Buena parte de la Unión Europa, incluyendo tres de sus grandes economías —Alemania, Francia y España—, ha vivido un verano en el que el cambio climático ha mostrado su virulenta cara en forma de olas de calor extremo, que han disparado las muertes ligadas a las altas temperaturas y los incendios incontrolables. Este letal estío sirve de telón de fondo sobre un debate esencial: ¿está Europa preparada para afrontar las consecuencias de un calentamiento galopante? Y la respuesta es no, como admite la propia Comisión Europa. Bruselas presentará este otoño el denominado Marco Europeo Integrado de Resiliencia Climática, un ambicioso plan que debe servir para que la UE se adelante a los impactos de esta crisis. Y el Ministerio para la Transición Ecológica español está participando activamente en los debates para la elaboración de ese plan.
La postura final de España se plasma en un documento que Transición Ecológica envió este jueves a Wopke Hoekstra, el comisario europeo de Clima, encargado de esta estrategia sobre adaptación. En ese documento, al que ha accedido EL PAÍS, se pide la creación de un “sistema permanente de respuesta a emergencias climáticas de la UE”. Se aboga por reformar los mecanismos ya existentes para crear “una capacidad plenamente integrada y de despliegue rápido, dotada de un conjunto reforzado de recursos compartidos”, como “una flota aérea europea dedicada a la extinción de incendios”.
Pero la propuesta española va mucho más allá de los incendios y plantea que la UE adopte un enfoque global de adaptación al cambio climático. “No podemos seguir inventariando pérdidas. Es momento de anticiparnos. Por eso proponemos crear las condiciones necesarias, incluyendo financiación para impulsar las inversiones en adaptación”, detalla la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. España propone la creación de “un fondo europeo de adaptación climática específico”, que sirva para poder afrontar todas esas políticas de protección y respuesta.
De nuevo, la clave está en cómo se financia ese fondo, que en opinión de España debe ir acompañado de “nuevos recursos”. “Podrían generarse mediante mecanismos innovadores, como gravámenes relacionados con el clima y otros instrumentos fiscales”, apunta el texto. Se pone como ejemplo una posible tasa a los vuelos de lujo, algo que defiende desde hace tiempo también Francia. Además, se apunta a “otros instrumentos fiscales, incluyendo un impuesto europeo de resiliencia climática sobre los beneficios del sector del petróleo y gas”. Este nuevo gravamen a las empresas de combustibles fósiles, que son los principales causantes del cambio climático, sería estable y no ligado a determinados picos de los beneficios como los vividos con las últimas crisis vinculadas a los conflictos de Ucrania e Irán.
El debate sobre los impuestos a los combustibles fósiles, que lleva años asentado en la diplomacia climática, está ganando fuerza en las últimas semanas ligado a la estrategia de adaptación al cambio climático que está ultimando Bruselas. Seis países de la UE —Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y España— pidieron en agosto el establecimiento de este instrumento fiscal. “También deberían explorarse opciones adicionales de financiación, incluidos instrumentos comunes de deuda europea, para ayudar a reducir la brecha de financiación”, añade la propuesta española, a la que Transición Ecológica espera que se vayan sumando más gobiernos de los Veintisiete en los próximos días.
Seguros
Uno de los problemas que preocupan tanto en Bruselas como en el departamento de Aagesen son los ciudadanos que se puedan quedar al margen del sistema de seguros y verse afectados por los eventos extremos que alimenta el calentamiento global, como incendios o inundaciones. “La UE debe explorar instrumentos financieros comunes para fortalecer la resiliencia climática, como un plan de reaseguro público-privado europeo para cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con el clima”, señala la propuesta de España.
El objetivo es agrupar “riesgos entre los Estados miembros para ampliar la cobertura, diversificar la exposición y beneficiarse de economías de escala, mientras se mantiene financiado mediante primas basadas en el riesgo”. Este modelo mancomunado podría “abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático que se activarían en caso de riesgos extremos”. Esta idea ya fue barajada por la Comisión Europea en 2017, pero recibió entonces el portazo de Berlín.
Sin embargo, casi una década después, los impactos del cambio climático en Europa lejos de disminuir se acrecientan año a año, verano a verano.
“Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, a aproximadamente el doble de la tasa media mundial”, señala Aagesen en una carta que también ha remitido a Hoekstra junto a la propuesta de plan. En la misiva, la vicepresidenta recuerda que “muchos Estados miembros se encuentran altamente expuestos” y que los “enfoques reactivos son insuficientes para afrontar los riesgos”. Aagesen apoya en ese escrito que la estrategia que está preparando Bruselas sea un instrumento “ambicioso, acorde a la magnitud del reto”.
Para el Gobierno español ese marco europeo que debe lanzar la Comisión “necesita un componente legislativo sólido” en el que se fijen “objetivos de adaptación vinculantes a escala europea para el corto, medio y largo plazo”. Esas metas, que deben partir del conocimiento científico, “deberían centrarse inicialmente en los sectores estratégicos en riesgo” como “el agua, la salud, las infraestructuras, los bosques y la biodiversidad, el turismo, la agricultura y la pesca”, y luego “extenderse gradualmente a todos los sectores sociales y económicos” de la UE.
Además, España quiere que la UE establezca “el requisito de que todos los procesos públicos de planificación y toma de decisiones evalúen e integren sistemáticamente los riesgos climáticos”. Esto supone que “los riesgos climáticos deben integrarse de forma sistemática en el diseño de las infraestructuras, los instrumentos de inversión, la ordenación del territorio y las políticas sectoriales, garantizando así que las decisiones que se adopten hoy sigan siendo sólidas frente a escenarios climáticos futuros y no generen nuevas vulnerabilidades o riesgos de mala adaptación”.
No hacerlo, saldrá más caro para la economía europea, según el razonamiento del Gobierno español. “Los Estados miembros de la UE han acumulado 822.000 millones de euros en pérdidas asociadas a fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con el clima desde 1980″, apunta el documento. “Solo entre 2021 y 2024, las pérdidas ascendieron a aproximadamente 208.000 millones de euros”, recuerda Transición Ecológica. “Los impactos climáticos representan, por tanto, no solo un reto medioambiental, sino un riesgo creciente para la seguridad europea, la competitividad y nuestra prosperidad”, concluye el ministerio.
