Estados Unidos está decidido a convertirse durante el mandato de Donald Trump en una inmensa fortaleza, a la que solo pocos y selectos extranjeros puedan acceder. Al intento de prohibir la inmigración de ciudadanos de 75 países —paralizado por una jueza—, la cancelación masiva de visados o el encarecimiento prohibitivo de algunos permisos de entrada, se ha sumado ahora la suspensión temporal de los trámites de visados de inmigración en sus embajadas de todo el mundo, mientras completa una “iniciativa de formación global” de sus funcionarios consulares para rechazar a los solicitantes de los que se sospeche que quieran instalarse en el país para abusar de sus servicios.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó este miércoles que este agosto ha lanzado esa iniciativa de formación y, como resultado, las citas para la tramitación de visados “se ajustarán” para facilitar el desarrollo de ese adiestramiento. El Departamento no ha precisado cuánto tiempo durará esta situación.
“Unos Estados Unidos más prósperos significan que no tiene que ser probable que los solicitantes de visado vayan a convertirse en una carga pública, según la definición de las leyes y reglamentos estadounidenses, ni que sea probable que acaben dependiendo de programas públicos estadounidenses reservados para los estadounidenses que los necesiten y cumplan los requisitos”, ha puntualizado el portavoz.
Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha puesto en marcha una dura campaña de deportaciones masivas y restricciones a la inmigración, tanto ilegal como legal. El presidente estadounidense y su equipo —muy especialmente su asesor de política interior y vicejefe de Gabinete, Stephen Miller— alegan que las medidas son necesarias para reforzar la seguridad dentro de Estados Unidos y para evitar que personas que no tienen derecho a recursos públicos abusen de ellos, en perjuicio de los ciudadanos estadounidenses.
La campaña se ha intensificado a medida que avanzaba el mandato de la Administración republicana. A comienzos de esta semana, el Departamento de Estado confirmaba que cancelará hasta 200.000 visados de trabajo o de turismo de personas que entraron en el país con ellos y que tras su llegada han solicitado asilo o ya lo están tramitando. Es la mayor anulación de permisos de entrada de la que se tiene noticia en la historia del país, según se ha regocijado la propia Casa Blanca en un mensaje distribuido por sus cuentas en redes sociales y que incluye una imagen de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
“Estamos colaborando con el DHS [siglas inglesas del Departamento de Seguridad Nacional] para identificar y revocar los visados de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, ha declarado el portavoz jefe del Departamento de Estado, Tommy Pigott. El número dos del Departamento, Christopher Landau —buen hispanohablante y que se ufana en esta lengua de su apodo El Quitavisas— también publicaba en redes sociales un mensaje de apoyo a la medida: “La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debería ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración”.
La retirada de los visados no implica necesariamente la deportación de los afectados. La mayoría de las personas que han presentado solicitud de asilo y cuyo caso está pendiente simplemente quedarían reclasificadas en su estatus migratorio y perderían su condición de viajeros o visitantes de negocios.
No es la única manera en que Washington ha endurecido su política de visados. El Gobierno de Donald Trump ha introducido nuevos requisitos de información personal, incluida la exigencia de acceso a las redes sociales de los solicitantes. También prevé reducir el tiempo de autorización de estancia para los titulares de determinados tipos de visado, incluidos los de estudiante y periodista. En enero de este año prohibió la entrada a ciudadanos de 75 países.
En paralelo, la Administración republicana, que ha recortado también los permisos conocidos como TPS de estancia temporal para ciertos países en crisis y ha eliminado casi por completo la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de asilo, ha extremado su política de redadas y deportaciones para los inmigrantes ilegales. La policía fronteriza, el ICE, batió sus propios récords y en julio detuvo a casi 49.600 personas. Esa cifra representa una escalada del 15% con respecto a los datos de junio, y es la mayor registrada en el segundo mandato de Trump, según datos oficiales del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley. Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, los arrestos mensuales de ICE rondaban los 8.000.
Las autoridades estadounidenses han cambiado de estrategia: de redadas urbanas y muy visibles han pasado a operaciones más reducidas y quirúrgicas, menos aparatosas, pero más frecuentes e igualmente preocupantes para las comunidades de inmigrantes. Lugares previamente tabú, como iglesias u hospitales, ya han presenciado detenciones en sus instalaciones. También en controles de tráfico rutinarios.
Los tribunales se han convertido en el gran muro de contención frente a estas medidas. Se espera que, una vez que comiencen a aplicarse, representantes de los afectados presenten una demanda contra la retirada de visados de turismo o de trabajo. Asociaciones académicas ya lo han hecho contra la posible reducción del permiso de estancia para los estudiantes.
Varias de estas iniciativas ya han sido frenadas por los jueces. Un tribunal ha prohibido, por “arbitraria y caprichosa”, la práctica del ICE de detener a inmigrantes cuando acuden a sus citas en los tribunales para regularizar su situación. Otros magistrados han ordenado la puesta en libertad de detenidos que lo fueron de manera irregular.
La semana pasada, una corte en Nueva York canceló la prohibición de emitir visados de inmigración a ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Guatemala o Colombia, al determinar que Rubio se excedió en sus competencias al aprobar esa política. El Departamento de Estado había argumentado al anunciarla que los potenciales inmigrantes de esos orígenes tenían más probabilidades de acabar convirtiéndose en una “carga económica” para el país.
Pero a los vetos de los tribunales la Administración de Trump también ha respondido, en ocasiones, con el “mantenella y no enmendalla”. El año pasado, el gobierno impuso de manera temporal una tarifa de 100.000 dólares o más para tramitar nuevos visados del tipo H-1B, que se conceden a trabajadores extranjeros altamente cualificados. Aquel cargo carecía de precedentes en cuanto a su coste, que antes de la modificación oscilaba entre los 2.000 y los 5.000 dólares. Numerosas empresas —especialmente del sector tecnológico, que emplea a una gran proporción de esos inmigrantes— protestaron. En junio, un juez federal decidió que la medida era ilegal y prohibió a la Administración que aplicara esa tarifa. El caso se encuentra pendiente en un tribunal de apelación.
La medida temporal aprobada el año pasado expira este septiembre. Este lunes, el Registro Federal (el equivalente al Boletín Oficial del Estado en Estados Unidos) publicó una nueva norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional que podría entrar en vigor a lo largo de este año y que eleva el coste de un visado H-1B a 103.265 dólares, de manera permanente.
