Llamamiento a la acción suscrito por más de 500 exministros, exembajadores y altos funcionarios europeos.
En cuestión de semanas, el gobierno israelí tiene previsto adjudicar contratos para la primera fase del proyecto ilegal de asentamiento E1, una iniciativa que, de llevarse a cabo, dividiría Cisjordania en dos y haría imposible la solución de dos Estados, la única vía viable para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.
A pesar de las drásticas consecuencias de esta nueva anexión de tierras, la UE no ha tomado medidas para frenar el proyecto E1 ni, en términos más generales, ha cumplido con las obligaciones que le imponen los tratados de la Unión ni con su deber de actuar frente a las violaciones del derecho internacional.
Si bien cabe elogiar que algunos Estados miembros de la UE hayan adoptado medidas nacionales contra los asentamientos ilegales, otros —entre ellos Alemania e Italia— siguen bloqueando sistemáticamente la adopción de medidas a escala de la UE, convirtiéndose así en cómplices de facto del menoscabo tanto de los valores de la Unión como de la solución de dos Estados.
Instamos a la Comisión Europea a ejercer un liderazgo activo presentando de inmediato propuestas legislativas para:
Sancionar a todas las instituciones financieras y demás proveedores de servicios que contribuyan a la ejecución del proyecto E1 y de otros asentamientos ilegales, tal como ya se solicitó en nuestra declaración del 6 de mayo de 2026;
Impedir todo comercio de la UE con los asentamientos ilegales.
Paralelamente, exigimos a la UE que aplique las propuestas, largamente postergadas, de suspender las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
Las decisiones sobre estas medidas deben adoptarse en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, prevista para el 12 de octubre.
Los Veintisiete se reunirán tras otro año marcado por la violencia y la limpieza étnica perpetradas por el gobierno israelí contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania.
La situación, tal como señalaron los líderes de muchos Estados miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es profundamente alarmante:
En Gaza, otros 1.400 palestinos, incluidos 200 niños, han muerto en el año transcurrido desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025. Desde los atroces ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la espeluznante cifra de víctimas mortales causadas por las FDI a los palestinos en Gaza ha ascendido a 74.000, incluidos más de 21.600 niños, con 175.000 personas heridas. La situación humanitaria sigue siendo crítica para los 2 millones de personas hacinadas en menos del 40 % del territorio de Gaza, con suministros insuficientes de todos los elementos esenciales para la vida humana —alimentos, saneamiento, electricidad, refugio, suministros médicos— debido a las restricciones draconianas impuestas por el gobierno israelí, en desafío a los principios humanitarios y a las medidas provisionales y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2024/25. No ha habido desarme ni retirada de las FDI, la reconstrucción está bloqueada y los planes de la Junta para la Paz para reactivar Gaza permanecen inactivos y sin visos de prosperar. Se mantiene la prohibición de acceso a periodistas internacionales. Mientras tanto, el gobierno israelí sigue ignorando las medidas vinculantes impuestas en 2024 por las conclusiones preliminares de la CIJ en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica, al tiempo que muchos Estados miembros de la UE no utilizan los medios (por ejemplo, prohibir la venta de armas) razonablemente a su alcance para hacer cumplir las decisiones de la CIJ.
• En Cisjordania, además del proyecto E1, una epidemia de violencia de los colonos respaldada por el Estado (más de 1.600 ataques solo en 2026) se extiende por todo el territorio, provocando continuos desplazamientos, asesinatos y lesiones de palestinos. Más de 1.200 palestinos han perdido trágicamente la vida en los últimos tres años, a medida que la apropiación de tierras y la construcción de asentamientos por parte de Israel se han acelerado —con total impunidad y a un ritmo sin precedentes— desafiando la Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024.
