El Gobierno acelera y lanza de forma urgente el decreto para 'salvar' a RTVE del agujero del IVA sin pasar por el Congreso

El Gobierno ha pisado el acelerador para resolver uno de los mayores problemas económicos que amenazan a Radio Televisión Española. Después de que el Congreso tumbara en julio el decreto-ley con el que pretendía proteger las cuentas de la Corporación frente a las reclamaciones de Hacienda por el IVA, el Ejecutivo ha dado un nuevo paso para sacar adelante la misma solución económica por una vía diferente. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación administrativa urgente del nuevo real decreto que modifica el sistema de financiación de RTVE. Una norma que, a diferencia de la anterior, no necesita someterse a una votación de convalidación en el Congreso.

El acuerdo, recogido en la referencia oficial del Consejo de Ministros del 13 de octubre, confirma el avance de la operación adelantada por EL MUNDO: el Ejecutivo pretende incorporar el IVA que RTVE no puede recuperar al cálculo del coste del servicio público para que pueda ser compensado por el Estado. Una decisión de enorme trascendencia para una Corporación que tiene provisionados 941,2 millones de euros por contingencias fiscales relacionadas con este impuesto.

La aprobación de la tramitación urgente no significa, sin embargo, que el decreto haya entrado ya en vigor. El Gobierno ha autorizado acelerar el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva, que deberá producirse posteriormente y culminar con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La decisión llega, además, en un momento especialmente significativo. Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, el Ejecutivo pretende completar la reforma antes de entrar en funciones. Así se lo trasladó el presidente de RTVE, José Pablo López, a los representantes sindicales durante una reunión celebrada la semana pasada. Según el comunicado posterior de los sindicatos, la dirección les informó de que el Gobierno aprobaría el decreto para redefinir el coste neto del servicio público y de que también habría un nuevo contrato-programa elaborado a partir del Mandato Marco caducado desde 2016 y que con casi toda propabilidad será también a través de un decreto.

La diferencia con lo ocurrido hace apenas tres meses es fundamental. El 16 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley para modificar la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La medida establecía que los impuestos no deducibles vinculados al servicio público debían ser compensados por el Estado. Sin embargo, el 14 de julio el Congreso rechazó su convalidación, con 178 votos en contra y 172 a favor, dejando sin efecto la reforma.

Ahora el Ejecutivo ha optado por modificar directamente el Real Decreto 1004/2010, que desarrolla la Ley 8/2009 de financiación de RTVE. Al tratarse de un real decreto ordinario, su aprobación corresponde al Consejo de Ministros y no exige una posterior convalidación parlamentaria. El Gobierno evita así una nueva votación como la que frustró su primera iniciativa, aunque la legalidad y el alcance de la reforma siguen sujetos al marco establecido por las leyes vigentes.

La elección de esta fórmula resulta especialmente relevante porque el propio Ministerio de Hacienda defendió en junio que era necesaria una actuación normativa con rango de ley para resolver el problema. El nuevo proyecto utiliza, en cambio, la habilitación reglamentaria de la Ley 8/2009. Aunque los mecanismos jurídicos no son idénticos, ambos buscan impedir que el IVA no recuperable termine comprometiendo el equilibrio económico de RTVE.

Un riesgo fiscal de 941 millones de euros

El origen del problema se remonta a la supresión de la publicidad comercial de TVE en 2010. Desde entonces, RTVE apenas obtiene ingresos sujetos a IVA y su capacidad para deducirse el impuesto que paga a proveedores y productoras se ha visto limitada. Las discrepancias con la Agencia Tributaria sobre qué cantidades pueden recuperarse han provocado numerosos procedimientos administrativos y judiciales.

La consecuencia es que RTVE puede verse obligada a asumir cantidades muy elevadas por impuestos correspondientes a ejercicios anteriores. Según la memoria económica citada en la documentación del proyecto, la Corporación tiene registrada una provisión de 941,2 millones de euros por contingencias fiscales relacionadas con el IVA.

