El Gobierno admite "efectos negativos en la oferta de alquiler" de su decreto pero no "apreciables", porque podía haber sido más intervencionista

En su primer mitin sevillano de esta precampaña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que, si gana, no solo mantendrá, sino que «reforzará» su política de vivienda. ¿En qué puede reforzar lo que al sector de los propietarios de viviendas ya le parece excesivo? Lo desliza el propio Gobierno en el informe que acompaña a sus decretos de Vivienda remitido al Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso EL MUNDO.

En este documento, el Ejecutivo admite que al menos su segundo decreto, el más duro con los propietarios pergeñado con Sumar, puede tener «efectos negativos en la oferta de vivienda en alquiler», pero asegura que no «apreciables». Y da como motivos que podría haber ido más lejos en tres capítulos. El primero, haber fijado directamente los precios del alquiler con una intervención total, pero señala que se limita a mantener la regulación actual en las llamadas «zonas tensionadas».

También resalta que sigue permitiendo al propietario recuperar en algún momento su piso tras los cinco o siete años de contrato: «El arrendador conserva en cada vencimiento la facultad de no prorrogar el contrato sin indemnización cuando concurre alguna de las causas justificadas». La tercera es la de que podría haber impuesto una indemnización superior a las 12 mensualidades previstas y que fuera inevitable y generalizada en favor del inquilino.

Así aparece todo esto en el apartado de «efectos sobre la oferta de vivienda en alquiler». No asegura que vaya a ser un impacto «positivo» como sí hace, y de forma categórica, en el capítulo social o de la juventud, pero sí dice que «no se prevén efectos negativos apreciables».

En otro apartado del informe, el Gobierno se explica aún más y resalta que ha sido «proporcional» con los propietarios incluso en el citado segundo decreto, al describir hasta cinco puntos en los que podría haber ido más lejos.

¿Cuáles? «Cumple con el principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible para lograr el objetivo: no impone al arrendador causas tasadas de extinción, ni control judicial previo, no interviene en la fijación de la renta, excluye la indemnización cuando la no prórroga responde a una causa justificada y prevé un régimen transitorio que respeta las decisiones adoptadas conforme a la regulación anterior».

Es decir, el Gobierno se ha autocontenido, en su opinión, al no intervenir totalmente el precio del alquiler, someter los contratos a los jueces de antemano y permitir que el propietario no tenga que pagar en todos los casos la citada indemnización al inquilino.

El Ejecutivo matiza por último que hay que ver este decreto «combinado» con el primero que sí acepta, aunque crítico, el PNV y que, además del palo, ofrece zanahoria de incentivos fiscales al propietario. De este modo, «el conjunto de la acción normativa favorece la oferta de vivienda en alquiler». ¿Así se legisla en un reto tan crucial?

El propietario habrá "elegido" el castigo

Sánchez pide que no se utilicen los decretos para enfrentar a pequeños propietarios e inquilinos, pero es que el propio tono del informe remitido por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a las Cortes, es hostil con la actividad privada de poner viviendas en alquiler. Un ejemplo es que subraya que el propietario que tenga que abonar los 12 meses al inquilino es un castigo que se habrá buscado él mismo por no prorrogar como la mayoría. «El coste de la indemnización es evitable y, en gran medida, elegido: solo lo soporta el arrendador que decide sustituir al arrendatario sin que concurra una de las causas [fijadas en el decreto]. Para el arrendador que mantiene la relación, que es la conducta mayoritaria, el coste es nulo». Y esas causas se circunscriben sobre todo a que necesite la casa para sí mismo, hijos o nietos, pero si la pretende para sobrinos, ahijados o amigos ya debe pagar.

El ministro de Derechos Sociales y dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy, y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, justifican esta penalización, porque dan por hecho que si el propietario no quiere la vivienda para su familia más próxima, es porque quiere subir el alquiler para negocio. Así que hay que disuadirlo. Da este ejemplo en el informe oficial: «Para una renta de 950 euros, la ganancia de una sustitución de arrendatario dirigida a capturar la prima del 16,5% [la subida en 2025, según el Banco de España] de los contratos nuevos sería de unos 157 euros mensuales, es decir, de unos 9.400 euros en cinco años, importe inferior a la indemnización de doce mensualidades (11.400 euros). Este es precisamente el efecto buscado: la sustitución del arrendatario deja de ser rentable cuando su única finalidad es obtener una renta superior».

Los ministros de Sumar han aceptado la petición del PSOE de que el segundo decreto no entre en vigor hasta el 15 de noviembre, lo que hace probable que nunca vea la luz en esta legislatura por rechazo del PNV. Pero, si gana Sánchez, ya asegura él mismo que «reforzará» en el futuro lo que logre aprobar ahora en línea intervencionista.

De momento, ya solo el primer decreto está provocando efectos negativos más que apreciables, como viene publicando este diario en los últimos días con retirada de miles de pisos del mercado, suspensión de firmas de contratos o anulación de visitas de potenciales inquilinos. Los más débiles sin piso ya lo sufren.

Mientras tanto, el Banco de España insistió este viernes en que el próximo Gobierno tendrá que promover la construcción de un millón de viviendas para combatir el drama, el doble de las construidas desde 2018.