La oposición juega, en el tablero político, con la baza de hacer promesas que luego pueden quedar en el olvido cuando alcanza el mando. Sin embargo, hay algunos posicionamientos que definen a un partido, y que le acompañan de una bancada a otra, ya esté en la oposición o en Moncloa. Es el caso de los que afectan a un tercero externo, como es Marruecos. Y, así, es el caso de los que ayer hizo Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y a quien todas las encuestas perfilan, desde hace meses, como el candidato con más posibilidades de presidir el Gobierno la próxima legislatura.
En las tres semanas que hoy se cumplen de la entrada irregular de 80.000 personas en Ceuta a través de Marruecos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha esquivado en todo momento hacer reproche alguno al país vecino. Conscientes de que unas palabras mal recibidas por Rabat podrían haber empeorado la situación, los ministros se han limitado a ensalzar la cooperación con sus homólogos para resolver la crisis, sin entrar a pronunciarse sobre si Marruecos pudo jugar algún papel en la avalancha. Sí lo hizo, sin embargo, Feijóo ayer desde Ceuta: «Lo que ocurrió aquí el 30 de julio responde a lo que el reglamento europeo define como instrumentalización. Sea por acción o por omisión, se facilitó el desplazamiento de decenas de miles de personas desde Marruecos a la Unión Europea».
Y, si bien miembros del Gobierno han reivindicado en estos días la soberanía española sobre Ceuta y Melilla -«son españolísimas», dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles-, Feijóo ayer elevó esa postura. Lo hizo tras referirse a «declaraciones de ministros y de otros altos cargos marroquíes que no ayudan en nada» -el responsable de Justicia de Rabat deslizó que la soberanía de ambas ciudades es un asunto «pendiente»-. Dirigiéndose a ellos, el líder de la oposición afirmó: «La españolidad de Ceuta y Melilla no es negociable. Y no es negociable no desde hace años ni décadas; no es negociable desde hace siglos». Y aunque Feijóo dijo no tener «ningún interés en buscar ningún enemigo», avisó a Rabat: «Comprenderá que nosotros no podemos actuar bajo el chantaje o la amenaza». A esa retahíla de declaraciones, que son en sí un posicionamiento que compromete al PP si llega a La Moncloa, se suma que Feijóo dibujó en su horizonte reforzar el espigón de El Tarajal «al efecto de impedir que se pueda trasvasar a nado la frontera marítima».
El líder popular no siempre fue así de contundente respecto a Rabat durante esta crisis. De hecho, su partido evitó responsabilizar directamente a Marruecos hasta hace una semana y ahora aún mantiene ciertos equilibrios: censura la «diplomacia secreta» de Sánchez con el país vecino, pero a la vez se escuda en la oferta de Rabat de acoger a sus menores para exigir esta resolución. Sin embargo, el simbolismo que tienen las declaraciones de ayer de Feijóo están por encima de esa conjugación, pues son compromisos que le atan si llega a La Moncloa. Y, con él, a España.
Si el Gobierno ha andado estos días con máxima mesura en sus palabras sobre Marruecos es porque ya sabe lo que el país vecino puede hacer ante un choque diplomático: en 2021, la acogida en España del líder del Frente Polisario desencadenó la mayor entrada irregular de personas de Marruecos a España desde la Marcha Verde. «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir», dijo a Europa Press entonces la embajadora de Rabat.
Pero el PP, pese a la contundencia que ayer manifestó Feijóo con Marruecos -y que en los últimos días venían avanzando otros dirigentes de su cúpula-, también sabe lo que es gestionar un incidente territorial con el país vecino desde La Moncloa. Sucedió en julio de 2002, cuando una dotación de la Gendarmería Real de Marruecos ocupó el islote de Perejil (en el estrecho de Gibraltar). Gobernaba entonces José María Aznar, cuyo Ejecutivo entró entonces en un choque diplomático con Rabat, pero contando con el respaldo de la oposición y Europa. Finalmente, las tropas españolas desalojaron a los marroquíes. Una década después, miembros del Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla pusieron una bandera marroquí en el peñón de Vélez de la Gomera -territorio español en el norte de África, a medio camino entre las dos ciudades autónomas-. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el encargado de gestionar aquel incidente.
