"Tengo miedo, no salgo de casa para nada": Ceuta espera a los Reyes ya sin asentamientos pero con barrios en pánico

Los 80 años de Mina se dibujan en su rostro surcado de arrugas tan profundas como su mirada. Se apoya en su bastón para salir de la casa humilde en la que vive con uno de sus hijos («los demás se fueron»), pero no se atreve a ir muy lejos. Hace semanas, cuenta, que no sale de casa más que para dar pequeños paseos, «para estirar las piernas», porque tiene miedo.

Vive en el corazón de Los Rosales, una de las barriadas de la periferia de Ceuta que más está sufriendo las consecuencias de la entrada masiva e ilegal de más de 80.000 migrantes por la frontera del Tarajal (que no queda lejos) a finales del mes de julio.

Basta caminar unos pasos desde la casa de Mina para encontrarse con una precaria e improvisada tienda de campaña a base de lonas, cuerdas y palos que cubren un colchón. Unos pasos más allá, la escena se repite y en la plaza central del Poblado de Regulares, a apenas 50 metros, hay todo un campamento.

«Por la noche hay ruido todo el tiempo, hay peleas, la cosa está fatal», dice esta anciana que lleva toda su vida en este complejo de casitas de una y dos plantas que, en su origen, se levantó para albergar a militares del cercano cuartel González Tablas. «No salgo para nada, tengo miedo», repite mientras desanda sus pasos, de vuelta, otra vez, a su refugio.

En la última semana, coincidiendo con el desalojo del asentamiento chabolista de El Trampolín, se ha disparado el número de migrantes que se esconden en sus callejuelas, lo mismo que las molestias y la inseguridad que dicen sentir sus vecinos. Hay adultos, pero también varias decenas de menores que vagan sin cobijo y a los que los habitantes del Poblado de Regulares proporcionan comida y ropa. Es previsible que la situación empeore después de que ayer la Policía desalojara a los migrantes de El Guano. Se trataba del último gran asentamiento de migrantes, que se ejecuta en vísperas de la visita real.

Como Los Rosales, hay un puñado de barriadas, casi todas las periféricas, a las que se han trasladado cientos de migrantes huidos de El Trampolín. En esa playa se hacinaban, hasta su desalojo, más de 3.000 personas. La mayoría de ellas fueron conducidas por la Policía al centro de identificación y varios cientos, según la versión oficial, decidieron volver a Marruecos voluntariamente. Pero se cuentan por centenares los que lograron escabullirse y hoy se reparten por Los Rosales, Hadú, El Príncipe, el Sarchal, Sidi Embarek...

También en los montes que rodean la ciudad autónoma se han instalado decenas de las tiendas de campaña que antes ocupaban las playas. Esma, marroquí de Castillejos como Jamal, su pareja, y la hija de ella, Fátima, de solo 11 años, plantaron su tienda a las puertas del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y del campamento de la Caballería, los dos con el cartel de completos, con la esperanza de que, en algún momento, alguien les diga que pueden entrar.

Ella, de 40 años, dice que se fueron de Marruecos huyendo de su ex marido y padre de su hija y muestra una cicatriz que le recorre el rostro de arriba abajo a modo de prueba de los malos tratos que asegura haber sufrido. «No podemos volver, la Justicia de mi país no hace nada», responde cuando se le pregunta por qué prefieren vivir así en lugar de regresar a su país, distante apenas un kilómetro desde su tienda de campaña, a la que han colocado una lona para protegerse de las lluvias de los últimos días.

Con neumáticos aseguran los plásticos en las chabolas que han brotado en estos días en las naves del Tarajal. Muchos de los que estaban en El Trampolín y que fueron llevados para identificación por la Policía han terminado asentándose en las calles de este polígono colindante con la misma frontera que asaltaron hace algo más de dos meses. Hasta tal punto que el de las naves del Tarajal es, ahora mismo, el mayor asentamiento chabolista de migrantes de toda la ciudad.

