Félix Bolaños solicita al Tribunal Supremo resolver sobre la ley de nietos antes de 2027

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "respetuosamente" al Tribunal Supremo que resuelva sobre los recursos a la ley de nietos antes de las elecciones de 2027 tras acordar dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

"El auto del Tribunal Supremo privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha calificado este sábado el ministro en su cuenta de X, en la que se hace eco del comunicado conjunto de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, asociaciones que han mostrado su desacuerdo con la resolución del alto tribunal.

El Supremo considera que el "incremento extraordinario" del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) por la ley de nietos -408.262 electores desde las elecciones generales de 2023- y una instrucción posterior, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Por eso, han acordado que hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles se suspendan las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de esta ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Igualmente, ordena a la Oficina de Censo Electoral que proceda al desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley, y de los aprobados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción.

También pide a la Junta que apremia a la Oficina del Censo Electoral para que ésta última le remita el informe completo que solicitó el pasado 16 de julio sobre la aplicación de la llamada ley de nietos y el voto por correo de residentes ausentes, así como la elaboración de una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.

2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.