Informe jurídico concluye que el partido AfD es inconstitucional en Alemania

En un momento en el que el debate sobre una posible prohibición del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) no avanza, entre otras cosas, por el temor a fracasar ante los tribunales, la ONG Sociedad para los Derechos de Libertad (GFF, por sus siglas en alemán) ha analizado durante más de un año casi tres millones de publicaciones en redes sociales, 77.000 documentos parlamentarios y 55.000 comunicados de prensa hasta llegar a la conclusión de que AfD viola el principio de democracia y la dignidad humana. También destaca el carácter racista del programa político de esa formación.

“Con un equipo de ocho expertos, y sobre la base de más de 2.500 pruebas, se llegó a la conclusión inequívoca de que AfD es inconstitucional”, ha sostenido el director jurídico de GFF y responsable del informe pericial, Bijan Moini, durante la presentación del informe este jueves en Berlín. La conclusión en la organización fue unánime. “AfD es inconstitucional en el sentido del artículo 21, apartado 2, de la Ley Fundamental. Esto significa que, en nuestra opinión, una solicitud de prohibición probablemente tendría éxito”.

Pero, ¿cómo prohibir a un partido que según las encuestas está primero en intención de voto con un 29% y que en las últimas elecciones generales fue el segundo más votado? A lo largo de 1.500 páginas, los autores argumentan cómo, en su opinión, un procedimiento para ilegalizar el partido tendría perspectivas de éxito.

Como ha señalado el experto, para determinar la inconstitucionalidad, es decisivo ver si un partido es contrario a uno de los tres pilares del orden liberal democrático. Estos son la dignidad humana, el principio democrático y el principio del Estado de derecho. “El Tribunal Constitucional de Alemania ha dejado claro que, si un partido se opone a uno de estos principios, se opone al orden liberal democrático en su conjunto”, ha dicho Moini.

Se trata del primer informe exhaustivo sobre la cuestión de una posible inconstitucionalidad de AfD y como apuntan sus responsables, “mejora notablemente la base para el debate sobre su prohibición”. “Si los objetivos del partido se hicieran realidad, las consecuencias serían de gran alcance: la competencia democrática se vería considerablemente mermada y cabría esperar violaciones sistemáticas de la dignidad humana”, han alertado.

Declarar a AfD como partido al margen de la ley fundamental es competencia del Tribunal Constitucional Federal a petición del Parlamento (Bundestag), del Bundesrat (Consejo Federal o Cámara alta) o del Gobierno. “Esto ocurre cuando un partido, por sus objetivos o por el comportamiento de sus seguidores, tiene como finalidad eliminar o menoscabar el orden liberal democrático”, declaró Dana-Sophia Valentiner., miembro de la junta directiva de la GFF.

Un grupo de 113 diputados del Parlamento alemán, pertenecientes a varios grupos, presentaron en noviembre de 2024 una moción para iniciar un procedimiento de prohibición de AfD. Sin embargo, domina el escepticismo en el país. El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, se opone, por ejemplo, a abrir un procedimiento de prohibición y cree que se debe “eliminar a AfD mediante la política” y no “prohibirla”, como ha afirmado en repetidas ocasiones.

El informe de la Oficina para la Protección de la Constitución ―el nombre que reciben los servicios de inteligencia internos alemanes― sobre AfD, presentado el pasado año, se centró casi exclusivamente en la islamofobia y en el concepto étnico-cultural de “pueblo” que defiende el partido. Pero, según han destacado este jueves los expertos de GFF, no tiene en cuenta otros aspectos relevantes para una prohibición, como es el acoso o persecución judicial de oponentes políticos.

El informe de la inteligencia alemana alertaba de la peligrosidad de AfD para el orden democrático y pretendía demostrar que todo el partido debe ser denominado de extrema derecha. Sin embargo, una sentencia de un tribunal de Colonia dictaminó el pasado febrero que los servicios de inteligencia deben abstenerse de calificar al partido de manera general como extremista de derechas ―lo que implica un nivel concreto de vigilancia de sus actividades―, al menos hasta que se resuelvan los recursos de AfD contra esta denominación.

