Jubilación anticipada pendiente

El nuevo mecanismo para conceder la jubilación anticipada a los trabajadores de las profesiones más penosas no ha llegado a estrenarse. Casi un año y medio después de que la medida se aprobara, y se anunciara, en el Consejo de Ministros, el resultado es un monumental atasco en el Ministerio de Seguridad Social. El departamento que dirige Elma Saiz tiene en el aire varios expedientes que afectan a hasta dos millones de profesionales y sus empresas.

Fue en mayo de 2025 cuando un real decreto reguló la posibilidad de extender la jubilación anticipada, sin perder ni un euro de la prestación, a un número ilimitado de actividades. El requisito es que estas tengan una alta incidencia de mortalidad o de bajas. Y el proceso, necesario para igualar esas profesiones con otras donde se viene aplicando desde hace mucho esa posibilidad, se diseñó con numerosas garantías. Involucra a sindicatos y patronales (aunque el consenso de los agentes sociales no es imprescindible, como se ha visto en la mayoría de los expedientes presentados). Y exige numerosos informes que acrediten los efectos que tiene una determinada labor sobre las personas que la realizan.

Pero ni siquiera en los casos más evidentes, como los del transporte por carretera —alta afectación de accidentes en carretera, todos los informes favorables y consenso entre patronal y sindicatos—, ha emitido la Seguridad Social el veredicto definitivo (que es necesario tras escuchar las recomendaciones de un comité de expertos).

Cuesta encontrar explicaciones a este retraso incluso en tiempos en los que se cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones. El mecanismo, que consiste en aplicar coeficientes por los que cada año trabajado efectivamente suma más tiempo de cotización para poder jubilarse antes sin perder pensión, fue concebido para que esto no fuera un problema ni causase un agujero en las cuentas públicas. De hecho, obliga a adelantar las cotizaciones, de manera que el trabajador, aunque empiece a cobrar antes la pensión, en el momento de solicitarla haya contribuido lo mismo que otro que hubiese llegado a la edad legal de jubilación.

Tiene, por tanto, elementos positivos. Y es de justicia reconocer a trabajadores que, con el paso de los años, acusan más fatiga y ponen con ello en riesgo su salud (y en no pocas ocasiones la de otros). Pero cualquier elogio se vuelve superfluo al hablar de una medida que, sencillamente, no se ha aplicado una sola vez. Ello dificulta hacer una evaluación real del mecanismo. Y sienta un mal precedente de cara al futuro.