El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este miércoles en Bruselas que España presentará a finales de septiembre la solicitud para el séptimo y último desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno apurará así el plazo fijado por la Unión Europea para que los Estados miembros reclamen los últimos fondos que les corresponden, que expira el 30 de este mes.
La petición ascenderá a casi 26.000 millones de euros: 21.462 millones en transferencias a fondo perdido y 4.400 millones en créditos favorables. Para que la Comisión Europea autorice este pago final, el Ejecutivo debe certificar el cumplimiento de 148 hitos y objetivos cuya fecha límite de ejecución venció el pasado 31 de agosto. A partir de entonces, la Administración ya no puede incorporar nuevas actuaciones al programa, por lo que el trabajo consiste en recopilar la documentación y preparar la certificación que examinará Bruselas para decidir si otorga el último pago y la cantidad del mismo, ya que puede detraer algunas partidas en caso de considerar que hay incumplimientos parciales de las reformas prometidas por España. Para ello tendrá hasta el 31 de diciembre, fecha que el calendario europeo marca como la última para hacer las transferencias de fondos.
Este será el último desembolso a España de un programa que ha movilizado una cantidad extraordinaria de recursos europeos. Hasta ahora, el país ha recibido 78.000 millones de euros en seis pagos: 61.000 millones en transferencias a fondo perdido y más de 17.000 millones en créditos que hay que devolver. Si la Comisión Europea da por cumplidos los requisitos del séptimo tramo, España habrá recibido más de 100.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que termine 2026.
La petición del último pago final cierra un ciclo de financiación excepcional que comenzó en julio de 2020 (aunque formalmente el programa no se puso en marcha hasta la primavera de 2021), en respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus. Más allá de las grandes cifras desembolsadas por Bruselas, la cuestión está en que la ejecución de este dinero ha sido desigual según el tipo de financiación. Mientras las subvenciones a fondo perdido han avanzado a buen ritmo, la demanda de los préstamos europeos se ha quedado muy por debajo de las previsiones iniciales. En 2023, el Gobierno calculaba solicitar más de 80.000 millones de euros en créditos. La cifra final se ha reducido a unos 21.500 millones, lo que supone renunciar a alrededor del 75% del volumen disponible.
La justificación es que la demanda de estos préstamos ha sido mucho menor de la esperada. Por un lado, el Tesoro ha encontrado en los mercados una vía de financiación competitiva, lo que ha reducido el atractivo de recurrir al crédito europeo. Por otro lado, las empresas han encontrado poco incentivo para solicitar unos préstamos que, según las voces críticas, iban acompañados de largos trámites burocráticos.
La situación parlamentaria también ha obligado al Gobierno a rebajar o modificar algunos de los compromisos asumidos inicialmente con la Comisión Europea. Ejemplo de ello es la subida de los impuestos al diésel para equipararlos a los de la gasolina, un compromiso adquirido con Bruselas que desde Moncloa han asumido que incumplirán. Ahora la negociación con la Comisión se centra en el cierre del programa. El Ministerio de Economía trabaja en una simplificación de los procedimientos para verificar los últimos hitos y objetivos, con el objetivo de acelerar la revisión de los expedientes y evitar que la acumulación de documentación retrase el último desembolso.
El balance económico del plan sigue siendo objeto de debate. El Gobierno sostiene que los fondos han contribuido al buen comportamiento de la economía española, algo que certifican centros de análisis como Funcas, según el cual, los fondos europeos explican entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual registrado entre 2021 y 2025. Las críticas se centran, en cambio, en la forma en que se ha gestionado el programa. Algunos analistas y el principal partido de la oposición han cuestionado a lo largo de este tiempo que las comunidades autónomas y el tejido productivo hayan tenido un papel menor del que podrían haber desempeñado en la ejecución del programa.
La siguiente incógnita llegará en 2027, cuando desaparezca el flujo extraordinario de dinero que inyectan los fondos europeos. El Gobierno teme que el final del programa provoque una pérdida de impulso inversor justo cuando España tendrá que ajustarse de nuevo a las reglas fiscales, que limitan el crecimiento del gasto público y exigen una reducción gradual del déficit y la deuda. A ello se suma un escenario geopolítico todavía incierto, marcado por la guerra en Oriente Próximo y sin perspectivas claras de una solución a corto plazo.