Cuando los Reyes Felipe VI y Letizia lleguen este martes a Ceuta, habrán pasado 76 días desde el «ataque a la integridad territorial» española, tal como la definió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dos meses, dos semanas y dos días en los que muchos de los más de 80.000 migrantes que asaltaron la frontera (la cifra es objeto de discusión aún hoy) volvieron a Marruecos, pero muchos también se quedaron.

El Gobierno, pese a sacar pecho de cada regreso voluntario, admite más de 6.000 migrantes todavía en la ciudad y el Ejecutivo ceutí de Juan Jesús Vivas multiplica el número, hasta los 13.000 o incluso los 15.000. Demasiados, en todo caso, para los campamentos que se han ido levantando para albergarlos. No sobra ni una cama en ninguno de ellos y en todos, sin excepción, puede verse a sus puertas a hombres, mujeres y hasta niños esperando una plaza imposible.

La presencia policial y de militares en Ceuta sigue siendo, pese al tiempo transcurrido, tan necesaria como distópica. Los accesos a los supermercados están custodiados por soldados, hay batidas frecuentes de los Antidisturbios y los vehículos del Ejército de Tierra se han convertido en parte del tráfico habitual en sus calles y carreteras.

«Estamos muy lejos de la normalidad», certifica Francisco Galán, presidente de la asociación de vecinos del Puerto y al que todos en Ceuta conocen como Paquirri. Su barrio, justo enfrente de la terminal de pasajeros marítima, está cerrado a cal y canto desde que instalaron el campamento cercano en los terrenos portuarios. Solo se puede entrar o salir por uno de los seis accesos; los otros cinco están vallados para «evitar problemas».

Dice Galán que la Ceuta que se van a encontrar los Reyes está algo más controlada que hace un mes o dos y en su barrio se ha recuperado «cierta normalidad», aunque sea a costa de vallarlo. Pero, insiste, «la tranquilidad no puede llegar hasta que se vaya el último invasor».

Los caballas, que es como les gusta autodenominarse a los ceutíes, tienen pocas dudas a la hora de usar la palabra invasión para definir lo que ocurrió el 30 y 31 de julio y la palabra invasores para hablar de los migrantes que aún permanecen en su ciudad y que han roto «la paz» con la que vivían, coincide Ramesh Chandiramany, representante de la comunidad hindú de Ceuta, una de las cuatro que conviven aquí (la cristiana, la católica y la judía completan el puzle religioso de la ciudad).

Chandiramany se duele de los efectos de la crisis, duda de que algo parecido a la normalidad pueda regresar pronto a Ceuta y tiene claro que «esto se va a quedar, es una herida abierta y difícil de cicatrizar». Más de dos meses y medio después, afirma, los ceutíes se siguen sintiendo «abandonados». «La gente no puede salir a la calle con tranquilidad, es de una tristeza difícil de imaginar», dice.

Por no hablar del efecto económico, de la crisis añadida a la crisis. Él lo sabe bien, porque los negocios de importación y exportación de su familia lo han sufrido. En general, según los datos del Gobierno de Ceuta, se calculan una pérdidas de hasta 40 millones solo en el comercio. Y el turismo, apunta el vicepresidente ceutí, Alejandro Ramírez, «ha desaparecido».

Las perspectivas no son buenas y el pesimismo que transmite Ramírez se basa en datos. Explica que el Gobierno central ya ha terminado cerca de 4.000 expedientes pero no se ha consumado ninguna expulsión. «Todo va muy lento, no hay un horizonte claro para recuperar la normalidad», denuncia. «Hay que echarlos a todos», abunda.

Eso es lo mismo que piden los ceutíes acampados en la plaza Virgen de los Reyes, a los pies del edificio que alberga la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta en lo que llaman el mini-Trampolín porque surgió para reclamar el desalojo de esa playa. Allí seguirán, dice Estefanía Fernández, una de sus portavoces, «hasta que no se vaya el último inmigrante». «Queremos la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente», afirma.