El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas para inmigrantes

El Gobierno ha decidido tomar el control del puerto de Ceuta para lograr que se instale en la zona más alejada de la población una ubicación temporal con carpas para más de 1.000 inmigrantes. El puerto está controlado por la ciudad de Ceuta, como comunidad autónoma, y este viernes su consejo de administración votó en contra de ubicar allí a los inmigrantes, algo que estaba absolutamente pactado y que es importante para la estrategia de resolución del problema ceutí.

Así que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la ley de puertos para tomar el control y autorizar al Ministerio de Inclusión a instalar las carpas. Es algo muy similar a lo que se hizo en Canarias con la crisis del hantavirus, donde también hubo oposición de la comunidad autónoma. Con esta orden se podrá seguir sin problemas con los trabajos que ya habían empezado y el viernes fueron frenados por responsables del puerto.

La orden de Puente desautoriza todas las reticencias del puerto de Ceuta, controlado por Vivas -lo preside Juan Manuel Doncel, que fue su jefe de Gabinete y después consejero de Fomento- y sentencia que “Puertos del Estado ha emitido el correspondiente informe, en el que concluye que, aun pudiendo la ocupación temporal proyectada incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria, concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto”.

El ministro resuelve así “autorizar a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta”.

Se trata de una decisión inédita hasta ahora en la gestión de la crisis, que se había hecho siempre por consenso, pero el Gobierno cree que ya no puede aceptar más retrasos ni bloqueos por parte de la ciudad, dirigida por Juan Jesús Vivas, del PP, que en la crisis de 2021 aplaudió la gestión del Gobierno de Sánchez y ahora está muy enfrentado y habla a diario de “abandono”.

La ubicación temporal en dos parcelas sin uso del puerto estaba absolutamente pactada con Vivas, el presidente de Ceuta. Tanto que incluso representantes de los dos gobiernos visitaron la zona antes del decreto del Consejo de Ministros y estuvieron de acuerdo en la ubicación. Vivas además asumió la decisión en dos reuniones oficiales con el Gobierno, la del mando único y la del Consejo de Seguridad Nacional. Se decidió ir allí porque el presidente ceutí rechazó otros lugares que el Gobierno proponía, como la fábrica de harinas y el hospital militar, y antes los polideportivos.

Vivas dijo que sí al puerto, se pactó en el mando único y después se remató en el Consejo de Seguridad Nacional y él supervisó y aceptó el decreto, pero al llegar el momento de la decisión, el Consejo de Administración del puerto, dominado por personas nombradas por Vivas, votó 11 a 4 este viernes para rechazar la autorización de la instalación, según confirman tanto fuentes del Gobierno central como el de Ceuta. Esos 4 fueron los representantes del Gobierno, mientras los 11 son los de la ciudad, mayoritarios, y los empresarios del puerto, según fuentes del Ejecutivo.

Técnicamente, se usó el argumento legal de que en el puerto no pueden instalarse “edificaciones para residencia o habitación”, pero el Ejecutivo insiste en que esto es una carpa temporal, no una edificación. El informe del puerto de Ceuta que rechaza la ubicación también alega que “los dos accesos a las parcelas conectan con uno de los principales núcleos comerciales de la ciudad, y la zona es contigua a un centro de educación infantil y primaria y a una pista deportiva frecuentada diariamente por centenares de menores”, y que hay muy cerca 42.000 toneladas de combustible y hay riesgo de sabotajes. Pero todo esto era conocido cuando Vivas aceptó la ubicación, y ambos gobiernos pactaron que se podía gestionar con seguridad, por eso el Ejecutivo está ahora indignado con esta marcha atrás.

