El PP promete restaurar el Premio Nacional de Tauromaquia y dar más "protección" legal y más "proyección" económica a los toros

El toro no tiene terrenos y no hay registrador de la propiedad que pueda delimitárselos. Se lo dijo Juan Belmonte a Manuel Chaves Nogales para explicar su revolución en los ruedos, pero la sentencia tiene exactamente la misma vigencia hoy para conjurar la batalla ideológica en torno a los toros. La tauromaquia no es de derechas ni de izquierdas, sino del pueblo, y, como tal, patrimonio cultural de España, pero también de Portugal, de Francia y de Hispanoamérica.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero creó en 2011 el Premio Nacional de Tauromaquia, para premiar a quien destaque «por su labor en favor de la difusión de los valores culturales de la tauromaquia».

Trece años después, en 2024, el todavía ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ordenó eliminar el galardón, porque, a su juicio, «las tradiciones evolucionan» y la sociedad caminaba ya en sentido contrario. Sin embargo, lo cierto es que, desde que se suprimió el premio, la asistencia a las principales plazas de toros no ha parado de batir récords de asistencia.

Ahora, al borde de una campaña electoral en la que Vox pugna por atribuirse los «terrenos» de la defensa de los toros con un enfoque identitario, y mientras el equipo de Abascal se queja de que Feijóo lo «copie» por ir a los toros o por visitar a Morante de la Puebla en el hotel, el PP ha incluido en su programa electoral la promesa de restituir el Premio Nacional de Tauromaquia.

El texto de la medida, al que ha accedido EL MUNDO, es el siguiente: «Recuperaremos el respeto y la promoción de las expresiones que mejor combinan tradición y futuro, empezando por la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, y fortaleceremos la presencia y proyección de estas manifestaciones dentro y fuera de España».

Esto último entronca directamente con el artículo 46 de la Constitución, que es categórico, ya que consagra que los gobiernos no sólo deben respetar la tauromaquia, sino que tienen la obligación legal de promoverla: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran». Como ya dictó el Tribunal Constitucional al declarar ilegal la prohibición de los toros en Cataluña, la tauromaquia está legalmente blindada como cultura y, por tanto, no se puede censurar.

El programa del PP prosigue así: «Construiremos el futuro desde las raíces. Los diferentes folclores y cada una de nuestras fiestas y tradiciones populares también forman parte del patrimonio y el paisaje cultural común de España. Garantizaremos su protección, apoyaremos a quienes las mantienen vivas y facilitaremos su transmisión a las nuevas generaciones».

La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, en 2024, fue un gesto sin trascendencia abolicionista alguna, en términos prácticos. Al revés: produjo una enorme movilización de las comunidades autónomas del PP y del PSOE en favor de la cultura taurina, mientras el Senado asumía, de la mano de la Fundación Toro de Lidia, la convocatoria del premio (este año, sin ir más lejos, lo ha recogido Curro Vázquez).