La mayoría de los manifestantes que acudieron el pasado miércoles a las manifestaciones de la huelga general del 11-N no habían nacido el 14 de diciembre de 1988, cuando los sindicatos UGT y CC OO hicieron una poderosa demostración de fuerza al paralizar España por completo. La huelga general del 14-D, hace casi 38 años, fue un hito para la historia de los conflictos sociales en una España muy distinta a la de hoy. El Gobierno socialista de Felipe González gozaba de su segunda mayoría absoluta consecutiva; estaban todavía recientes la Transición y el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Eran años de reconversión industrial y otras medidas de ajuste por el proceso de integración en la UE. El crecimiento económico era notable, del 5%, pero la situación del empleo muy delicada: la tasa de paro era del 20%, el doble de la actual, y la juvenil escalaba a un escandaloso 35%. Y la inflación ascendía al 5,8%. El Gobierno de González quiso afrontar el problema del desempleo con más flexibilidad laboral a través de un Plan de Empleo Juvenil que abría la puerta a la precariedad. Más vale precario que en paro, era el mensaje.
El 14-D consumaba una ruptura muy traumática entre el PSOE de González y el sindicato hermano, la UGT, dirigida por Nicolás Redondo. Era la quiebra de las Casas del Pueblo, los centros sociales que compartían las dos organizaciones, vinculadas desde su fundación por Pablo Iglesias a finales del siglo XIX. Redondo, quien había aupado a González en el Congreso del PSOE en Suresnes en 1974, se sentía traicionado.
UGT se emancipó y prefirió aliarse a Comisiones Obreras, dirigida entonces por un joven Antonio Gutiérrez (a su vez emancipado del PCE), en lo que se llamó la unidad de acción sindical. Quien esto firma, que ya tiene una edad, se iniciaba entonces en el periodismo en el desaparecido diario Ya. Resultó muy impactante recorrer las calles totalmente vacías (salvo para los piquetes y para la manifestación) como no volveríamos a ver hasta la pandemia de 2020. En unos sectores había enfado con el PSOE de González por unas políticas liberales no esperadas por la izquierda (pero aún así el presidente sevillano aguantaría dos legislaturas más). Y había miedo en otros sectores a abrir las tiendas, así que se bajaron todas las persianas con pocas excepciones, entre ellas El Corte Inglés, que fue un foco de tensión.
Desde entonces España ha vivido otras siete huelgas generales, incluida la del miércoles, y los convocantes sabían que no alcanzarían el impacto que tuvo la de 1988. Los sindicatos las fueron convocando con un hilo más o menos común: enfrentarse a reformas laborales que abarataban el despido o favorecían la precariedad, a cambios en la prestación por desempleo y a otros recortes sociales. Fueron dos paros generales más contra los gobiernos de González (1992, este de media jornada, y 1994), uno contra Aznar (2002), y los tres últimos en lo peor de la crisis financiera: uno contra Zapatero (2010) y dos contra Rajoy (los dos en 2012, en marzo y en noviembre). Su impacto ha sido relativo en todos los casos. No volvió a ocurrir que cesara la vida ciudadana: los sindicatos tienen más fuerza en las grandes industrias y transportes que en las pymes o el comercio. El éxito debería medirse más por lo que consiguieron. En 1988, González tuvo que retirar el Plan de Empleo Juvenil; en 1993 se acordó una ley de huelga que no llegó a entrar en vigor porque González adelantó por sorpresa las elecciones antes de terminar su trámite; en 2002, las centrales lograron la caída del ministro Juan Carlos Aparicio y la rectificación del llamado decretazo, que abarataba el despido procedente y endurecía la prestación a los parados (y que, para colmo, fue declarado inconstitucional cinco años más tarde). Pero el resto de los paros, desde el último contra González o las posteriores contra la austeridad por la Gran Recesión, no hicieron ceder a los sucesivos gobiernos (ni a la troika).
