El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha decidido mantener su voto a favor para salvar el llamado decreto Maricarmen pese a que una de las mayores caídas en la oferta de alquiler tras la aprobación provisional de la nueva normativa se ha producido precisamente en las capitales vascas. «Ya nos hemos pronunciado sobre los decretos y mantenemos la misma postura. Votaremos que sí al primer decreto porque incluye medidas que son necesarias», afirma un portavoz del grupo parlamentario vasco en Madrid a este diario. La convalidación está prevista para el próximo día 12.
Según los datos del portal especializado Idealista, sólo en el primer mes desde la aprobación en el Consejo de Ministros de la nueva normativa ligada con el desahucio de la fallecida anciana Maricarmen Abascal, Vitoria está en el grupo de cabeza de las ciudades españolas en el que mayor destrozo ha causado la regulación. En el portal inmobiliario sostienen que «la oferta de viviendas en alquiler en Idealista se ha desplomado un 27% desde la aprobación de los primeros decretos de vivienda el pasado 29 de septiembre posteriormente derogados por la mayoría del Congreso de los Diputados».
En San Sebastián se han retirado el 24% de los anuncios de alquiler en el último mes y en Bilbao un 21%, todas ellas por encima de la media nacional, que está en el ya elevado 19%. En cuanto a Pamplona, la capital navarra en la que el PNV aspira también a tener influencia, la caída de oferta está siendo del 30%, según Idealista.
Tras el portazo de Junts, la base de ambos decretos fue recuperada después por Pedro Sánchez tras convocar elecciones anticipadas y aprovechando que el partido de Carles Puigdemont ya no es necesario en la Diputación Permanente, un formato parlamentario más controlado por el Gobierno. El efecto de la aprobación de los dos decretos el pasado 6 de octubre , según Idealista, es determinante para la retirada de decenas de miles de pisos de alquiler en toda España en las últimas semanas, como publicó este viernes El MUNDO.
En la Diputación Permanente el PSOE y los socios a su izquierda necesitan el apoyo decisivo del PNV que, pese a que declara una mayor sensibilidad con los propietarios, está dispuesto a salvar el primer decreto.
El PNV discrepa de Junts en el efecto perjudicial para la oferta de alquiler del primer decreto y sostiene que el problema está en el segundo de los decretos, el patrocinado por Sumar. «En el primero hay medidas necesarias como la regulación del alquiler de temporada, que era uno de los agujeros negros de la Ley de Vivienda de 2023, las limitaciones a la actividad de los fondos buitre que conseguimos incorporar y la protección tanto a las personas vulnerables como a los pequeños propietarios de dos o menos viviendas», asegura la citada fuente oficial.
La formación que preside Aitor Esteban, importante sostén del Gobierno en esta legislatura, sí mantiene su rechazo al segundo decreto, porque «supone un ataque al pequeño propietario y creemos que es el que realmente es contraproducente y retrae la oferta de la vivienda del alquiler en el mercado».
Sin embargo, expertos inmobiliarios consultados aseguran que el daño en la oferta lo está produciendo el primer decreto, porque con respecto al segundo, que incluye indemnizaciones de 12 meses por parte de los propietarios a los inquilinos, se dio por sentado desde el primer momento que no saldrá adelante. «En el caso del País Vasco los reales decretos lo que hacen es profundizar la crisis, porque ya tienen la regulación más intervencionista en el alquiler junto a Cataluña», aseguran.
El Gobierno del PNV, que actúa en coalición con los socialistas vascos, aplica en zonas tensionadas la Ley de Vivienda, aunque no llega tan lejos como EH Bildu, que perdió una votación este jueves en el Parlamento Vasco en favor de declarar tensionada toda la comunidad autónoma. La línea oficial del PNV es que no se debe intervenir en todo el territorio, sino poner topes a los alquileres de forma selectiva de un modo "basado en el acuerdo y en la elaboración conjunta con los municipios de planes de actuación que permitan superar la situación de tensionamiento con medidas concretas para ampliar la oferta de vivienda asequible".
