No habían transcurrido ni 24 horas desde que técnicos de Endesa cortaron el suministro eléctrico de cuatro pisos ocupados de una promoción de Calonge i Sant Antoni, cuando volvían a estar enganchados de nuevo a la luz de forma ilegal. No era la primera vez. Entre los vecinos de este bloque con piscina, situado a tres minutos a pie de la playa, hay cierta sensación de déjà vu , inseguridad, temor e indefensión tras dos años de convivencia con ocupas problemáticos. “La situación se ha vuelto insostenible”, dicen.
Denuncian amenazas, coacciones, miradas desafiantes, actitudes violentas y provocadoras, la ocupación de zonas comunes como el aparcamiento, la vandalización de puertas antiocupas con las que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) dueña de una veintena de los 35 pisos del bloque, ha colocado para evitar nuevas usurpaciones… También advierten que han puesto silicona en la mirilla electrónica de la puerta de un vecino y que han amenazado con quemar el edificio ante presencia policial. Critican también el uso indebido de la piscina, los ruidos a altas horas de la madrugada, el uso de los armarios de los contadores como si fueran trasteros, el robo de piezas de cobre del tejado... “¡Estamos hartos! No podemos más!”
Una pesadilla que empezó en el año 2024, cuando se consumaron las primeras ocupaciones. Tres años antes, en 2021 la Sareb se hizo con las primeras viviendas. Inicialmente, no colocó ningún sistema de seguridad ni vigilancia, lo que abonó el terreno para la ocupación. Ahora hay puertas blindadas y personal de vigilancia que pasa a diario, mañana y tarde, por los inmuebles. Pero los vecinos piden a la Sareb vigilancia permanente las 24 horas del día.
Uno de los cabecillas de esta trama es un viejo conocido de la policía con varios antecedentes por hechos similares en otros municipios como La Bisbal d’Empordà y Palafrugell y que, según fuentes municipales, “se dedica a vender llaves con agua y luz gratis”.
La situación afecta a los vecinos, principalmente por la actitud violenta de algunos de los ocupas. “Tengo miedo, vivo con una sensación de ansiedad permanente y no salgo de casa sin el spray de gas pimienta”. Detrás de estas palabras está Manuel, nombre ficticio de un vecino que declina aparecer con su verdadero nombre. Teme represalias. El hombre adquirió uno de los apartamentos en 2009 como segunda residencia, pero de un tiempo a esta parte, las estancias son cada vez más cortas y espaciadas por temor a su integridad. “Ahora sí que me planteo marcharme de aquí”, dice.
Manuel ha recibido ya varias amenazas y cuenta con una sentencia firme del Tribunal de Instancia de Sant Feliu de Guíxols, que condena a uno de esos ocupas a pagarle 360 euros de multa por un delito leve de coacciones. “Llevas tiempo buscando problemas y los vas a tener”, le profirió el acusado mientras le seguía desde su coche por las inmediaciones de la vivienda hará cosa de medio año. No era la primera vez que se dirigía a él en actitud intimidatoria. Como resultado, ha modificado algunas de sus rutinas para no encontrarle en zonas comunes del edificio, del aparcamiento u otros espacios. Manuel está pendiente de otra sentencia recurrida en la Audiencia de Girona y en breve pisará los juzgados tras denunciar a un ocupa por defraudación de fluido eléctrico. Casos que implican a ciudadanos marroquíes.
Manuel es uno de los cabezas visibles de la comunidad que más está poniendo de su parte para evitar nuevas ocupaciones. “Si no fuera por nosotros, los vecinos, medio bloque ya estaría ocupado”. No es el único vecino que vive asustado. Una mujer fue agredida mientras paseaba por la calle y otros han decidido poner en alquiler sus inmuebles o venderlos por el “desgaste psicológico” del día a día de esta situación. “Es insostenible, vivimos con una organización criminal en el bloque”, se lamenta otro testigo.
Los vecinos piden a la Sareb, como propietaria de los cuatro inmuebles más problemáticos, que agilice las acciones legales necesarias para el desahucio de los ocupantes. Fuentes del conocido como banco malo explican que en cuatro de las viviendas ocupadas, cuyos inquilinos no han acreditado ser vulnerables, los lanzamientos están solicitados. Otras dos viviendas, en las que sí se ha acreditado vulnerabilidad pero que tienen historial conflictivo acreditado por cuerpos policiales, también serán desalojadas.
Según datos municipales, en Calonge i Sant Antoni hay unos 400 inmuebles propiedad de bancos y unos cuarenta pisos ocupados. “El fenómeno se concentra principalmente en inmuebles en que los propietarios no son personas físicas ni sociedades patrimoniales”, explica el edil de Seguridad, Alberto Mas. Casos que se suelen eternizar.
