Miles de personas que dejan sus hogares entre la impotencia y las lágrimas; bosques protegidos, como el de San Juan de la Peña, declarado sitio natural de interés nacional en 1920, amenazados por las llamas; las regias osamentas de los primeros reyes de Aragón rescatadas de la cercanía del fuego en el imponente monasterio románico al que rodea el arbolado mágico de San Juan de la Peña; los equipos de rescate, al límite de sus fuerzas y arriesgando su vida…
Las llamas causan estragos este verano aciago, en el centro, en el sur, en el noreste, en todos los rincones de España. Como ya lo hicieron el año pasado, como lo harán el próximo si no se toman medidas urgentes desde ahora mismo. Esperar al próximo incendio como si se tratara de una maldición nos abocará a convertirnos en un país calcinado, como advertía estos días la alcaldesa de la población oscense de Santa Cruz de la Serós, afectada de lleno por el terrible incendio de las Peñas de Riglos: "El pueblo está muy mal, se está quemando -lamentaba este 15 de agosto, festivo por excelencia en todo el país y ensombrecido para quienes sufren los fuegos-. Las leyes de Bruselas y Madrid generan impotencia. Con mucha suerte, se van a quedar las casas. El resto hemos pasado de ser un pueblo medieval a un pueblo de cenizas. Esto es lo que nos va a quedar".
¿De verdad estamos dispuestos a que en la hoguera de las dejaciones, de la desidia política, de la burocracia, de la pelea entre competencias arda nuestro medio natural, el futuro, el trabajo, las casas y, en el peor de los casos, las vidas de tantos afectados por el fuego? ¿No hay manera de que las leyes se perciban como aliadas, no como barrera infraqueable para quienes viven y dan vida al medio rural? La ley de Montes, promulgada en 2003 para un país que es el segundo de Europa en masa arbórea, habla de combinar la protección con el desarrollo, el progreso y las actividades forestales y ganaderas; subraya la necesaria adaptación al cambio que nos sitúa en un escenario de calentamiento, temperaturas y sequías extremas.
Es responsabilidad de las administraciones que su aplicación –o su adaptación, si se ve que está superada- responda a ese espíritu y no ahogue en trabas y papeleo, hasta llevarlos al desestimiento, a quienes habitan la España que no es urbana. También contempla la existencia del Consejo Nacional Forestal, órgano consultivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que preside el ministro y que está integrado por representantes de los ministerios, comunidades autónomas, sector industrial, sindicatos y organizaciones agrarias y ganaderas, la Universidad y asociaciones ecologistas. Su misión es, en teoría, impulsar estudios y hacer seguimiento de los programas sobre montes, emitir informes sobre plantes estatales del sector forestal, proponer medidas para una gestión verde y sostenible, redactar un informe anual sobre la situación de los bosques…
Leer acerca de estos buenos propósitos, de cuya existencia en la práctica no hay apenas notica, leer mientras los montes se calcinan y el fuego cerca a las personas, a las viviendas y al patrimonio, es llorar. ¿Sabemos quién, y de qué manera, y para qué, está pensando en los bosques, en la reconversión de los agentes forestales para que puedan atender la gestión durante todo el año en condiciones y con planificación adecuada; en la transformación de la maleza en biomasa para que sea energía en lugar de combustible para alimentar incendios monstruosos?
