Fiscalía pide multa e inhabilitación para ex alcalde de Cádiz por revelación de secretos y prevaricación

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento abreviado contra el ex alcalde de Cádiz José María González "Kichi" por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor contratado por su formación política en 2018.

El Ministerio Público solicita para el ex regidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa y tres años de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos, así como otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo por un delito continuado de prevaricación.

Petición idéntica para otros cuatro cargos municipales

En su escrito, el Ministerio Fiscal pide las mismas penas por idénticos delitos para dos concejales del entonces equipo de gobierno (las áreas de Personal y de Turismo), para el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía en el momento de los hechos y para otro asesor municipal.

Por su parte, para el asesor contratado por el partido, cuyo rol motivó el inicio de este procedimiento judicial, la Fiscalía reclama nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Acceso continuado a información restringida y órdenes directas

Según argumenta la acusación pública, este asesor, contratado por la formación del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, "no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual". Pese a ello, "accedió de manera continuada a información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento".

La Fiscalía subraya que dicho acceso a documentación reservada por parte de un tercero ajeno a la Administración "fue llevada a cabo por orden e indicación directa" del propio alcalde, los dos concejales acusados, el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno, detallando una serie de expedientes a los que tuvo acceso.

Instrucciones de obligado cumplimiento a funcionarios de carrera

Asimismo, el escrito añade que esta persona "impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos", los cuales "reunían los requisitos académicos y la experiencia profesional suficiente para no precisar la ayuda de terceros".

"Las decisiones, indicaciones e instrucciones con origen en este acusado, además de modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios, siendo respaldado por los miembros acusados del equipo de gobierno", señala el fiscal. El escrito puntualiza que "lógicamente ningún documento obrante en el expediente municipal contiene la firma del acusado, por más que los pliegos hayan sido redactados de manera directa por él o de manera mediata por el funcionario que finalmente lo firmaba siguiendo sus instrucciones".

Vulneración de las normas de contratación pública

El Ministerio Fiscal recuerda que la información relativa a ofertas públicas de licitación no debe ser accesible antes de su anuncio oficial para evitar favoritismos o introducir requisitos dirigidos a determinados operadores económicos. En este sentido, insiste en que las funciones de un asesor político "no se encuentran asociadas a la adopción de decisiones, impartir instrucciones u ordenar modificaciones", sino que se limitan estrictamente al asesoramiento.

La acusación sostiene que la labor del investigado "se centró en la confección y modificación de expedientes de licitaciones públicas" y, asociado a ello, en el "consecuente y habitual acceso a información restringida".