Lo diferente de esta huelga general del 11-N es que no podemos decir que haya ido contra Pedro Sánchez, quien incluso la alentó y canceló la agenda de todo su Gobierno. Cuando empezaron a ser multitudinarias las protestas por la crisis de acceso a la vivienda, el PSOE quiso ponerse al frente de la manifestación antes de que se volviera en su contra, y vio una causa para la movilización de la izquierda ante unas elecciones que pintaban mal. De los dos decretos rechazados por el Congreso, que precipitaron la convocatoria electoral, el principal ha revivido y ha sido aprobado en la Diputación Permanente. Los socialistas cedieron a la presión por la regulación de los alquileres, sobre los que antes tenían recelos. No son la solución definitiva a la crisis, ni pueden serlo, sino una respuesta de emergencia a situaciones dramáticas como la de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio y muerte fueron la chispa de la protesta. Algunos expertos temen efectos contraproducentes: hay señales de que se ha reducido la oferta de alquiler, quizás en espera de un nuevo Gobierno más favorable a los propietarios. Otra rareza: la iniciativa de la huelga no fue de CC OO y UGT, sino del Sindicato de Inquilinas, y las centrales se vieron arrastradas a ella. También ellas temían que se les volviera en contra si no se sumaban.
¿Contra quién iba esta huelga? Contra la especulación, los fondos buitre, el rentismo, en el vocabulario que se ha impuesto ahora. También contra los empresarios por no subir lo suficiente los salarios ante el disparado coste de la vida. ¿Ha ido también contra el futuro Gobierno que, si no fallan las encuestas que no hace el CIS, formarán PP y Vox? Sí, aunque solo sea como advertencia. Para empezar, para que no deroguen el decreto sobre alquileres. También para que sepan de entrada que si eligen el camino de los recortes sociales o la contrarreforma laboral tendrán a los sindicatos enfrente. Por eso el PP la califica de huelga "preventiva", y tiene algo de eso, pero es perfectamente legítima.
El seguimiento del paro general no fue masivo, por los datos disponibles, pero tampoco despreciable. Tuvo más visibilidad en la calle que en los centros de trabajo, sobre todo porque las manifestaciones de la tarde en las principales ciudades sí fueron multitudinarias. Parece claro que mucha gente trabajó con cierta normalidad, o en remoto, porque faltar le costaría un dinero que le hace falta, y luego fue a las manifestaciones para apoyar la causa. No estamos en la España de 1988: los sindicatos han ido perdiendo fuerza en una economía con más servicios y menos industria. Ni los piquetes intimidan tanto, ni las tiendas o las empresas tienen miedo a abrir el día de la huelga. Los actos de violencia y saqueos, que los hubo, respondían más a grupos incontrolados, como los que han sacudido las calles de Francia, que a los convocantes.
Lo que no era previsible es que el Partido Popular, que se ha sentido atacado, no solo se pusiera a la defensiva, sino que se lanzara con furia contra los sindicatos. El PP es un partido institucional, que ha ocupado distintos gobiernos en democracia, que se adhiere a la Constitución, donde está escrito muy claramente el papel de los sindicatos en las relaciones laborales, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Cuesta entender que nadie desmintiera a Isabel Díaz Ayuso cuando dijo que Feijóo le había prometido que "toda la basura sindical se va a acabar". Pensaríamos que fue un exceso de los que se permite Ayuso con frecuencia, como su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, si no fuera porque Manuel Tellado, mano derecha de Feijóo, habló en el mismo tono y retrató a los sindicatos como serviles al Gobierno. Y si no fuera porque la cuenta oficial del PP en la red social X publicó una imagen (hecha con IA, esa peste en las redes) que muestra a supuestos sindicalistas con logos de UGT y CC OO comiendo langostinos y cigalas. El viejo mito del "comegambas", del liberado sindical vividor que se pone ciego a costa de las subvenciones. Un estereotipo insultante. No menos insultante que llamarte basura, no menos amenazante que escuchar que van a acabar contigo.
Al escribir esto nadie en el PP ha corregido el discurso. Y no parece muy sensato mantenerlo cuando están tan cerca de llegar a La Moncloa. Ofender a cualquiera que se sienta de algún modo representado o protegido por los sindicatos (incluidos votantes de la derecha, los humanos somos más complejos y contradictorios de lo que dice la caricatura) no es muy prudente a dos semanas de ir a las urnas. No era necesario ir al ataque de esta forma: les bastaba con atribuir al Gobierno la responsabilidad del caos y de la crisis de la vivienda, para lo que tenían argumentos.
