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El conflicto surge tras el desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una crisis social y política en torno a la vivienda en España. Junts había mostrado inicialmente optimismo sobre llegar a un acuerdo con el Gobierno, proponiendo suspender desahucios de fondos buitre, prohibir nuevas adquisiciones por estos fondos y aplicar deducciones fiscales del 15% en el IRPF para vivienda habitual, con un límite de 11.630 euros anuales.
Junts tumbará los dos decretos de vivienda si Pedro Sánchez no los retira antes y evita la votación prevista para este viernes en el Congreso. Así lo ha decidido la formación dirigida por Carles Puigdemont en una reunión extraordinaria de su ejecutiva que ha tenido lugar esta misma noche.
El partido independentista ha instado al presidente del Gobierno a retirar los decretos actuales y aprobar otra normativa en un nuevo Consejo de Ministros que pueda ser convalidada la semana próxima en las Cortes, si aspira a obtener su voto afirmativo y conseguir regular el mercado de la vivienda tras la crisis social y política desatada a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal. Una propuesta que es rechazada por el Ejecutivo. No van a retirar ninguno de los dos textos. Órdago sobre la mesa. De presión a presión.
"Se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía", explican fuentes del Gobierno. El portazo de Junts es más que un jarro de agua fría para el Gobierno, como demuestra el hecho de que después de que estos días los ministros tuvieran cuidado de no mencionar expresamente a Junts y lanzar mensajes velados a través de la crítica a los que se oponían, ahora ya no se esconde el malestar que hay.
La herida duele, y se integra a Junts en el paquete de la derecha: "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites". El desafío está sobre la mesa. Como contraposición, alaban la "responsabilidad y el compromiso" de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC por haber anunciado que apoyarían al menos el documento más extenso y que contenía la práctica totalidad de las medidas.
Desde Junts aducen que los decretos actuales "provocarán el efecto contrario que pretenden" al "reducir la oferta de viviendas de alquiler, incrementar los precios y dificultar aún más el acceso a la vivienda de personas con menos capacidad económica".
Además, recriminan que el redactado actual "no frena a los fondos buitre", que "podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables", que "no se resuelve adecuadamente la protección de inquilinos vulnerables porque no se garantiza el pago por parte de la Administración" y que "determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias", al abrir la puerta a que los inquilinos puedan comprar la vivienda antes de que pase a manos de los herederos.
Junts arrancó la semana siendo optimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de vivienda con el Gobierno. Dos eran los pilares de su propuesta: suspender los desahucios de viviendas propiedad de fondos buitre y prohibir a estos fondos adquirir nuevos inmuebles, y desgravar el alquiler y la compra en el IRPF, con una deducción del 15% para la vivienda habitual y por un valor máximo de 11.630 euros anuales. Ninguna de esas dos medidas acabó siendo incluida en los decretos del Gobierno en los términos requeridos por los neoconvergentes: el Ejecutivo sólo establece un veto temporal hasta el 31 de diciembre de 2028 para la adquisición de viviendas por parte de los fondos buitre e incluye bonificaciones fiscales con requisitos "demasiado exigentes" para resultar efectivos, a ojos de Junts.
Fuentes de la formación que representa en el Congreso Míriam Nogueras ya señalaban a este diario a horas de tomar la decisión de oponerse a los decretos de Sánchez que no les importaría "quemarse para defender a las familias y propietarios catalanes", y señalaban sin tapujos que el Gobierno "miente" al defender públicamente que sus recetas acabarán con la crisis de la vivienda en España. La formación independentista estaba siendo presionada por el empresariado catalán, al que Nogueras ya intentó tranquilizar en la noche del jueves al asegurar a los representantes de la pequeña y mediana empresa que no su partido no estaba por la labor de ceder a la presión de las calles.
AI outlook — possibilities, not facts
Junts votará en contra de los decretos de vivienda en el Congreso este viernes si Sánchez no los retira previamente
Very likely · Within days
El Gobierno buscará apoyo de otros partidos como ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC para aprobar los decretos sin el voto de Junts
Likely · Within days

The PP will vote against the two housing decrees approved this week by the Council of Ministers, calling them 'botched' that generate legal uncertainty. The party proposes to build three million homes by 2040, including affordable social housing, and warns of a possible increase in lawsuits, squatting and a reduction in rental supply due to the contradiction between the decrees.

King Felipe and Queen Letizia will visit Ceuta and Melilla on October 13 and 14, marking the first visit by a Spanish head of state in 20 years to the autonomous cities. The trip occurs after years of tension between the Royal Family and the Government due to the Executive's refusal to authorize the visit, despite the wish expressed by Felipe VI since his proclamation in 2014. The visit is framed in a context of concern for security after the attempted mass entry of migrants through Tarajal in July, and seeks to reinforce the symbol of national unity. President Pedro Sánchez will not accompany the Kings, according to Moncloa sources, due to his habit of not attending the King's national trips, although there is speculation about a personal decision to avoid public scrutiny.

Junts has decided to vote against the Government's housing decrees, arguing that they will reduce the rental supply and increase prices, which leaves the Executive without the majority necessary for its approval. The Government maintains that it will not withdraw the texts and accuses Junts of trying to offload responsibilities, while pointing out that it has already done its part after months of negotiations.

The Board of the Education Commission, dominated by PSOE and Sumar, admitted for processing an amendment that extends nationality to descendants of Spaniards who emigrated between 1936 and 1955 for any reason, contradicting legal reports and rulings of the Constitutional Court that consider such intrusive amendments inadmissible since 2011.

Guilherme, a 36-year-old waiter from São Paulo who voted for Lula in 2022, now harshly criticizes him and praises Javier Milei for the lower cost of a motorcycle in Argentina. He expresses his disenchantment with Lula's government, mentions his support for Renán Santos as an alternative and reflects a general climate of skepticism and electoral disinterest among citizens who vote more against than for, in the midst of economic and security crises.

The extraordinary plenary session of Congress seeks to validate two decree laws on housing after the eviction of Maricarmen Abascal, an 87-year-old woman, which has generated social outrage. A 40dB survey. shows that access to housing is the second concern of Spaniards, only behind inflation. The eviction has catalyzed a consensus between parties that was previously impossible, but the rejection of Junts could wreck the initiative and return the situation to the starting point.