El Gobierno obliga a retirar el 12% del aceite de oliva para frenar la caída de los precios y la industria lo recurrirá

El Gobierno ha ordenado por primera vez retirar del mercado parte de la cosecha de aceite de oliva para evitar que se hundan los precios. El Ministerio de Agricultura publicó este viernes en el BOE la resolución que obliga a las almazaras a guardar el 12% de su producción, unas 188.000 toneladas, que no podrán venderse hasta el 30 de septiembre de 2027.

La medida ha partido al sector en dos. Los agricultores, que la reclamaban desde hace años, la consideran "histórica" y necesaria para sobrevivir con el aceite a unos tres euros por kilo. Los envasadores la recurrirán, y tanto ellos como los consumidores advierten de que puede acabar pagándola el comprador en el supermercado.

El Ministerio prevé una producción de 1.602.596 toneladas en la campaña 2026/2027, un 23% más que en la anterior y la cuarta mayor de la serie histórica. A esa cifra se suman 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que hace un año. Juntas superan el umbral que fija la norma: el 120% de la media de las seis campañas anteriores.

La orden que regula el mecanismo, publicada el 30 de octubre, permitía retirar hasta el 20% de la producción. Agricultura lo ha fijado en el 12%. Cada almazara deberá guardar ese porcentaje de lo que declare cada mes a partir de noviembre, en depósitos propios o ajenos, y podrá elegir la categoría del aceite que inmoviliza. La norma no prevé ninguna compensación por el coste del almacenamiento.

El control corresponderá a las comunidades autónomas. El Ministerio revisará el porcentaje a partir del 31 de diciembre y podrá rebajarlo si cambian las estimaciones de cosecha o la evolución de los precios.

Las organizaciones agrarias llevaban años reclamando el mecanismo. Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, lo califica de "medida histórica" y confía en que, con "menos oferta", los precios en origen mejoren. "Estamos en el filo de la navaja, muchas explotaciones estamos al límite de seguir funcionando", advierte. Según sus datos, el aceite se paga ahora a unos tres euros por kilo, cuando la mayoría de explotaciones solo son rentables a partir de 4,5.

Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, recuerda que hace un año el aceite superaba los 4,90 euros y ahora "escasamente" pasa de los tres. Francisco Elvira, responsable del olivar en COAG, defiende que la medida solo guarda el excedente de las campañas altas para los años de menor cosecha y que dará "estabilidad tanto a los productores como a los consumidores".

La industria envasadora llevará la medida a los tribunales. "Viene a alterar la ley de la oferta y la demanda, y nosotros creemos que no es el camino. Por eso la vamos a recurrir", asegura a EL MUNDO Primitivo Fernández, director de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), que según sus propios datos representa el 65% del aceite de oliva envasado en España. Fernández no precisó ante qué instancia presentarán el recurso ni si pedirán su suspensión cautelar.

Anierac ya se opuso cuando se diseñó el marco legal, "y ahora nos vamos a oponer de nuevo". Su principal crítica es que se trate de una medida extraordinaria: "Si aquí tenemos problemas, lo que no tiene sentido es dar soluciones temporales y coyunturales".

El director de Anierac sostiene que "ningún otro país está aplicando medidas en este momento", lo que, a su juicio, "termina por discriminarnos" frente a otros productores. Y avisa de que, si la retirada tiene el efecto buscado sobre los precios, "al resto de la cadena nos va a perjudicar" y "finalmente se va a repercutir, probablemente, al consumidor". Su alternativa pasa por aumentar el consumo con promoción.

En octubre, Anierac y la patronal de exportadores, Asoliva, ya advirtieron en un comunicado conjunto del riesgo de perder clientes en el exterior. "Si la retirada reduce nuestra disponibilidad o competitividad en los mercados internacionales, otros países pueden ocupar ese espacio", señaló entonces Rafael Pico, director de Asoliva.

Ambas organizaciones se apoyan en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que advirtió de que restringir la oferta puede elevar los precios, reducir los incentivos para mejorar la calidad y la variedad y aumentar el riesgo de coordinación entre operadores, con perjuicio para los consumidores.

Facua considera "escandaloso» que el Gobierno intervenga ahora para frenar las bajadas y recuerda que no lo hizo en 2023, cuando el litro de virgen extra de algunas marcas superó los 15 euros tras dos cosechas muy cortas por la sequía. "Solo se ha intervenido de manera contundente para evitar que los precios bajen", critica su secretario general, Rubén Sánchez.

La asociación teme que la medida suba el precio en los lineales e impida que el abaratamiento en origen llegue al consumidor, y vuelve a pedir al Ministerio que tope los precios de los alimentos básicos.

La obligación recae sobre todas las almazaras. Dcoop, el mayor grupo cooperativo oleícola, asegura que cuenta con "capacidad de almacenamiento propia para toda su producción, por lo que podría asumir esa retirada". No ha precisado cuántas toneladas tendrá que inmovilizar porque la campaña "está empezando ahora".

La situación puede ser distinta para las almazaras pequeñas. La CNMC detectó que la memoria de la norma prevía eximir a las de menor tamaño, que suman el 2% del mercado, pero esa exención no aparecía en el borrador. Tampoco figura en la orden publicada.