Esta cifra no supone que Hacienda haya reclamado definitivamente todo ese dinero ni que el Estado vaya a transferirlo de forma inmediata. Refleja la dimensión del riesgo económico que afronta RTVE y que el Gobierno pretende abordar mediante el nuevo sistema de compensación.

El proyecto establece que los impuestos soportados por la Corporación que no puedan deducirse, recuperarse o compensarse formarán parte del coste del servicio público. La previsión alcanza también a importes de ejercicios anteriores cuya existencia o cuantía se determine posteriormente mediante criterios administrativos o resoluciones judiciales.

En la práctica, si una sentencia obliga a RTVE a asumir un IVA que había considerado deducible, ese importe podrá incorporarse al coste neto del servicio público y ser objeto de compensación con fondos estatales. No se anula la obligación tributaria ni desaparece la deuda frente a Hacienda: se establece un mecanismo para que su impacto pueda ser cubierto a través de la financiación pública de la Corporación.

El Gobierno sostiene que la reforma aporta seguridad jurídica y permite identificar correctamente los costes asociados a la prestación del servicio público audiovisual. El proyecto también establece que la compensación no podrá dar lugar a una financiación superior a los costes netos que legalmente corresponda cubrir.

Las televisiones autonómicas quedan fuera de la reforma

Pero la decisión del Gobierno tiene otra consecuencia relevante: la solución que prepara está diseñada específicamente para RTVE y no se extiende a las televisiones públicas autonómicas, pese a que varias de ellas mantienen conflictos similares con la Agencia Tributaria.

El caso de Telemadrid es especialmente ilustrativo. La Audiencia Nacional dictó este año una sentencia que obliga a la televisión pública madrileña a afrontar 17 millones de euros por discrepancias relacionadas con las deducciones del IVA entre 2012 y 2014. El conflicto responde a las limitaciones establecidas para diferenciar la actividad comercial de las obligaciones de servicio público de las radiotelevisiones públicas.

No se trata, por tanto, de un problema exclusivo de RTVE. Las cadenas autonómicas también han recurrido liquidaciones tributarias y cuestionado los criterios aplicados por Hacienda. Sin embargo, el proyecto impulsado por el Gobierno central modifica exclusivamente el reglamento de financiación de la Corporación estatal.

La diferencia es significativa. Mientras el Ejecutivo central prepara una vía específica para incorporar las contingencias fiscales de RTVE al cálculo de su financiación pública, las radiotelevisiones autonómicas deberán afrontar sus respectivos conflictos dentro de sus propios marcos jurídicos y presupuestarios.

La urgencia autorizada por el Consejo de Ministros refuerza la intención de completar el procedimiento antes de que el Gobierno entre en funciones. La Ley del Gobierno permite acortar determinados plazos administrativos cuando se acuerda la tramitación urgente de una iniciativa normativa, aunque esta circunstancia no elimina los requisitos legales ni convierte el proyecto automáticamente en una norma aprobada.

La operación tiene, además, una segunda vertiente. Según la comunicación sindical, la dirección de RTVE también espera disponer de un nuevo contrato-programa antes de que el Ejecutivo entre en funciones. Este instrumento debe concretar las obligaciones de servicio público de la Corporación, sus objetivos y los recursos económicos destinados a financiarlas.

De culminar ambas iniciativas en los términos anunciados, RTVE afrontaría la próxima etapa política con una nueva definición de los costes fiscales que pueden ser compensados por el Estado y con un marco actualizado de compromisos y financiación.

Por ahora, el acuerdo del Consejo de Ministros supone un avance decisivo en la tramitación. Después de que el Congreso rechazara en julio la primera fórmula, el Gobierno ha activado una segunda vía para afrontar el problema del IVA de RTVE. Esta vez, con carácter urgente y sin necesidad de volver a someter el decreto a una votación de convalidación parlamentaria.