Cuatro Estados (Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington) se sumaron la semana pasada a los otros 17 contra los que el Gobierno de Donald Trump ha presentado una demanda por no discriminar a los estudiantes indocumentados en el acceso a la universidad pública. Como parte de la feroz campaña contra los migrantes impuesta por el presidente, la Administración republicana ha arremetido contra los Estados que permiten a los alumnos pagar las tasas que se reservan para los residentes sin importar su estatus migratorio.
En un país donde el coste de los estudios superiores es tan desorbitante que muchas familias no pueden costearlo, poder acceder a las tarifas que se aplican a los residentes, mucho más reducidas que las impuestas a quienes llegan de otro Estado, puede determinar la continuidad o no de los estudios. Y más aún en el caso de las familias de migrantes indocumentados, que suelen aceptar empleos peor pagados.
“No permitiremos que se presione al Estado de Washington para que cambie la forma en que brindamos oportunidades a los jóvenes de nuestro Estado. Nos veremos en los tribunales, y esperamos ganar”, ha respondido el gobernador del Estado de Washington, Bob Fegison.
La diferencia entre las tasas de matrícula para residentes y no residentes en las universidades públicas de los cuatro Estados es significativa. Como ejemplo, la demanda recoge que para el año académico 2026-2027, los residentes de Washington pagarían 13.406 dólares en la Universidad de Washington, frente a los 44.460 dólares que pagarían los estudiantes de fuera.
Las legislaciones de los Estados demandados permiten que estudiantes sin un estatus migratorio legal puedan matricularse como los residentes si reúnen ciertos requisitos, parecidos en muchos de ellos. En la mayoría se exige que el estudiante haya recibido el diploma de educación secundaria por una escuela del Estado en cuestión, además de otras exigencias como haber residido un tiempo determinado y comprometerse a solicitar la residencia permanente cuando sean elegibles.
Varios gobernadores, representantes estatales y fiscales generales de los Estados afectados se han pronunciado en contra de la intromisión del Gobierno federal en un asunto que es competencia estatal. Además, arremeten contra la discriminación que supondría vetar el acceso a la universidad a los estudiantes por su condición migratoria.
“El Gobierno federal ha demandado a 21 Estados por permitir que los ‘dreamers’ que cursaron sus estudios en lugares como Arizona puedan costearse una educación universitaria en los colegios comunitarios y universidades de nuestro Estado”, declaró la fiscal general Kris Mayes. “En el fondo, se trata de los derechos de los Estados, y defenderé enérgicamente el derecho de Arizona a establecer sus propias normas, especialmente aquellas aprobadas por los propios votantes”, agregó. En Arizona, la proposición 308, que fue aprobada por los votantes, vincula la elegibilidad del estudiante al lugar donde asistió a la escuela y donde se graduó, no a su residencia.
El argumento del Gobierno para arremeter contra los Estados que han aprobado una normativa similar es que los extranjeros se aprovechan de beneficios públicos en detrimento de los estudiantes estadounidenses. “Hasta la fecha, hemos demandado a 21 Estados que, según alegamos, estaban contraviniendo la clara prohibición del Congreso de anteponer a los extranjeros a los ciudadanos. Nuestros esfuerzos no cesarán hasta que se cumpla la promesa del presidente Trump: los extranjeros indocumentados no recibirán beneficios que se niegan a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó Stanley E. Woodward, Jr., fiscal general adjunto asociado, en un comunicado.
Desde 2001, cerca de la mitad de los Estados del país, además del Distrito de Columbia, han aprobado alguna norma sobre política de equidad en las tasas de matrícula y, en algunos casos, a ayuda financiera. La verificación del estatus migratorio no se pregunta en muchos Estados, pero en otros, como Georgia y Carolina del Sur, los estudiantes que no sean ciudadanos o tengan residencia permanente no pueden acceder a las instituciones públicas de educación superior.
No todos los Estados se han mostrado dispuestos a defender su política y algunos han recibido un fallo judicial en contra, por lo que han cancelado la política que aplicaban hasta ahora. Es el caso de Nebraska, Oklahoma, Texas e Illinois. En Kentucky, un juez también respaldó el argumento federal, pero la organización de defensa de los latinos Maldef ha recurrido el fallo. Por el contrario, en marzo, un juez federal desestimó una demanda similar presentada contra Minnesota, una decisión que el Departamento de Justicia está apelando.
El Gobierno de Trump alega que, en virtud de una ley federal aprobada en 1996, los Estados que ofrecen tarifas de matrícula para residentes a migrantes indocumentados basándose en su residencia estatal deben ofrecer esa misma tarifa a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Por su parte, los Estados defienden que no se viola la legislación federal porque los requisitos que se exigen para acceder a las tarifas más baratas se basan en donde se ha cursado la educación secundaria, no solo donde se reside.
Muchos de los estudiantes cuyos estudios superiores dependen de cómo se resuelva la disputa son los llamados dreamers, quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños y han cursado todos los estudios en el que consideran su país a pesar de no tener los papeles en regla. “Los jóvenes inmigrantes se organizaron durante años para lograr leyes que permitieran pagar tarifas de matrícula para residentes estatales en los lugares que consideran su hogar”, afirman desde la organización que los defiende, United We Dream. “Estos ataques destinados a eliminar las tarifas de matrícula para residentes estatales forman parte de un esfuerzo deliberado por mantener a estudiantes trabajadores con salarios bajos, endeudados y cada vez más lejos de obtener un título universitario y acceder a empleos bien remunerados en el futuro”, denuncian.
Otros Estados demandados por el Gobierno de Trump son Connecticut, Nueva York, Vermont, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Colorado y Maryland.
