Hace ya casi treinta días, cuando estalló la crisis de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pidió la designación de una autoridad única capaz de gestionar todos los aspectos del drama humanitario que él ya intuía que iba a asolar su ciudad. La petición de Vivas cayó en saco roto, entre otras razones porque el Gobierno esperaba que las más de 70.000 personas que cruzaron la valla de El Tarajal regresarían por donde habían venido. El ministro Marlaska o el ministro Albares se limitaron a no enojar al vecino marroquí en la convicción de que si mantenía la puerta abierta y Ceuta no daba nada a los que habían entrado sin permiso, la crisis acabaría. Pero no fue así.
Casi un mes después y en su primera visita a Ceuta, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció ayer dos decisiones que adoptará el Gobierno hoy. Primero, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el presidente Pedro Sánchez a primera hora de la mañana y al que ha sido invitado el presidente ceutí, se decretará la declaración de situación de interés de Seguridad Nacional en Ceuta y la creación de un mando único para gestionar la crisis migratoria en la ciudad autónoma, encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Posteriormente, el Consejo de Ministros formalizará estas decisiones.
Torres se encargará de coordinar la crisis junto con un comité de expertos en el que estará, entre otros, el presidente Vivas, el delegado del Gobierno, el CNI y los ministerios implicados en la resolución de la crisis.
Según la ley de Seguridad Nacional, esta declaración de mando único debe aprobarse mediante real decreto e incluir la definición de la crisis, el ámbito geográfico afectado, la duración, el nombramiento de la autoridad funcional y la definición de sus competencias. Por tanto, hoy se conocerá el alcance de la gestión que asumirá el Gobierno dadas las limitadas competencias propias de Ceuta.
Además, se da la circunstancia de la que la citada ley y la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el 2021 otorgan especial relevancia a las ciudades autónomas “por su localización geográfica” y “por la especificidad de su frontera española y europea”.
Torres tendrá que hacer frente a numerosos problemas. El más importante, poder encontrar un lugar en Ceuta para albergar a quienes se resisten a volver a Marruecos. Son miles y la mayoría no tienen techo ni, en muchos casos, comida asegurada. Además del malestar de los habitantes de Ceuta en los últimos días diversas fuentes han detectado casos de enfermedades infecciosas razón por la cual es más urgente tener lugares donde tener tutelada a esta población y controlar su estado de salud.
La otra decisión anunciada ayer por Cuerpo fue el ofrecimiento de una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, diseñado en el 2022, con el objetivo de acometer las consecuencias económicas que la crisis está provocando en el tejido comercial y turístico.
En su comparecencia desde Ceuta, Cuerpo explicó que en “la tercera fase” de la respuesta a la crisis, centrada en resolver la “repatriación” de inmigrantes, “acoger adecuadamente a los menores” y solventar las demandas de asilo, se incluye la “importancia de que no pase factura a la ciudad”. “Somos conscientes de que los ciudadanos ceutíes lo están pasando mal” y “deben sentir al Estado”, reconoció.
Sin dar cifras ni plazos, el ministro explicó que será necesario establecer contactos con los agentes sociales y económicos locales para hacer una aproximación de las necesidades, pero aseguró que el Gobierno ha monitorizado las consecuencias a través de la evolución de la actividad económica y el consumo, y reconoció que los comerciantes y el sector turístico han notado las consecuencias.
El plan de desarrollo económico de Ceuta del 2022 está dotado con 354 millones de euros, de los cuales, según Cuerpo, se han movilizado más de 180 millones hasta la fecha. Este plan busca transformar la economía local, mejorar la conectividad digital y de transporte, y reforzar áreas clave como la educación, la sanidad, el comercio y el empleo tras crisis anteriores. Con su ampliación el Gobierno quiere “dar respuesta a una situación excepcionalidad”.
