La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional por el 'caso Lezo' que no participó en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con una cancha de prácticas de golf en el ente público.
Aguirre se ha desligado en su declaración este jueves de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de dichos contratos que, según las acusaciones, pudieron beneficiar a familiares de su sucesor en el cargo, Ignacio González, acusado en este juicio.
Además de González, están acusados el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del ex presidente de la Comunidad de Madrid.
La ex dirigente 'popular' ha aseverado que la idea de construir una cancha de prácticas de golf en las inmediaciones del Canal fue "enteramente" suya, pero ha precisado que no tuvo ningún tipo de intervención en la adjudicación de las obras, ya que aunque "el Canal era propiedad de la Comunidad de Madrid, la gestión la llevaba el consejo de administración" del ente.
Aguirre ha explicado que la idea le surgió tras un viaje a Tokio cuando era funcionaria del Ministerio de Turismo, en el que le "sorprendió mucho" ver "que había dentro de la ciudad muchos lugares con cancha de prácticas" de golf.
La ex dirigente del PP ha afirmado que consideró que era "buena idea" construir una cancha así en el espacio del Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, que "prácticamente no tiene parques ni tiene zonas deportivas, en vez de un helipuerto, que era lo que era".
Asimismo, ha señalado que González y De Miguel "nunca" le comunicaron pormenores sobre dichas obras y ha precisado que con su sucesor ha tenido "una relación larguísima en el Ayuntamiento de Madrid primero y en el Ministerio de Educación después".
Cuando González, quien había sido su 'número dos' durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012, entró en prisión en 2017, Aguirre dimitió como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid.
"Yo dimití por responsabilidad política", ha objetado Aguirre, que ha detallado que lo hizo cuando le anunciaron que un juez había metido en la cárcel, en prisión provisional" a González, a quien le sigue dando "la presunción de inocencia". No obstante, ha explicado que consideró que cuando un juez toma dicha medida contra "un político, se supone que tiene indicios muy fundados para pensar que puede haber cometido irregularidades penales".
Antes de entrar a en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid, la ex dirigente 'popular' manifestó que cómo iba a saber" lo que hacía el acusado Ignacio González y aseguró ante los medios que iba a declarar "como testigo para decir la verdad y toda la verdad".
En la primera jornada del juicio la semana pasada, en la que las partes plantearon las cuestiones previas, González y el resto de acusados negaron los hechos por los que están siendo juzgados.
Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.
Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
En junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación", según Anticorrupción.
"Guiados por dicho fin convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería", conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.
