Grandes tecnológicas internacionales preparan batalla legal contra el nuevo decreto de centros de datos en España

Las grandes tecnológicas internacionales despliegan toda su artillería antes de un potencial choque en los tribunales con el Gobierno de España por las nuevas exigencias que pretende implantar el Ejecutivo. Según señalan fuentes jurídicas al tanto de la situación, SpainDC, la asociación que agrupa a los grandes desarrolladores de centros de datos en España, ha acudido al Consejo de Estado para presentar las alegaciones al proyecto de real decreto que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica.

La patronal, que cuenta con gigantes mundiales tecnológicos de la talla de Amazon, Google o Microsoft, quiere que el supremo órgano consultivo gubernamental para cuestiones legales cuente de primera mano y de forma directa con su posición discrepante en cuestiones clave del real decreto. También el Gobierno tendrá que remitir al Consejo de Estado el proyecto normativo en las próximas semanas para que haga su dictamen antes de su aprobación definitiva.

Aunque el dictamen a las normas regulatorias que hace el órgano presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo son meramente preceptivos (no obligan a los reguladores a seguir sus opiniones), estos tienen mucho peso. Así lo demostraron los informes jurídicos del Consejo de Estado sobre las circulares de redes eléctricas que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado año.

La patronal presidida por Emilio Díaz (CEO de Nabiax) y dirigida por Begoña Villacís tiene claro que la nueva normativa, además de ser ampliamente lesiva desde el punto de vista económico, tiene difícil encaje jurídico, de ahí que este mismo viernes no descartaran terminar en lo tribunales si la regulación no se revisa.

“SpainDC duda del encaje jurídico del nuevo decreto”, advertía la asociación en un comunicado, que ha tachado la normativa en elaboración de “discriminatoria”. “Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida”, ha explicado Begoña Villacís desde la sede de la CEOE.

En lo que respecta al encaje legal, los representantes de los data centers señalan, entre otras cuestiones de índole jurídica, que “las alegaciones cuestionan que el Ministerio [en referencia a Transición Ecológica] asuma determinadas competencias en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que SpainDC considera atribuidas legalmente a la CNMC como regulador independiente”, según recoge su comunicado público.

La cuestión es crítica para España, ya que los centros de datos son infraestructuras necesarias para el desarrollo digital de España y el potencial de vectores de presente y futuro de amplio recorrido como la inteligencia artificial.

España cuenta con unas condiciones idóneas para el desarrollo de estos activos, como demuestran las grandes tecnológicas mundiales. Sus portavoces estiman que se podrán movilizar casi 67.000 millones de inversión hasta 2030. Sin embargo, las empresas están dispuestas de defenderse en los tribunales y pedir reclamaciones multimillonarias si sufren un golpe sobre inversiones que ya estaban comprometidas antes de que se lanzara la nueva propuesta de exigencias regulatorias.

Prueba de la fuerza que están demostrando estas compañías está en su respuesta jurídica. Villacís, directora de SpainDC, es abogada de formación y pasó años en los niveles máximos de la política como una de las líderes de Ciudadanos, con lo que es ampliamente conocedora de los resortes del Estado para lograr la máxima influencia. Pero además de su know how jurídico, desde que el borrador del proyecto de real decreto salió a audiencia pública, las grandes tecnológicas han puesto a trabajar a varios de los mejores despachos de abogados del país.

Estas compañías, muchas de las cuales proceden del ámbito internacional, ya cuentan con informes y dictámenes sobre el decreto y sus fallas. Los trabajos parten de algunos de los bufetes más prestigiosos del país como Garrigues, Cuatrecasas o A&O Shearman, entre otros. Estos especialistas están por ahora escudriñando todas las cuestiones regulatorias, como detallan en sus papers. Pero además de contar con equipos de derecho público y regulatorio especializados, estos despachos cuentan con algunos de los mejores abogados del mundo en la práctica de litigación.

Este viernes, SpainDC abrió la puerta a los tribunales si no logran un diálogo con el Gobierno al que están abiertos para buscar posiciones de consenso que puedan encajar a todas las partes. Sin embargo, muchos de los inversores en estos proyectos son capitales foráneos que podrían plantear al Reino de España arbitrajes internacionales. Un escenario que la patronal no ha querido entrar a valorar a ese nivel de detalle.

La cuestión supone una difícil espada de Damocles para el Ejecutivo que aún sufre un fuerte estigma internacional por las decenas de arbitrajes que sufrió por otro cambio regulatorio concerniente al ámbito de la energía en el año 2013, un problema para España a múltiples niveles que aún sigue sin resolver.

Aunque la cuestión aún está lejos de escalar a esos niveles de conflictividad, la nueva normativa española sobre centros de datos ya está siendo una cuestión destacada de conversación en las principales plazas financieras, aseguran fuentes próximas a las tecnológicas. La pasada semana, empresas y fondos mostraron “preocupación” en un foro organizado por Goldman Sachs en la City de Londres, tal y como desveló EL PAÍS/CincoDías.

Pese al armazón legal y judicial que están construyendo las grandes tecnológicas y la presión ejercida desde el minuto uno, la situación aún está en una fase muy preliminar, ya que el plazo de alegaciones que estableció el Gobierno terminó este mismo jueves, con lo que aún faltan diversos trámites que resolver antes de que la normativa se apruebe. Y el Gobierno está abierto a cambios si se mantiene la filosofía del decreto.

La expectación es máxima. El propio Ejecutivo ha señalado este jueves que ha recibido más de 600 alegaciones de toda índole en sólo 14 días. Pero por ahora no rehúye la amenaza judicial de las empresas y se reafirma en sus pretensiones de obligar a las empresa a que se doten de un 80% de energía renovable adicional hora a hora para permitir que funcionen. Este es, precisamente, el punto de mayor sensibilidad para las empresas, que lo consideran inviable desde el punto de vista técnico y económico. Además, las fuentes consultadas añaden que todas las nuevas exigencias son especialmente dañinas para aquellas empresas de menor tamaño, ya que los gigantes tecnológicos de Wall Street tienen más capacidad y pulmón financiero para aguantar el embate regulatorio de España.