Óscar Puente y Rubén Pérez Correa critican la postura de Feijóo y Vivas, señalando la ilegalidad de las devoluciones masivas sin garantías individuales
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El debate surge tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. El marco legal español exige garantías individualizadas para el retorno de menores, según sentencias previas del Tribunal Supremo.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha replicado este jueves a Alberto Núñez Feijóo que devolver a migrantes como planteó ayer el presidente del Partido Popular “es delito” mientras que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, lo ha tachado de “ilegalidad manifiesta”.
Ayer, Feijóo junto al presidente de Ceuta, el también popular Juan Vivas, reclamó al Gobierno que devuelva a todos los migrantes que entraron en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio, también a los menores. El líder del PP rechazó diferenciar entre mayores y menores de edad y defendió que todos deben volver a sus países de origen.
Puente, en uno de sus habituales mensajes en X, ha adjuntado la sentencia que condenó por prevaricación administrativa a la entonces delegada del gobierno español en Ceuta y a la vicepresidenta primera del ejecutivo de la ciudad autónoma por la devolución a Marrakech de menores no acompañados en agosto del 2021. “Lo que Feijóo pide es delito”, sentencia en su mensaje.
Por su parte en una entrevista en la Cadena Ser, Pérez Correa ha admitido estar “sorprendido” ante las declaraciones de los populares porque Feijóo “conoce perfectamente cómo funcionan los sistemas de protección”.
Así, ha reconocido que el ministerio respeta que la prioridad de Ceuta sea “el retorno de los menores a Marruecos”, pero “no comparte” la deportación masiva que defendieron en la rueda de prensa Vivas y Feijóo, al recordar que esta cuestión es ilegal.
El secretario de Estado ha insistido en que tanto el reglamento de retorno europeo, que exige la búsqueda de una familia, tutor o instalación adecuada para los menores, como el propio Tribunal Supremo, quien en el año 2021 estableció que las devoluciones tenían que tener “garantía individualizada”, impiden los retornos que plantearon los mandatarios del PP.
“Si esto fuera tan fácil como plantea ahora mismo el PP, sus sistemas de protección en comunidades autónomas que tutelan a miles de menores podrían haber empezado esto o haber buscado esta fórmula. Ellos son conscientes de que no es legal”, ha apostillado el secretario de Estado.
Este miércoles el presidente Vivas también negó estar informado sobre el plan de traslado en el que trabaja el Gobierno de unas 500 niñas a la Península. Sin embargo, Pérez Correa desmiente que el Ejecutivo autonómico desconociera este plan. “Lo conoce porque estamos trabajándolo con su dirección de Infancia”, ha explicado.
En este sentido, el secretario de Estado ha incidido en que el Ministerio es el encargado de hacer “una propuesta asentada en el territorio”, pero que también “exploran la posibilidad” de derivar a las niñas a recursos especializados de la península.
“Tenemos el mecanismo y los recursos económicos, hemos consignado 25 millones de euros, ha sido la primera actuación de emergencia porque nosotros ya veíamos la contingencia migratoria grave en los días previos”, ha detallado.
El secretario de Estado ha admitido, además, que no conocen el número exacto de menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma desde su entrada de forma ilegal hace tres semanas. “Tenemos datos de los menores que pernoctan en los sistemas de protección de Ceuta que han habilitado los propios vecinos y esa orquilla nos lleva a 2.400 o 2.500 menores, pero habrá más que están en la vía pública. Habría que cuantificarse de manera clara, pero la ciudad tiene complejidad territorial y está siendo complicado identificar el global”, ha dicho.
Sobre al posiblidad de que las Comunidades Autónomas deban acoger a menores llegados a Ceuta, Pérez Correa ha asegurado que “en todas las comunidades autónomas se va a cumplir la ley y si no actuará la Fiscalía de Menores”. “No entendemos otro escenario. Ningún director general o consejero puede limitar que un menor no pueda ser acogido. Se tiene que preservar el derecho al acogimiento”, ha advertido, sobre el rechazo de algunas comunidades del PP, en particular las que son gobernadas con Vox.
“Tenemos un elemento de diálogo que es la conferencia sectorial, la hemos convocado a final de mes. Yo planteé que incluyéramos un punto del día sobre la línea de trabajo del Ministerio y la situación de Ceuta, pero el PP dijo que no querían un punto de información”, ha denunciado. “Creemos que es probable, que hay colaboración y podemos entender las lógicas por presencias de partidos que actúan en base a sus intereses, pero hemos trabajado bien con administraciones del PP, como en Ceuta”, ha afirmado.
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Convocatoria de la conferencia sectorial a finales de mes para tratar la situación migratoria.
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