El ex presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que le condenó el pasado 14 de julio a 18 años de inhabilitación (la más alta de los 11 procesados) por dos delitos de prevaricación administrativa continuada relacionados en el caso de la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón como alto cargo en la institución provincial: "No existió un plan preconcebido, ordenado y dirigido" para tal fin, argumenta en su escrito.
"Negamos categóricamente que Miguel Ángel Gallardo decidiera, solo o en unión de otros, la creación del puesto con vista a adjudicárselo a David Sánchez", detalla el recurso del ex líder del PSOE de Extremadura, que dimitió de su cargo orgánico tras la debacle electoral de las elecciones autonómicas en Extremadura el pasado mes de diciembre -donde fue candidato socialista a la Junta- y también como diputado regional. Su defensa considera que no existe "prueba de cargo suficiente" contra Gallardo "para enervar la presunción de inocencia" y, apunta, "los pretendidos indicios esgrimidos, además de no ser tales, admiten más de una inferencia", advierte. En este sentido, el escrito dice que no hubo una relación "cercana" entre el ex barón socialista extremeño y David Sánchez y niega que "fueran habituales las reuniones entre ambos".
En esta línea, vuelve a incidir en que Gallardo "ni tan siquiera sabía de su existencia y la relación -entre ambos- tras incorporarse (el hermano del presidente del Gobierno a la Diputación), es la estrictamente profesional, como corresponde al máximo responsable político e institucional con el personal directivo de la entidad". E insiste: "Nada se ha acreditado en sentido contrario y nada se puede acreditar porque, sencillamente, no se corresponde con la realidad".
Con respecto a la vinculación con Pedro Sánchez, el escrito de defensa llega a decir que a su dimisión como secretario general del PSOE "contribuyó la Federación Extremeña" de este partido, según indicó en el juicio la testigo Estrella Gordillo, alto cargo socialista.
De hecho, incide el letrado en que "una cosa es que después de la convocatoria" de la plaza se rumoreara que David Sánchez iba a presentarse, "que es lo que refieren los testigos", y otra "bien diferente" es que antes de crearla "se rumoreara que el destinatario" iba a ser este último. A su juicio, en la sentencia recurrida "se infiere" la existencia de un plan preconcebido, ordenado y dirigido por Gallardo, la cual se aleja de la realidad. En este sentido, insiste: "Se antoja fundamento demasiado endeble" para afirmar en sentencia que hubo "un plan diseñado para crear y adjudicar un puesto a la medida, gusto y conveniencia de David Sánchez".
Nuevo procedimiento
Además de pedir la absolución para Gallardo, su defensa insta a no permitir que se abra un nuevo procedimiento contra el ex presidente de la Diputación por un tercer delito relacionado con la creación de la plaza de jefe de sección de actividades transfronterizas, que fue adjudicada a Luis Carrero, amigo personal del hermano del presidente del Gobierno, también en la Diputación de Badajoz. Carrero había trabajado en el área de Presidencia de Moncloa como asesor de Comunicación, desde donde antes de su incorporación a la institución pacense, a través de un concurso al que sólo él se presentó, ya colaboraba laboralmente con David Sánchez. En este sentido, la asociación Hazte Oír ha presentado una nueva denuncia por presunta prevaricación administrativa contra Gallardo en relación con el proceso de creación de esta plaza por lo que Carrero también ha sido condenado.
El ex secretario general de los socialistas extremeños fue condenado, por un lado, a nueve años de inhabilitación por la creación y concesión de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que recayó en David Sánchez, y a otros nueve años por la modificación de este puesto en 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas', pero no por su presunta implicación en la plaza del amigo de David Sánchez, por lo que no fue investigado por la juez Beatriz Biedma en este asunto durante el periodo de instrucción. Luego, tras el juicio, la Audiencia reservó expresamente la posibilidad de que se iniciaran acciones a este respecto. Para la defensa de Gallardo, estos hechos los hechos "indubitablemente acreditados" no conducen "inexorablemente ni con una razonabilidad prevalente al resultado alcanzado y los que sí podrían hacerlo distan, y con mucho, de hallarse demostrados".
Como resumen, el letrado de su defensa plantea el recurso como una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por el alcance de las penas de inhabilitación especial y porque deja la puerta abierta a nuevas acciones contra su cliente relacionadas con el puesto de Carrero.
Respecto a la inhabilitación de 18 años para Gallardo, la defensa entiende que no se ajusta a Derecho al considerar que, de haber delitos, esta prohibición debería ajustarse exclusivamente a presidencia de la Diputación de Badajoz o a otros cargos electivos, pero no a cargos discrecionales en cualquier administración pública. Sin embargo, la Audiencia ya aclaró que la inhabilitación -también al resto de condenados- atañe a cualquier puesto público en la administración, sea cuál sea la categoría y condición de éstas.
