A lo largo de los últimos tres años, Sumar, hoy refundado en Frente Amplio, se ha visto inmerso en un difícil ejercicio de equilibrismo: gobernar con el PSOE dejando claro que no es el PSOE, esa "socialdemocracia lánguida", como lo definió la ministra Mónica García hace tan solo unos meses. Han sido varias las veces que en el espacio han sacado músculo tras conseguir arrancarle alguna medida a los socialistas, medidas que hoy, denuncian, Pedro Sánchez se arroga. Durante estos días de precampaña se ha apreciado un endurecimiento en su discurso contra su socio de Ejecutivo, especialmente tras el accidente de Urda: fueron los primeros, incluso por delante del PP, en pedir la dimisión del ministro Óscar Puente. Sin embargo, aunque insistan en erigirse en la "verdadera izquierda" frente al PSOE, tampoco ignoran que el partido acabará siendo un aliado irremediable sea cual sea el resultado de las elecciones del 29 de noviembre.
El espacio calibra estos días el mensaje para no incurrir en contradicciones. El plan es pescar en el caladero del PSOE, presentarse como un conjunto de formaciones limpias que contraste con una legislatura claramente salpicada por la corrupción en filas socialistas, pero tampoco obvian que parte de su electorado les da su confianza para revalidar "un Gobierno de coalición progresista" en el que los ministros de Frente Amplio sigan apretando los tornillos a los del PSOE.
Esta semana, la candidata del espacio, Ada Colau, arremetía una vez más contra el partido del presidente Pedro Sánchez al asegurar que los grandes niveles de desigualdad social los han agravado las políticas de "los ministerios que han estado liderados por el PSOE", principalmente los de Vivienda y Hacienda. El músculo: "La diferencia de este Gobierno la han marcado los ministros de Sumar". Y acto seguido, la realidad, inexorable: "Si Frente Amplio entra con fuerza en el Congreso y somos determinantes para que haya otro Gobierno progresista, las viviendas van a ser para vivir, no para especular".
En Frente Amplio son conscientes de que cualquier clase de influencia en la gobernabilidad del país vuelve a pasar por que pacten con el PSOE por mucho que en los próximos días de campaña traten de buscarle las cosquillas. De la misma manera, ante la más que real posibilidad de que el 29N dibuje un Parlamento con mayoría conservadora y un Gobierno de PP y Vox, tanto el espacio como los socialistas habrán de aunar fuerzas de una forma u otra para servir de contrapeso a sus políticas.
El ejemplo claro es el Senado, donde PSOE y Frente Amplio han fusionado sus siglas para presentarse en coalición en la papeleta como Senado del progreso. En un claro ambiente de precampaña, la alianza plurinacional arremetía contra esa "socialdemocracia lánguida" de los socialistas, pero de manera paralela pactaba con ellos. Desde Frente Amplio no piensan que este acuerdo vaya en contra de sus pretensiones electorales, pues el objetivo de su suscripción es ulterior: frenar a la derecha. "Sería irresponsable no haberlo alcanzado. No podemos permitir que el PP y Vox sumen una mayoría de tres quintos [con la que reformar, por ejemplo, la composición del Tribunal Constitucional]", explican fuentes de la alianza.
Sin embargo, movimientos como este no son ignorados por formaciones como Podemos, que aprovecha cualquier coyuntura para cargarse de motivos que le permitan erigirse en la "izquierda fuerte y autónoma del PSOE". Sin ir más lejos, este mismo viernes la candidata de la formación morada, Irene Montero, cargaba contra Frente Amplio por su "cercanía" a los socialistas y aseveraba que han preferido pactar con ellos en la Cámara Alta que llegar a un acuerdo con ellos para evitar la dispersión del voto de izquierdas. Hace unos días, era la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien presentaba a Frente y PSOE como fuerzas indistinguibles.
"Los acuerdos de PP y Vox y de PSOE y Frente Amplio para el Senado son bipartidismo 2.0. Es más de lo mismo y quien ha sido el principal causante de la mayoría de problemas que tiene este país, que es el bipartidismo, no va a ser parte de la solución", aseguraba. Desde la alianza plurinacional asisten sin inquietud a estos ataques. Dan por hecho que durante la campaña Podemos utilizará mensajes de este tipo para tratar de hacerles daño, pero no piensan que vaya a traducirse en una pérdida de votos.
Vuelve la campaña
Pregunte a quien se pregunte, la respuesta es casi idéntica: el trágico accidente de Urda ha hecho que la campaña, que comienza de manera oficial el día 13, entre en otra dimensión. Antes de la desgracia ferroviaria, parecía que ya cogía vuelo, pero la sensación es de vuelta a la casilla de salida. Una vez transcurridos los días de luto, identificados los 69 fallecidos, y, sobre todo, dimitido el ministro Óscar Puente, en Frente Amplio coinciden que la agenda electoral ha de retomarse, por supuesto que con la inversión en infraestructuras en el centro.
"Hay que seguir, con muchísimo respeto, pero hay que seguir", asegura una dirigente del espacio, que también apunta a que la renuncia de Puente ha sido "el punto de inflexión" para desengrasar la máquina electoral. Sin ir más lejos, en Frente Amplio remiten al próximo miércoles, cuando se celebrará una importantísima huelga general por la vivienda a 18 días de unas elecciones que desde el principio han planteado como "un referéndum sobre la vivienda".
Esta semana, el espacio ha ido anunciando sus medidas estrella en materia de vivienda y fiscalidad. La candidata, Ada Colau, ha propuesto la creación de un impuesto al patrimonio específico para ultrarricos a través del cual quienes acumulen un millón de euros deberán tributar al 2% y quienes superen los 50 millones, al 3%. Colay ha enmarcado esta medida, que es complementaria al impuesto sobre el patrimonio ya existente, en el lema internacional tax the rich (gravar a los ricos), un movimiento de justicia fiscal y reducción de la desigualdad. Por otro lado, también ha planteado aumentar el tipo efectivo de los beneficios de las grandes empresas y la banca, a la vista de que "hoy pagan entre un 7 y un 9%, mientras que las pymes tributan al 19 o 20%". Para ello, explicó este jueves, "se revisarán las desgravaciones de las que se benefician los grandes grupos".
