Isabel Perelló responde a Marlaska defendiendo la independencia judicial en la investigación de la crisis migratoria en Ceuta

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, no ha tardado en responder al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre sus quejas contra la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por sus pesquisas sobre la crisis migratoria en Ceuta. Le ha pedido que se tenga el “máximo respeto” a las decisiones adoptadas por la instructora, que ha requerido varios informes judiciales antes de decidir si inicia una investigación formal.

En su escrito, Perelló le ha contestado a su carta en la que mostraba su preocupación sobre la orden de la instructora a la Policía y Guardia Civil para que no informaran a sus superiores del contenido de los informes requeridos sobre posibles autores y alertas previas de la entrada masiva de cerca de 80.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La presidenta del órgano de los jueces advierte que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- “tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales”, tal y como prevé la ley orgánica del poder judicial.

También le recuerda cuál es la función de policía judicial bajo la orden de los jueces, que corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “cualquiera que sea su naturaleza y dependencia”.

“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, concluye la carta.

Marlaska defendía en su carta que ante una situación de crisis como la que se enquista en Ceuta, donde miles de personas siguen deambulando por las calles o pernoctando en campamentos a la intemperie porque el Gobierno no ha desplegado toda su capacidad de acogida, “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”. De tal calado que obligó a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, un mes después del cruce masivo.

Para el titular de Interior, la información de la que dispone la Policía Nacional es “de gran interés” para su departamento y para que el Gobierno ejerza “con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”. Ayer, tras hacerse público el informe policial en el que se recogían indicios que apuntan a la connivencia de Rabat en la avalancha humana, Interior aseguró que no tenía constancia de estas evidencias, que situarían a gendarmes marroquíes “guiando activamente” a los migrantes en las inmediaciones del paso fronterizo.

Por eso, concluye Grande-Marlaska, en situaciones de extrema gravedad como la que se está viviendo en Ceuta, debe ser compatible, “sin que se resienta la independencia judicial”, que la policía judicial “informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional”.