Gobierno negocia un decreto de vivienda mínimo para evitar el ómnibus y asegurar apoyos

El Gobierno intenta cerrar a contrarreloj un decreto de vivienda que pivote sobre las dos principales propuestas efectuadas por Junts para prestar su apoyo a la norma: la prohibición de los desahucios en propiedades de fondos buitre y las desgravaciones fiscales al alquiler y la compra. Según detallan fuentes conocedoras de la negociación a EL MUNDO, dichas propuestas gozan de «consenso» entre las diferentes fuerzas políticas implicadas, a pesar de las reticencias iniciales de ERC y Sumar a que la formación liderada por Carles Puigdemont capitalice el diseño de la respuesta legal a la crisis social desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada de su piso la pasada semana.

Según relatan las mismas fuentes, el verso suelto en estos momentos es Podemos, que continúa empeñado en incluir en el decreto la expropiación de 650.000 viviendas de fondos buitre. Esa posibilidad no es contemplada por la formación que representa Míriam Nogueras en el Congreso, ni tampoco por otras fuerzas como el PNV, con lo que su inclusión dinamitaría la mayoría necesaria para convalidar el decreto en las Cortes Generales tras su aprobación inicial en el Consejo de Ministros.

Ante ese escenario indeseado, que multiplicaría la presión de las calles sobre Pedro Sánchez, la estrategia del Ejecutivo socialista pasa ahora por centrarse en sacar adelante ese decreto de mínimos que pueda ser asumido por todas las fuerzas políticas implicadas en la negociación e intentar desplazar las propuestas más extremas hacia otros decretos con los que contentar a todas las partes, aunque finalmente no sean convalidados por la Cámara Alta por falta de apoyos. «Pero Podemos no lo está poniendo fácil», puntualizan voces que forman parte de las conversaciones sobre esta estrategia del Gabinete de Sánchez.

Cualquier desenlace que asemeje el decreto resultante a un decreto ómnibus con propuestas muy dispares será automáticamente rechazada por los de Puigdemont, insisten las fuentes negociadoras. En este mismo sentido se posicionó ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien advirtió a Sánchez «que no mezcle la vivienda, como hizo en su momento en el decreto ómnibus de las pensiones, con medidas que criminalicen al pequeño propietario».

El presidente del PNV, Aitor Esteban, también subrayó la necesidad de buscar un decreto que fije «un mínimo común denominador entre todos», a la par que criticó a aquellas formaciones que «van a máximos», en poco velada alusión a Podemos.

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sigue siendo enormemente beligerante contra la posibilidad de que los neoconvergentes marquen el paso a Sánchez, pero ayer fue en cierto modo desautorizado por el presidente de su partido, Oriol Junqueras, que fijó la postura de los republicanos evitando cualquier mención a Junts o a sus medidas. Se basó Junqueras en exigir a Sánchez que ese decreto de consenso incluya límites a los alquileres de temporada y habitaciones, la suspensión de desalojos a personas vulnerables, el «fin de los privilegios de las sociedades de inversión» o una prórroga extraordinaria de dos años a los contratos de alquiler que venzan desde la entrada en vigor del decreto.

Por parte de Sumar, el último en posicionarse públicamente fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien el viernes abrió la puerta a debatir las medidas fiscales de Junts dada la «urgencia habitacional» actual. Lo hizo antes de que su formación amenazara a Sánchez con un nuevo plante en el Consejo de Ministros de mañana si no acude con un decreto con el respaldo necesario para ser convalidado.