El Gobierno presenta dos decretos para frenar la crisis de vivienda con medidas fiscales y de financiación

Un decreto con la propuesta de prórroga automática permanente de los contratos de alquiler como guiño a sus socios de Sumar y a los promotores de la acampada en Sol, y otro decreto con el resto de medidas para intentar lograr el respaldo de la mayoría parlamentaria. Es el resultado de 48 horas frenéticas de negociación, tras las cuales el Gobierno ha salido este martes a presentar una batería de medidas frente a la crisis de vivienda. Como principales novedades, Moncloa ha anunciado su intención de "paralizar las compras especulativas" de grandes fondos, una rebaja del 4% en el IVA de la construcción de vivienda pública y protegida, y un nuevo instrumento llamado Tu Casa por el que el propio Estado se convierte en prestamista de la familias en alquiler para facilitarles financiación a tipo 0 con la que dar la entrada de acceso a una hipoteca. "Hasta un 20% del valor de la vivienda con un máximo de 50.000 euros y con la gestión a través del ICO", ha explicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

"Es un acuerdo que reconstruye la mayoría en el parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país", ha defendido Rodríguez durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. Según ha detallado la ministra, el decreto más extenso incluye medidas como ampliar el escudo antidesahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 o impedir la compra de vivienda por parte de fondos y empresas con fines "especulativos".

En la parte fiscal, el texto incluye elevar al 10% el IVA de los pisos turísticos, en lugar del 21% que se negoció antes del verano; "reordenar la situación de la fiscalidad de las socimis para que orienten su inversión a la vivienda asequible, no a la especulación", y establecer bonificaciones a propietarios e inquilinos, si bien la ministra no ha detallado cuáles. Respecto a estos últimos, la idea de Moncloa pasa por conceder bonificaciones graduales a arrendatarios con una renta de hasta 33.000 euros anuales que, según sus cálculos, les permitirá ahorrar una mensualidad y llegar a 1,6 millones de hogares.

También desde un punto de vista fiscal y con el objetivo de "proteger el parque público, consolidando el modelo de Casa 47", el Ejecutivo propone una rebaja al 4%, es decir al tipo superreducido, en la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida.

Rodríguez ha dejado para el final de su exposición la medida que más polémica ha levantado entre los partidos con los que ha tenido que negociar en estas últimas horas: la prórroga de los contratos de alquiler vigente. La ministra no ha entrado en concreción porque el texto no está desarrollado por completo, lo cual da una idea de lo complicado que ha sido ahondar en esta vía. El Gobierno ha optado por dividir las medidas en dos decretos que pretende llevar el próximo viernes al Congreso de Ministros para su convalidación. La táctica persigue, por un lado, conseguir el apoyo de PNV y Junts para la mayor parte de las medidas, y por otro lado, atender las demandas de sus socios a la izquierda, siquiera de manera simbólica, en otro decreto con la renovación automática de los contratos de alquiler, cuyo respaldo por parte de las fuerzas nacionalistas presenta más incertidumbres.

Sin embargo, Isabel Rodríguez ha asegurado que la separación no se ha dado por el origen de las reivindicaciones, sino porque "es la cuestión que menos se ha trabajado hasta ahora con los grupos parlamentarios [...] Tenemos por un lado lo que se ha podido avanzar con los grupos políticos y por otro lo que estamos a tiempo de avanzar", ha dicho.

Prórroga automática

La renovación automática de los contratos supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario. Una indemnización que los sindicatos de inquilinas habían propuesto que llegara al mes por año de residencia en la vivienda alquilada.

El Ministerio de Vivienda se había negado a incluir esta medida en su decreto, alegando que el PNV y Junts nunca lo apoyarían, pero también por considerar que no pueden calibrar su alcance, al no haber podido realizar informes.

Fuentes socialistas consultadas por la agencia Efe se han quejado en las últimas horas de que Sumar incluyera este "elemento de última hora" que "desmontaba todo el trabajo de meses", por lo que finalmente los socios han acordado aprobar dos decretos.