Gonzalo Sanz, quien fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta durante la entrada masiva de los 30 y 31 de julio, ha afirmado este jueves en la Audiencia Nacional que la situación ya era extraordinaria durante los días previos a la crisis; y que dieron avisos al Ministerio del Interior, pero que la respuesta que recibieron no fue la esperada por la Delegación, según han informado fuentes cercanas a la causa. Sanz, que ha comparecido ante la jueza María Tardón, también ha defendido que avisó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, de los mensajes de WhatsApp que recibió de un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la existencia de llamamientos en redes sociales con 180.000 participantes para entrar en la localidad autónoma, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos; y que, además, existen otros 19 mensajes que no se han desclasificado.
El interrogatorio como testigo al antiguo jefe de gabinete ha comenzado sobre las 11.45 y se ha prolongado durante casi dos horas. En este tiempo, según estas fuentes, Sanz ha detallado que Triano pudo decir que no le había informado sobre los mensajes del CNI porque no lo recordara y, a su vez, ha respaldado en gran medida la actuación del dimitido cargo socialista. El exjefe de gabinete ha apuntado que se envió información a varios ministerios a finales de julio. Y, entre otras cuestiones, ha precisado que no se pudo contactar con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se encontraba centrado en los grandes incendios que asolaban Madrid y Ávila; pero que sí se habló con la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de ese departamento, para comunicarles su preocupación y la magnitud de la crisis. Sin embargo, según ha dicho, la respuesta que obtuvieron no fue la esperada y les instaban a esperar.
Después de declarar ante Tardón, Sanz ha permanecido en el juzgado cerca de otra hora para entregar a la magistrada distintas comunicaciones (mensajes y wasaps) almacenadas en su teléfono móvil. “Todo ha ido bien”, ha comentado Sanz escuetamente a la prensa al abandonar la Audiencia, antes de marcharse a toda prisa en un coche que lo esperaba. Antes, ante la jueza, había añadido que no recibió presiones políticas de sus superiores.
Paralelamente, el exjefe de gabinete —que llevaba en el puesto desde junio de 2022, con los anteriores tres delegados del Gobierno— ha relatado cómo se preparó un informe el 24 de julio, que ya contenía información de un número de entradas a nado muy alarmante y se advertía de que existía un escenario altamente probable de entrada masiva. Según fuentes cercanas a la causa, Sanz ha explicado igualmente que no fue sencillo sacar adelante un comunicado que se publicó el 27 de julio, donde el Gobierno de la ciudad y la Delegación afirmaban que la situación era muy grave y que se había elevado el asunto a “las más altas instituciones”. En esa línea, Sanz ha expuesto que se tuvieron que corregir cosas porque a La Moncloa había términos que no le convencían y, ha señalado que tenía constancia de que ese comunicado no gustó a muchos ministerios, según la información que les dijo Triano.
El testigo ha subrayado que hubo momentos en los que, incluso, la relación con la ciudad se tensionó porque desde Madrid no se atendían a sus peticiones, pero ha defendido que el delegado nunca dejó de interesar medidas efectivas, como cambios legislativos, refuerzos policiales, refuerzos en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) o la creación de un lugar para realizar los triajes. De acuerdo a su relato ante la jueza, Pérez Triano habló en distintas ocasiones con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, sin que se tomaran las medidas que allí estaban esperando, puesto que les decían que necesitaban más tiempo. Según la versión de Sanz, él solo mantuvo una conversación con una ministra y fue con Margarita Robles, encargada de Defensa, el día posterior a dimitir, que le llamó a título personal.
Sanz dejó su cargo después de que su superior afirmase que no le había comunicado esos mensajes del CNI. El jefe de gabinete decidió dar el paso ante la existencia de esas versiones “incompatibles”, aunque en un comunicado respaldaba también el trabajo de la Delegación del Gobierno en Ceuta. “Sé que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto, sabedor de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios y con la esperanza de que nuestra Ceuta recupere cuanto antes la normalidad que tanto necesitamos”, expuso en su misiva.
La jueza, que asumió a principios de septiembre la investigación sobre la entrada irregular, ha impulsado esta semana la primera ronda de interrogatorios de las pesquisas. Aunque se encuentra a la espera de recibir una amplia batería de informes reclamados a una veintena de unidades policiales y militares, la magistrada no ha querido esperar para comenzar a tomar declaraciones. De hecho, este mismo jueves y antes de que Gonzalo Sanz se sentara ante ella, otro testigo ha comparecido por videoconferencia: Sebastián Vega, que ostentaba el cargo de jefe de la Policía Local de Ceuta a finales de julio. En declaraciones a la prensa, Vega ya calificó los incidentes como un “ataque a la integridad territorial de España” y apuntó contra Marruecos: “En Marruecos nadie mueve el bigote sin que lo sepa la estructura de información que hay en torno al poder que ejerce el Rey”, dijo.
Este jueves, según fuentes cercanas a la causa, Vega ha repetido que apreciaron un aumento inusual de entradas irregulares tras la sentencia del Tribunal Supremo de principios de julio sobre los límites a las devoluciones en caliente en frontera. El jefe de la Policía ha remachado que no contaban con ninguna señal de que se pudiera producir una entrada del nivel que alcanzó, según estas fuentes.
Además, ambos (Sanz y Vega) han sucedido a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que prestó declaración ante la jueza este miércoles. Durante su declaración, el dirigente del PP explicó que, durante las jornadas previas a la llegada de 80.000 personas, trató de advertir de la dimensión de la crisis a Presidencia y a los ministerios de Interior, Política Territorial y Exteriores. Pero añadió ante Tardón que el Gobierno central no se mostraba consciente de esa magnitud. De hecho, Vivas aseguró que intentó sin éxito hablar con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que trató de comunicarse una decena de veces con él, pero no llegó más allá del jefe de gabinete. Fuentes de La Moncloa han negado ese extremo: repiten que tienen “cero constancia de 10 llamadas” y que “solo” solicitó “una vez hablar” con Sánchez (el 30 de julio) “y se le pasó con él ese mismo día”.
Al asumir la causa, Tardón apuntó contra Marruecos y apreció indicios de la comisión de “una conducta delictiva” coordinada e intencionada “presuntamente cometida en el extranjero”, “que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”. Sin embargo, la magistrada avanzó que va a indagar en “todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español”, incluyendo si la “articulación de adecuados medios de respuesta” y la gestión de las “alertas” influyeron en los efectos de la entrada masiva de finales de julio.
En esta línea, parte del foco se ha situado en el cruce de mensajes de un agente del CNI y Sanz el 29 de julio, un día antes del acceso irregular —conocido a través de la desclasificación de documentos impulsada por el Gobierno—. En un wasap, el funcionario de inteligencia apuntó: “En redes sociales hay un llamamiento para asalto a la valla y mar mañana a las 20h. Aprovechando la fiesta del trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas idea del alcance de la difusión”. A las 21:34 horas se produjo una llamada de 11 minutos entre ambos interlocutores.
