Jueza federal bloquea orden ejecutiva de Trump que restringía el voto por correo

A poco más de dos meses para las elecciones de mitad de mandato, la justicia volvió a bloquear anoche la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para restringir y controlar a nivel federal el voto por correo. La jueza federal Indira Talwani, de Boston, señaló que la Constitución concede a los estados y, en algunos casos, al Congreso, la facultad de establecer las normas electorales, y no al presidente ni al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

La magistrada emitió una nueva sentencia después de que el Tribunal Supremo suspendiera el lunes su primer fallo, pronunciándose sobre la forma y no sobre el fondo de la denuncia. El alto tribunal alegó que los denunciantes habían impugnado la orden de Trump de forma prematura, antes de que la Casa Blanca hubiera presentado su plan para aplicarla. Ante esa decisión del alto tribunal, una coalición de estados demócratas y grupos de defensa del derecho al voto volvieron a presentar una segunda demanda para adaptarse a su fallo.

La orden ejecutiva, firmada en marzo, busca transformar la manera en la que se administra el voto por correo en las elecciones federales, invadiendo competencias que la Constitución reserva a los estados. Según su texto, el Departamento de Seguridad Nacional debe elaborar, con la colaboración estatal, listas de ciudadanos considerados elegibles para votar en elecciones federales. La orden establece que el USPS debe entregar papeletas únicamente a los votantes que figuren en las listas aprobadas. De este modo, si un estado no proporciona al Servicio Postal la lista correspondiente, o una persona no aparece en ella, la papeleta podría no ser entregada.

El plan de Trump forma parte de su esfuerzo por desacreditar el voto por correo, al que ya culpó en parte por su derrota no admitida en las presidenciales del 2020, y sembrar así dudas sobre el proceso electoral, previendo una posible derrota de los republicanos en una o las dos cámaras del Congreso en noviembre. En paralelo, el presidente también está impulsando la llamada ley SAVE America, con la que, entre otras medidas, obligaría a presentar pruebas más estrictas de ciudadanía a quien se registre para votar, incluido el pasaporte, del que solo dispone la mitad de la población.

Casi un tercio de los estadounidenses vota por correo, por lo que un cambio de este calado podría generar importantes problemas logísticos al Servicio Postal. Tan solo queda una semana para que comiencen a enviarse las primeras papeletas a la ciudadanía, un argumento que han usado los demandantes y con el que ha concordado la jueza Talwani.

“Los estados demandantes no tienen ni el tiempo ni los fondos necesarios para diseñar nuevas papeletas por correo, solicitar la aprobación de los nuevos diseños, encargar la producción de las papeletas, actualizar sus propios sistemas de gestión electoral, formar a los funcionarios electorales para utilizar el portal del USPS y cargar los datos de los ciudadanos en el portal, todo ello antes de las elecciones de mitad de mandato”, escribió la jueza en su fallo.

La Casa Blanca ha emitido esta semana finalmente una norma formal que establece las condiciones bajo las cuales el USPS debe entregar las papeletas por correo a los estados. En base a esa norma, los estados han podido volver a impugnar la orden ejecutiva, pues su denuncia ya no es prematura, como dictó el lunes el Supremo.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de la veintena de fiscales generales estatales que presentaron la denuncia, ha argumentado en un comunicado que la orden ejecutiva de Trump “es un claro intento del Gobierno federal de interferir en unas elecciones que no tiene autoridad para controlar”. James, perseguida judicialmente por el Departamento de Justicia liderado por el abogado personal de Trump, ha celebrado el fallo de Talwani. “Hoy, un tribunal federal la ha detenido antes de que esta administración pudiera causar estragos en nuestras elecciones”.