El Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en su estrategia para devolver a Marruecos, tal y como prometió, a todos los inmigrantes llegados de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio en la peor avalancha de la historia. Su táctica de adular al país vecino con palabras amables sobre su gestión de la frontera no ha dado resultado y, 22 días después de la entrada masiva, todavía está buscando fórmulas para afrontar un proceso que va para largo.
En apenas dos semanas ha pasado de asegurar que se iban a ir todos los inmigrantes que entraron, incluidos los menores de edad, a desplegar carpas en Ceuta para realojar a los que habían acampado en la playa. Su maniobra no ha funcionado.
Ya es la segunda vez en esta legislatura que el Gobierno se fía de Marruecos y sale escaldado: confió en que su giro en su postura con el Sáhara Occidental, reconociendo la propuesta de autonomía de Rabat, le garantizaría por fin un control efectivo de las fronteras. Pero la avalancha ha confirmado que no hay tal blindaje. También estaba seguro de que el reino alauita iba a hacerse cargo de todos los inmigrantes que le devolviera en esta oleada, pero ahora incluso rechaza la repatriación de los cadáveres. España tiene un problema de difícil solución, porque no logra que Marruecos acepte a miles de marroquíes y subsaharianos que aún permanecen en Ceuta, pero la UE no le permite que los traslade a la Península, y tampoco hay posibilidad de acogerlos a todos en la ciudad autónoma.
La actitud de Rabat ha sido de total pasividad en la entrada masiva de inmigrantes pero, al principio, al menos cooperaba en las devoluciones. El 30 de julio, después de producirse la entrada masiva, España calificó de "ejemplar" su "colaboración" con Marruecos en el comunicado que ese mismo día emitió el Ministerio del Interior. En él se informaba de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaba en contacto con su homólogo, Abdelouafi Laftit, y que se habían comprometido a "implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".
Así ocurrió los primeros días, en donde se calcula que, de los 80.000 que alcanzaron la costa española, unos 72.000 fueron aceptados de nuevo por Marruecos. Se les llevaba al país vecino de forma masiva, a pesar de que había pasado ya el plazo legal de 72 horas que establece la Ley de Extranjería como tope máximo para ejecutar las devoluciones. EL MUNDO fue testigo de cómo las Fuerzas de Seguridad deportaban a los inmigrantes en contra de su voluntad, incluso a los niños, y se los llevaban en camiones.
"Hasta la última persona"
Esa forma de actuar fue ratificada el pasado día 11 por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cuando aseguró que "hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos".
Pero algo se quebró, porque esa misma noche el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, cambió completamente el tono y, en una entrevista con la cadena Asharq News, reivindicó la soberanía de Ceuta y Melilla, afeó a Sánchez su proceso de regularización extraordinaria y exigió que España le entregara a los niños y adolescentes marroquíes que seguían en Ceuta. El tema de los menores preocupaba desde hace días a los marroquíes, que veían en la legislación española "obstáculos" tanto "administrativos" como "judiciales" para retornarlos.
A partir de entonces, España ha ido dando tumbos. Fue muy contundente la ministra de Defensa, Margarita Robles, que respondió a Ouahbi que "Ceuta y Melilla no se tocan" y reivindicó que "Ceuta es españolísima", desmarcándose de la actitud del resto de miembros del Gobierno de ahondar en elogios a la "cooperación" de Rabat. Pedro Sánchez, por su parte, ha mantenido un deliberado perfil bajo, sin interrumpir sus vacaciones en Lanzarote.
Mientras, Marlaska ha ido introduciendo algunas matizaciones a las palabras de Albares en días posteriores, dejando caer que "la inmensa mayoría" -ya no todos- "va a regresar a Marruecos a la mayor inmediatez" y hablando ya no de devoluciones, sino de expedientes de expulsión: procedimientos más largos y complejos que no incluyen, por ejemplo, a los solicitantes de asilo ni a los menores.
Y ayer, después de que Ouahbi pidiera abordar con España la "cuestión" del "derecho histórico y geográfico" sobre las ciudades autónomas, el Gobierno pasó directamente de la adulación a la advertencia al trasmitirle a Rabat que "Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE" y que "forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE".
Fuentes de Exteriores precisaron anoche que esta posición se trasladó "claramente" ayer "por los canales diplomáticos": "Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla".
Ahora el mando único
Desde la semana pasada las devoluciones de inmigrantes dejaron de producirse y el Gobierno tuvo que improvisar en pocos días una alternativa con 1.800 plazas en carpas para completar las 800 plazas del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (Ceti). En ellas se ha alojado a los sin papeles que se encontraban en la playa del Trampolín, a donde siguen llegando migrantes del bosque y de otros lugares de Ceuta a pesar de los desalojos policiales.
La decisión este viernes de designar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único de la crisis, tres semanas después de la avalancha, constata que los planes no le han salido al Ejecutivo como pensaba. Según balances internos de la Policía, de los 8.000 adultos y niños que aún permanecen en Ceuta, hay 6.500 que deambulan sin control por la ciudad autónoma, informa Quico Alsedo.