Esto supuso un revés para los políticos que querían ilegalizar el partido. “El informe pericial de GFF pretende subsanar estas lagunas”, apuntó Valentiner, que cree que si se abriera ahora un proceso contra AfD “probablemente tendría éxito”.

Como explicaron, estos expertos no se centraron en si es o no un partido de extrema derecha, sino en si vulnera la Constitución, como puede ser el hecho de que AfD busque, por ejemplo, reprimir a sus oponentes políticos interponiendo querellas contra ellos. “Las imágenes de políticos conocidos entre rejas son un motivo muy recurrente en las redes sociales de AfD y de sus seguidores”, han señalado. Además, han recordado que hay unas 200 peticiones de políticos de AfD para llevar ante los jueces a dirigentes de otros partidos por “decisiones legítimas desde el punto de vista democrático”.

“Si se produjeran varios casos de persecución penal por motivos políticos, eso disuadiría a otras personas de participar en el discurso democrático, defender determinadas posiciones o tomar ciertas decisiones. Es decir, una democracia libre simplemente ya no es concebible si, por tomar decisiones políticas —no por una conducta punible—, uno tiene que temer ser perseguido y acabar en la cárcel”, alertó Moini.

“Además, AfD tiene la intención de hacer realidad su concepción étnico-cultural del pueblo. Y lo haría privando de la nacionalidad a determinados alemanes con antecedentes migratorios que hayan cometido delitos”, dicen en el informe. “Y fomentando únicamente el nacimiento de niños y niñas alemanes, para lo que quiere ofrecer ayudas a nivel federal únicamente a los padres que sean ambos alemanes, lo que supone una discriminación hacia los matrimonios mixtos”.

Por otra parte, el programa de AfD plantea atentar contra la dignidad humana, sobre todo, de los musulmanes, las personas con doble nacionalidad y los solicitantes de asilo. “No son alemanes todos los que poseen un pasaporte alemán, sino solo aquellos con los antepasados correspondientes”, explicó Moini sobre lo que defiende el partido ultra.

AfD exige también la prohibición del velo islámico en las instituciones públicas —por ejemplo, en las administraciones o los hospitales públicos— y, en parte, en todo el espacio público. “También se pretende prohibir la construcción de minaretes y las llamadas del muecín. Algunos dirigentes y la sección regional de Sajonia de la AfD quieren prohibir de forma generalizada la construcción de mezquitas. El objetivo es expulsar al islam de la esfera pública”. Según los expertos, estas reivindicaciones “restringen sistemáticamente la libertad religiosa y humillan a las personas afectadas”.

De acuerdo con los sondeos, en las elecciones regionales de septiembre en Sajonia-Anhalt, AfD será probablemente el partido más votado con un 42% de apoyo y podría formar gobierno por primera vez. En este sentido, Valentiner recordó que el procedimiento de prohibición de partidos no distingue en función del éxito que tenga un partido ni de su tamaño actual.

Mientras, Moini destacó que se trata de un partido que en este Estado federado exige que haya clases especiales para los hijos de solicitantes de asilo. “Es decir, se les quiere excluir de los colegios ordinarios”, indicó. “También quieren una ayuda familiar selectiva solo para niños alemanes”. “Como motivo, alega, entre otras cosas, la necesidad de ‘evitar que los niños alemanes se vean sometidos a las diversas presiones que surgen al compartir las aulas con niños de culturas totalmente ajenas’”.

Los expertos dicen que AfD también menosprecia los cuerpos de las personas trans calificándolos de “mutilados” y relaciona a las personas LGTBIQ con la pedofilia.

GFF, que defiende los derechos fundamentales y los derechos humanos por la vía jurídica, es conocida en Alemania por haber presentado más de 45 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y llevar a cabo procedimientos ante este órgano de forma habitual. El informe fue financiado exclusivamente mediante donaciones privadas de más de 20.000 personas, por un importe superior a un millón de euros.