El Ministerio del Interior ha elevado este martes a 2.168 la cifra de menores migrantes no acompañados filiados en Ceuta desde el 30 de julio. Esto significa que la Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del gobierno de la ciudad de Ceuta a 2.168 chicos desde el inicio de la crisis migratoria hasta las 9 de la mañana de este martes.
Esto supone 270 menores más que los contabilizados hasta el pasado jueves, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contabilizó en 1.898 la cifra de menores.
Los menores permanecen en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante la repatriación o a través de su derivación a otras comunidades autónomas ante la saturación de la capacidad de la ciudad autónoma.
También hay un porcentaje de niños y jóvenes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y tienen derecho a protección internacional, como ha recordado Save the Children, que ha puesto el foco en las mujeres, niñas o adolescentes, que a esas problemáticas suman las de los matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.
El Gobierno central ha citado la próxima semana a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial para debatir sobre la reubicación de los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta para su mejor atención y sobre la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender a los menores.
Los gobiernos autonómicos del PP, sin embargo, se oponen a ese debate por estar en contra del sistema, en tanto que los tres ejecutivos de coalición en los que las políticas de Infancia están en manos de Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León) ni siquiera quieren participar.
El otro camino, la devolución a los países de origen, no es sencillo, dado que solo se puede hacer si se demuestra, a través de un estudio individualizado, que realmente eso es lo mejor para el menor, por lo que en la práctica estas devoluciones casi nunca se lleven a cabo.
El Tribunal Supremo sentenció que la devolución masiva de menores a Marruecos que se ejecutó tras la crisis migratoria en 2021 fue ilegal, por la “absoluta inobservancia” de las garantías que establece la ley de extranjería, como realizar un estudio caso por caso de las circunstancias individuales de cada joven.
Garantías que han de respetarse incluso a pesar de que exista un acuerdo como el alcanzado con Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de los menores, algo en lo que se había escudado el Gobierno.
Aunque este mecanismo está previsto en la ley a través de la reagrupación familiar, su ejecución es compleja porque exige velar en todo momento por el interés superior del menor, para lo que es necesario un exhaustivo estudio, caso por caso.
Entre otras cuestiones, es fundamental que el menor quiera volver y, entre otros trámites, la Delegación del Gobierno tiene que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a ser bien atendido en el caso de su retorno.
Además, dentro del procedimiento, el joven tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión.
La ley también contempla como otra opción la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección del país de origen, pero esto de nuevo exigiría justificar que el joven estaría mejor atendido en la red de acogida del país de origen que en el de España.