El Ejecutivo considera esta maniobra una deslealtad absoluta de Vivas, que en la visión del Gobierno está complicando cada vez más la gestión con sus marchas atrás o su retraso en autorizar el envío de menores a la península, por ejemplo. Por eso el Gobierno ha decidido algo que hasta ahora no había hecho en toda la crisis, ni siquiera después del establecimiento de un mando único: tomar el control directamente de la situación a través de una orden ministerial para así poder avanzar en los trabajos para instalar la ubicación temporal de los migrantes. Hasta ahora el mando único en realidad ha consistido en que Vivas podía vetar todo lo que quisiera, como hizo con los polideportivos.

El Gobierno ve una maniobra política detrás, porque el Ejecutivo asume el volumen principal de la gestión, el coste de las decisiones de ubicación, pone los medios y ha aprobado hasta 309 millones para Ceuta, pero todas las críticas van hacia los ministros mientras la popularidad de Vivas crece porque él es quien rechaza ubicaciones como los polideportivos.

Técnicamente la intervención del puerto es una decisión sencilla, que ya se tomó con la crisis del hantavirus ante la resistencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para que el barco fuese trasladado a un puerto de esta comunidad, aunque entonces se usó otro artículo porque no hubo una negativa por escrito. El Ejecutivo optó por tomar el control del puerto y todo funcionó sin problemas y no hubo ningún contagio de la población local, a pesar de los temores que difundió Clavijo apelando incluso a supuestas ratas nadadoras.

Pero esta decisión políticamente es más delicada, porque la población de Ceuta está muy en contra del Gobierno y discute casi todos los nuevos espacios y el riesgo de una movilización contra la ubicación en el puerto es importante. Aún así, el propio informe del puerto de Ceuta rechazando la ubicación abre la puerta a la intervención del ministro al recordar que el artículo 73.3 de la ley puertos señala que, “cuando la Autoridad Portuaria considere que la solicitud es incompatible con la normal explotación del puerto, la elevará a Puertos del Estado quien, una vez emitido el correspondiente informe, lo trasladará al Ministro de Fomento, quien resolverá sobre el otorgamiento de la autorización, atendiendo al interés general”. Eso es exactamente lo que ha sucedido este sábado.

El Gobierno ha evitado todo lo posible esta decisión drástica pero ante las dificultades persistentes que pone Vivas y su equipo ha decidido retomar el control para poder ubicar a esos inmigrantes, sacarlos de las calles, quitar el problema que más afecta a los ceutíes —miles de personas durmiendo al raso y generando desajustes de todo tipo para ellos y para los demás— y también para cumplir con lo que piden los ciudadanos, esto es iniciar los trámites de filiación y posterior devolución, algo que es prácticamente imposible con las personas que duermen en la calle.

Esta tensión entre el Gobierno y la ciudad para encontrar espacios, con la presión de los vecinos detrás, ha sido constante en este mes, y aunque no ha centrado el foco mediático, es decisiva para la gestión de la crisis, para sacar a los inmigrantes de las calles -el Ejecutivo cree que aún pueden quedar 3.000 porque es el número de comidas que se están repartiendo fuera de los centros ya habilitados- y para acelerar las devoluciones de los adultos, dado que se ha descartado su traslado a la península. Con los menores, el Gobierno presiona a Vivas para que acepte su traslado a la península, pero no puede moverse sin su firma porque por ley la tutela le corresponde a la ciudad.

No hay muchas opciones para resolver el problema: no se pueden expulsar sin expedientes, porque es ilegal —hubo dos políticas del PSOE y del PP inhabilitadas por la crisis de 2021—, no se pueden llevar a la península, solo queda ubicarlos para filiarlos y empezar el proceso de devolución. Ángel Víctor Torres, líder del mando único, insiste mucho en esa idea: cuanto antes estén todos ubicados, antes se les podrá devolver, y si los vecinos y la ciudad bloquean el proceso, están retrasando la solución. La crisis toma un nuevo rumbo ahora con la decisión de tomar el control del puerto, y el Gobierno insiste en que ya no hay marcha atrás: todo lo que está en el decreto se va a hacer lo más rápido posible y los vecinos tienen que entender que se hace para beneficiarles.