Cuando las derechas estén en el Gobierno, como es probable, les tocará tratar de entenderse con los sindicatos y con la patronal. Salvo que de entrada sepan que no hay entendimiento posible y quieran ir enseñándoles los dientes. ¿Anticipa este discurso una actitud hostil? ¿Una nueva oleada de reformas laborales o de recortes de las prestaciones sociales? No hay pistas de ello en el programa electoral del PP, presentado esta semana. Más bien se lee un discurso, de entrada, conciliador: "Esa cultura del acuerdo, que tiene en el diálogo social su mejor ejemplo, forma parte de lo mejor de nuestro modelo democrático".
No se menciona ningún cambio de calado en el ámbito laboral, tampoco en el terreno de las pensiones, más allá de su actualización con el IPC ya prevista en la ley (aunque en ese capítulo queda un apartado oculto que se anunciará después, han querido dar emoción a algunas propuestas). Se plantea que las empresas que mantengan el empleo tengan ventajas no muy especificadas, se propone también reforzar la formación a los empleados para prepararse ante los retos de la IA y para que haya mano de obra en el sector de la construcción (y edificar un millón de viviendas, objetivo bien ambicioso). Entre lo que sí puede ser polémico, el PP insiste mucho en que atajará el "absentismo injustificado", pero es un avance que se precise lo de "injustificado" porque Feijóo se metió en un lío al meter en el mismo saco las bajas por enfermedad. Sobre estas últimas, se promete estrechar el control y se proclama: "Perseguiremos el fraude de quienes se aprovechan del sistema para no trabajar y cobrar prestaciones indebidas".
Otro asunto espinoso: se sugiere una reducción del número de empleados públicos al no cubrir todas las vacantes: las jubilaciones de funcionarios en la próxima década, dice, permiten "repensar qué debemos hacer con cada servicio". No está escrita en el programa, o quizás sea un artículo oculto, la propuesta de Feijóo de unificar el ingreso mínimo vital y otros subsidios en una "renta de activación", condicionada a que no se rechacen ofertas de empleo sin justificación. Hay puntos más polémicos en otros apartados, sobre todo en la inmigración, a la que dedica una parte extensa del programa, dando vueltas a la idea de la "prioridad nacional" importada de Vox que no se menciona con esas palabras, sino con el "arraigo" como requisito para acceder a ayudas públicas.
Claro que tenemos que mirar también el programa de su previsible socio de Gobierno, el de Vox. Que contiene medidas mucho más drásticas. Entre ellas, "reducir progresivamente hasta su eliminación" las subvenciones a los sindicatos, partidos y ONG, una "rebaja masiva de impuestos" (a ver quién paga eso, más allá de los recortes de gastos "superfluos") y derogar la reforma laboral del Gobierno de Sánchez, esa que lideró Yolanda Díaz y se aprobó por un voto equivocado del PP. Sin embargo, se han caído del programa de Vox dos puntos explosivos de su programa de elecciones anteriores: la propuesta de que las pensiones contributivas estén exentas de IRPF, lo que abriría un agujero enorme en las cuentas públicas pero lo prometía en 2023, y una reforma radical de la Seguridad Social: "Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto)", lo que defendía en 2019.
A Vox sí le interesa, en su estrategia supuestamente antisistema, ir a la confrontación total con los sindicatos. Pero ¿le convenía al PP? De aquí al 29-N, y del 29-N a la formación del nuevo Ejecutivo, hay tiempo de modular el mensaje. Que no se hiciera avanzaría tiempos conflictivos. Como los de los duros años ochenta, si no fuera por lo distinta que es la España de hoy. El PP haría bien en tomar nota de que no va a esfumarse el malestar social por el coste de la vida y muy en particular el de la vivienda. Y eso seguirá moviendo a los jóvenes, con o sin el concurso de los sindicatos y de los partidos que queden en la oposición.
