
La exalcaldesa de Barcelona regresa a la primera línea política como candidata por los Comunes, arrastrando su historial de desafección institucional y monárquica.
Ada Colau regresa a la primera línea política como candidata de los Comunes por Barcelona, impulsada por su perfil soberanista y su histórico rechazo al orden constitucional y a la Corona española.
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Ada Colau gobernó el Ayuntamiento de Barcelona tras ganar las elecciones municipales de 2015 y mantuvo el cargo hasta 2023.
Que Ada Colau fue la alcaldesa que sumió a Barcelona en un desgobierno del que todavía se está recuperando es una opinión compartida por una legión de vecinos de la capital catalana. Que abandonó la política profesional forzada por dos derrotas electorales consecutivas, y no movida por ese afán de renovación institucional que pregonaba en sus inicios, es un hecho irrefutable. Como también lo es que regresa a lomos de la inmejorable oportunidad política que le brinda el desahucio más mediático de la Historia de España, porque, así, parando desahucios, saltó del activismo a la moqueta del Consistorio barcelonés.
Pero la elección de Colau como candidata oficiosa del Frente Amplio y la decisión de que opte a la presidencia del Gobierno como cabeza de lista por Barcelona, en lugar de liderar la candidatura desde Madrid, como es habitual, invita a subrayar que la líder de los Comunes también es una dirigente de reconocido perfil soberanista, que alienta un modelo confederal de España y que ha hecho de la demonización del «régimen del 78» y de la Corona líneas maestras de su credo político.
Colau votó «sí-sí» en la consulta independentista del 9-N. Es decir, respondió afirmativamente a las siguientes preguntas: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y ¿En caso afirmativo, quiere que ese Estado sea independiente?».
La hábil líder de los Comunes defiende la existencia de una España «plurinacional», pero, aun así, despierta un odio visceral entre los secesionistas, por varios motivos. El primero es que rechaza la unilateralidad y abraza del concepto del «derecho a decidir», en el que el hecho de poder votar la secesión de Cataluña prepondera sobre la verdadera voluntad de separarse de los «pueblos hermanos» de España. Un concepto que llegó a abrazar el PSC en sus años de mayor confusión ideológica, los que coincidieron con el arranque del procés, y que, en cualquier caso, es demasiado tenue para los separatistas más cafeteros.
Además, durante el referéndum ilegal del 1-O Colau optó por votar en blanco y delegó en la Generalitat la apertura de los colegios electorales de Barcelona para no implicarse en la votación y no poder ser posteriormente incriminada, como sí les ocurrió a los miembros del Govern de la Generalitat y a muchos altos cargos de la Administración autonómica que participaron de los preparativos de la votación independentista de 2017.
El segundo motivo es que a Colau no le dolieron prendas para aliarse con Manuel Valls para retener la Alcaldía de Barcelona en 2019, a pesar de haber perdido frente al candidato de ERC, Ernest Maragall, ni para votar contra el PP en 2023, con el fin de impedir que Xavier Trias recuperara el cargo que había perdido en 2015 precisamente ante Colau.
Donde no existen fisuras entre el independentismo y Colau es en la aversión de ambos hacia la Corona. En cuanto se hizo por primera vez con la vara de mando del Ayuntamiento de Barcelona, Colau puso en marcha un plan para «desborbonizar» la ciudad, que desembocó en la eliminación de todo rastro de la Monarquía española tanto del entramado urbano como del propio Consistorio. Se renombraron todas las calles que llevaban el nombre de alguno de los miembros de la Familia Real y se llevaron a cabo gestos tan mediáticos como retirar el busto del Rey Juan Carlos del salón de plenos del Ayuntamiento. Al frente de todas aquellas maniobras estaba Gerardo Pisarello, entonces primer teniente de alcalde y ahora candidato a la Alcaldía de Barcelona, tras su paso por las Cortes Generales. El que escribe fue testigo de cómo Pisarello ordenó al operario municipal designado para retirar el busto del ahora Rey Emérito repetir la acción hasta en dos ocasiones para asegurarse de que las cámaras de televisión captaban al detalle la afrenta a la Corona.
Seis años después, obligada por una sentencia del Tribunal Supremo, Colau tuvo que devolver la efigie del Rey al salón de plenos del Consistorio, pero lo hizo a regañadientes, situando una imagen de Felipe VI de sólo 30 centímetros de alto por 40 de ancho en un lateral de la estancia.
Pero no finalizaron ahí los desplantes de Colau a la Monarquía. Como alcaldesa de Barcelona se negó a participar en numerosas ocasiones en el saludo protocolario al Monarca que tenía lugar con motivo de la inauguración del Mobile World Congress.
Madre de la «nueva política», también defendió con ahínco la necesidad de promover un cambio institucional que derribara los pilares del bipartidismo y el orden constitucional forjado en la Transición.

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