El juez Juan Carlos Peinado García investiga a Begoña Gómez y enfrenta críticas del Gobierno

El nombre de Juan Carlos Peinado García (El Tiemblo, Ávila, 1954) se dio a conocer en abril de 2024, cuando abrió una investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El auto del día 16 declaraba la causa secreta ante "la persona o posibles personas que, con distinto grado de participación en los mismos, puedan ser responsables penalmente". La trascendencia de la resolución se reflejó pronto: ocho días más tarde, cuando se conoció, Sánchez anunció que se tomaba cinco días de reflexión para decidir si dimitía.

Peinado estaba entonces a pocos meses de cumplir los 70 años y acababa de pedir al Consejo General del Poder Judicial la última prórroga posible para retrasar su jubilación hasta los 72, que cumple hoy. Termina así una carrera que se inició en 1994, cuando ya cuarentón accedió a la judicatura por el llamado tercer turno, aprovechando su experiencia como secretario de ayuntamiento. Antes de recalar en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid en 2016, pasó por juzgados civiles, penales y contenciosos de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Albacete y Getafe.

Los dos años, cinco meses y cinco días transcurridos entre la apertura del caso Begoña y el auto del pasado lunes que enviaba a juicio a la esposa del presidente han estado repletos de vicisitudes procesales y políticas. Peinado no solo ha sorteado una miríada de recursos que buscaban cerrar la causa, comenzando por los de la Fiscalía de Madrid, sino que también ha tenido que esquivar una querella por prevaricación de la Abogacía del Estado en nombre del propio presidente del Gobierno.

Fue presentada conforme el magistrado abandonaba el Palacio de la Moncloa, donde, en una diligencia sin precedentes, acababa de interrogar como testigo al presidente del Gobierno sobre las actividades de su esposa. La querella fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un duro auto que estuvo más cerca de multar a Pedro Sánchez por mala fe procesal que de acceder a una investigación contra el juez. Eso no ha impedido que desde el Gobierno y su entorno se le haya mantenido siempre el calificativo de "prevaricador".

No fue aquella del 30 de julio de 2024 la única visita de Peinado a La Moncloa. En vísperas de la Semana Santa del año siguiente, cruzó de nuevo la barrera de seguridad del complejo para interrogar, esta vez, al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Si la comparecencia de Sánchez había sido breve y fría -como marido, eligió no responder-, la de Félix Bolaños fue larga y tensa. Larga porque arrancó con casi una hora de retraso, a la espera de la tarima que el instructor reclamaba para situarse por encima del testigo. Y tensa porque el juez llegó a decir al testigo que estaba eludiendo las preguntas -no podía hacerlo- y que no le gustaba la sonrisa que exhibía.

Este encuentro tuvo dos consecuencias. La primera, que el ministro denunció al juez ante el CGPJ. Ni esa queja ni las que fue añadiendo han prosperado, según ha ratificado esta misma semana la Comisión Permanente. La segunda, que Peinado llevó al ministro ante el Supremo, pidiendo que le investigara por la contratación de la asesora de Gómez en La Moncloa. La rotunda negativa del Alto Tribunal ha sido también munición gubernamental.

A la esposa del presidente no la interrogó en el palacio donde reside, sino en los baqueteados juzgados de Plaza de Castilla, conforme avanzaba la investigación y crecía el ámbito de las imputaciones. Cinco veces tuvo que presentarse Begoña Gómez en la sexta planta del edificio, donde nunca aceptó otras preguntas que las de la defensa.

La Audiencia de Madrid ha corregido al juez Peinado numerosas veces. Tres veces tuvo que decirle que el rescate de Air Europa quedaba fuera de su investigación. El empecinamiento del instructor sirvió al Ejecutivo para seguir alimentando las críticas a una actuación que consideraban "politizada".

Los reproches públicos arreciaron especialmente cuando, el pasado junio, prohibió a Begoña Gómez la salida del país y le impuso comparecencias quincenales. Su afirmación de que las Fuerzas de Seguridad podrían ayudarla en su huida llevó al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a reclamar la intervención del CGPJ, que remitió lo sucedido al TSJ de Madrid. El tribunal no vio nada sancionable.

Además de levantar esas cautelares, la Audiencia ha ido revocando otras decisiones clave, como el registro al empresario Juan Carlos Barrabés o la imputación del rector de la Universidad Complutense.