El Gobierno presenta su última solicitud de pago de fondos europeos con rebajas de ambición en proyectos donde se podría esperar lo contrario por la alta sensibilidad social. Una muestra es que ha recortado un 21% el programa del Plan de Recuperación destinado a viviendas sociales. Coincide con que es una de las partidas utilizadas en sucesivas prórrogas presupuestarias para pagar pensiones y otros gastos del Ministerio de la Seguridad Social, según los documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
La Comisión Europea acepta una reducción del alcance del llamado Componente 2 en el hito llamado «construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes». El compromiso alcanzado en 2021 con la UE era destinar mil millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para construir 20.000 viviendas de este tipo. No sólo se iba a atender así una demanda social, sino que iban a ser particularmente modernas en atención a los objetivos de eficiencia energética buscados por Bruselas para la ejecución de estos fondos.
Sin embargo, en la novena y última modificación acordada el pasado agosto con la Comisión Europea, el Ejecutivo ya sólo ve factible llegar a un máximo de 15.718. Lejos de intentar reasignar más fondos europeos de otras partidas para más viviendas -algo que era negociable con Bruselas- lo que ha hecho es asumir 4.300 viviendas menos de lo comprometido.
Más chocante resulta que este proyecto corresponde con la partida presupuestaria 25.50.26BB.754 que, según ha podido comprobar este diario, fue dada de baja por valor de 500 millones tanto en 2024 como en 2025 para que el Ministerio de Seguridad Social pudiera tener margen -al no haber Presupuestos- para pagar pensiones y otros gastos sociales.
El Tribunal de Cuentas ya detectó este problema el pasado mayo al evaluar la cuenta general del Estado de 2024 y el Ministerio de Hacienda dirigido entonces por María Jesús Montero replicó que este movimiento presupuestario no perjudicaba el uso final de los fondos. Es decir, que se utilizaban puntualmente partidas, pero sin comprometer el objetivo final en 2026 de cumplimiento total del Plan de Recuperación. La Comisión Europea también avaló entonces el uso de «liquidez» del Mecanismo de Recuperación en España para pagar pensiones al no poner en peligro el cumplimiento final del plan. Sin embargo, el recorte está siendo del 21% en este caso.
El Gobierno desvincula en todo caso el uso de este proyecto en las prórrogas presupuestarias para pensiones y da como motivo para la construcción de menos viviendas, la inflación. «España ha explicado que una medida se ha vuelto parcialmente inviable debido a la inflación. Se trata de la medida C2.I2 (Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes). Por este motivo, España ha solicitado que se modifique dicha medida», señala la Comisión Europea.
El Ministerio de Economía aseguró este miércoles que hay construidas finalmente «16.000», pero que todavía intenta llegar finalmente a 23.000. En la última modificación acordada por escrito con la UE se queda en las 15.718 mencionadas.
El Gobierno envió este miércoles al límite de tiempo su séptima y última solicitud de pago de los fondos europeos correspondientes al Plan de Recuperación. Según un comunicado oficial del Ministerio de Economía, pide un desembolso final por importe de 25.861 millones de euros para completar un cobro global de 101.300 millones. Confirma así la renuncia al 38% de los 163.000 millones de euros reservados a España por Bruselas al inicio del Plan. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha justificado la renuncia a 61.700 millones en el capítulo de préstamos por considerar que España puede financiarse por su cuenta en condiciones similares a las de la UE. Sin embargo, el coste de financiación nacional es muy superior ahora al que habría podido conseguir inicialmente si hubiera solicitado ese dinero a la UE desde el comienzo del programa.
Los vicesecretarios de Economía y Hacienda del PP, Alberto Nadal y Juan Bravo, respectivamente, ponen el caso de la vivienda social de ejemplo de «mala gestión de los fondos europeos». Subrayan también una fuerte rebaja en otro compromiso, el de la línea ICO para vivienda social que iba a destinar 4.000 millones de euros y se queda en 568, casi un 86% menos, pero en este caso, el Instituto de Crédito Oficial sostiene que puede seguir operando este proyecto con el nuevo fondo España Crece dotado también con dinero europeo.
La Comisión Europea deberá evaluar hasta diciembre si España merece el pago final que acaba de solicitar el Gobierno en función del cumplimiento de los últimos hitos y objetivos, cifrados en 148. El PP calcula que cerca de 2.500 millones de subvenciones se perderán por incumplimientos.
