ha recordado su capacidad de generar riesgos extraordinarios. Granada ha sufrido en pocos días dos terremotos de magnitud 4,8, los pasados 15 y el 18 de agosto, acompañados de numerosas réplicas. El segundo dejó tres heridos leves, entre ellos una menor, daños materiales y evacuaciones preventivas. Desde el inicio de la secuencia sísmica se han sucedido cientos de movimientos, en su mayoría de pequeña magnitud.
Más trágico aún ha sido lo ocurrido en el Bierzo. Una fortísima tormenta provocó en Manzanedo de Valdueza una riada de agua, barro y piedras procedentes de una ladera castigada por los incendios forestales del año anterior. Dos mujeres fallecieron y cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores, además de producirse importantes daños materiales.
La tragedia recuerda que estos episodios no solo destruyen patrimonio. Cuando provocan fallecimientos, la Seguridad Social constituye una primera red de protección para las familias a través de las prestaciones por muerte y supervivencia. Entre ellas, las pensiones de viudedad y orfandad, cuando concurren los requisitos establecidos. La previsión privada puede complementar esa protección: los seguros de vida o accidentes pueden dar también derecho a indemnización del Consorcio ante determinados acontecimientos extraordinarios cubiertos. Es una dimensión social que merece su propio debate.
Pero, poniendo foco en la cuestión que afecta directamente a millones de hogares: ¿qué sucede cuando una catástrofe golpea una vivienda que no está asegurada? Si una vivienda no está asegurada, por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros no indemnizará sus daños materiales por una inundación extraordinaria. Para acceder a esa protección es necesario disponer previamente de una póliza que cubra los bienes afectados y esté sujeta al correspondiente recargo.
Pero tampoco basta con tener seguro. Si los capitales asegurados no se han actualizado y son inferiores al valor real de la vivienda o de su contenido, existe infraseguro. Y en ese caso, la indemnización puede reducirse proporcionalmente. Una familia puede descubrir, cuando más lo necesita, que el capital asegurado resulta insuficiente.
Todo ello devuelve a primer plano un debate surgido también con los grandes incendios forestales: ¿ha llegado el momento de establecer una cobertura mínima obligatoria para la vivienda?
En Francia, el seguro de hogar es obligatorio para los inquilinos y debe cubrir determinados riesgos locativos, como incendio, explosión o daños por agua. Además, los propietarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal o copropiedad deben contar, al menos, con cobertura de responsabilidad civil.
Portugal ofrece otro precedente. En los edificios sometidos a propiedad horizontal es obligatorio asegurar contra incendios tanto las fracciones privadas como las partes comunes.
Y España tampoco parte de cero. El artículo 17.3 de la Ley 5/2019 permite que, cuando una vivienda está hipotecada, la entidad de crédito exija un seguro de daños sobre el inmueble, siendo el cliente quien puede elegir libremente la aseguradora.
Si consideramos razonable exigir protección cuando una vivienda sirve de garantía a un banco, ¿por qué no plantearnos una protección mínima cuando está en juego el patrimonio esencial de una familia?
No se trataría de imponer un seguro de multirriesgo sofisticado. Podría diseñarse una póliza básica y asequible que incluyera incendio, responsabilidad civil y las coberturas necesarias para acceder a la protección del Consorcio frente a riesgos extraordinarios, debiéndose garantizar además la adecuación de los capitales asegurados y su actualización.
Pero cualquier obligatoriedad tendría una condición irrenunciable: nadie puede quedar desprotegido por no tener capacidad económica para pagar la prima.
Una familia vulnerable no debería elegir entre llenar la nevera, pagar la electricidad o asegurar su vivienda. Por eso, esa cobertura mínima debería ir acompañada de ayudas públicas, bonificaciones o incluso subvenciones totales para determinados niveles de renta.
El objetivo es evitar que una catástrofe se convierta en una condena económica para quien menos tiene.
Porque las catástrofes pueden ser indiscriminadas al llegar, pero son profundamente desiguales en sus consecuencias. Quien dispone de ahorro puede comenzar de nuevo. Quien carece de seguro y de recursos puede perder en unas horas el esfuerzo de toda una vida.
Quizá haya llegado el momento de cerrar esa brecha. Un seguro mínimo de vivienda, acompañado de ayudas para quien no pueda pagarlo, debería entenderse también como una política de protección social frente a las catástrofes del siglo XXI.
